Hámer Salazar: Taxonomía en el Estado costarricense (I parte)

Hámer Salazar, Biólogo. info@hamersalazar.com

El buen funcionamiento de cualquier organización, incluyendo el Estado es, de manera simple, la triangulación de tres aspectos: productos, procesos y personas. En relación con el Estado costarricense, si el producto que esperamos es la eficiencia en la administración pública, entonces se deben definir los procesos y ubicar las personas (en este caso las instituciones) con la idoneidad para que cumplan con esos procesos. Cada una de las instituciones del Estado debe formar parte del organigrama, de tal manera que, por una lado, no duplique las funciones de otras instituciones y, por otro lado, que permita cumplir con el objetivo para el cual fue creada. Es decir, si tenemos personas (instituciones) que no tienen la idoneidad para ejecutar los procesos, entonces el objetivo final no se cumple. Si hay instituciones que hacen subprocesos en áreas de proceso que no les corresponde, entonces el resultado final, no será el esperado. Así mismo, si por la coyuntura histórica se crean instituciones para cumplir con objetivos específicos  y, con el paso del tiempo, estas pierden vigencia, pues entonces también deberían desaparecer.

Si lo trasladamos al campo de la ecología, cada especie, en este caso cada institución, ocupa un nicho ecológico dentro del ecosistema. Es decir, cumple una función específica. De acuerdo con el llamado principio de exclusión de Gause, dos especies que ocupan el mismo nicho ecológico no pueden coexistir, pues compiten por los mismos recursos, y una de las dos termina por desaparecer. Esto es lo que debería ocurrir con instituciones diferentes que propenden los mismos objetivos, y que compiten por los mismos y escuálidos recursos del erario.

El Estado costarricense está conformado por decenas, y podríamos decir, centenas de instituciones que se encuentran, tanto de manera dispersa como de forma paralela, tratando de cumplir con un mismo objetivo. Así, por ejemplo, se dice que hay 23 instituciones que se encargan de atender los aspectos de pobreza.  Sin embargo, pareciera que el objetivo que cumplen es el de dar empleo, con lo cual el aparato estatal ha crecido, se ha incrementado la burocracia, y la pobreza sigue sin atenderse de manera eficiente.

En este sentido, la idea de esta serie de artículos es proponer cambios en el aparato estatal, en instituciones como el MINAE y el MAG, de tal manera que pueda ser más eficiente.

La idea es tan sencilla como identificar el objetivo de cada institución y ubicarla donde corresponde. Así por ejemplo, está claro que la organización del Estado comienza con los tres poderes de la República y un anexo: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con el anexo del Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano garante e independiente de los procesos de elección popular. Todas las instituciones públicas deberían estar adscritas a alguno de los tres poderes.

Está claro, que de los tres, es el Poder Ejecutivo, es el que tiene el mayor número de instituciones, pues es este el que debe ejecutar las tareas que se le asignan desde la Asamblea Legislativa y ejecutar las acciones que se derivan del Poder Judicial.

Es potestad del Ejecutivo la creación, eliminación y organización de las instituciones que permitan cumplir con su gestión, al amparo de la legislación correspondiente, y los gobiernos de los últimos años ha visto la estructura del aparataje institucional como inamovible, cuando en realidad, muchas de las decisiones se pueden ejecutar a través de decretos ejecutivos.

Dado que el propósito de la presente serie de artículos, es sugerir, muy respetuosamente, la organización del Poder Ejecutivo, se presenta aquí, a manera de ejemplo, la organización del Ministerio del Ambiente y Energía, que es uno de los Ministerios más estratégicos para el desarrollo nacional.

La propuesta implica un ejercicio básico, que es de clasificación, de taxonomía, como le llamamos en biología, de las instituciones para reubicarlas en el Ministerio que le corresponde. Se espera que de aplicarse, esta propuesta redunde en una mayor eficiencia del Estado. Sin embargo, es fundamental la aplicación de instrumentos para evaluar el desempeño, tanto de cada una de las instituciones, como de cada uno de sus funcionarios.

Sobre el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).

Dentro de la historia de las instituciones de Costa Rica, lo que hoy se conoce como el Ministerio del Ambiente y Energía, desde que nació, no ha tenido una identidad definida. A mediados del siglo XX se creó la Dirección de Geología, Minas y Petróleo como dependencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y, hasta 1980, surgió el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual, dos años más tarde, por reestructuración del Poder Ejecutivo, se denominó Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM). Hasta ese momento, había sido un Ministerio que tenía bajo su control los sectores industrial, energético y de minas. En 1988, vía norma presupuestaria el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), cuando se le suman la Dirección de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, la Dirección de Parques Nacionales, el Instituto Meteorológico Nacional, que estuvieron por décadas adscritos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con la adhesión de estas nuevas funciones, el área de industrias se trasladó al Ministerio de Economía y Comercio, sin embargo, quedaron en el MINAE actividades industriales y productivas muy importantes, como se verá más adelante.

Desde este momento, el Ministerio se fue convirtiendo en una especie de ciempiés, que se zancadillaba en cada paso y, con el transcurrir del tiempo, hoy no sabemos si es un ministerio de conservación (o mejor dicho de protección de los recursos naturales) o un ministerio de producción de servicios escenciales, con base en los recursos naturales. Lo que sí es cierto, es que la vocación de la mayoría de los ministros de esta cartera ha sido la conservación y no la producción. Y eso no está mal, lo que está mal es que no se puedan poner a producir ciertos sectores, porque se impone la tesis proteccionista sobre la conservacionista, es decir, la que permita el uso de los recursos naturales de manera sostenible. La protección tiende a no intervenir los recursos naturales, mientras que la conservación propende el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible.

Más tarde, con el correspondiente aval de MIDEPLAN y del Tribunal del Servicio Civil, el ministerio sufre otra reestructuración en 1995, ya que mediante la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, se le asignan nuevas competencias en materia ambiental denominándose en adelante, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Aparecen así el Consejo Nacional Ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Contralor Ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo, y los Consejos Regionales Ambientales, con lo cual se fortalece el músculo proteccionista del Ministerio.

La reestructuración continúa cuando en junio de 2010, el MINAE pasa a ser el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), cuya creación se concretó con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Dos años después, en junio del 2012, el sector telecomunicaciones se reubicó y se traspasó al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), estableciéndose posteriormente el Viceministerio de Ambiente, el Viceministerio de Energía, además de un nuevo Viceministerio de Aguas y Mares como respuesta al rezago que se ha tenido con esta parte del territorio nacional que es inmensa, en proporción al tamaño de la superficie de tierra firme.

Finalmente, a partir del 1 de febrero del 2013, este ente, organizativamente complejo, conformado por distintos órganos desconcentrados y otros adscritos, pasa nuevamente a llamarse Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

En síntesis, el proceso de desarrollo ministerial antes reseñado, ha respondido a diferentes coyunturas históricas, especialmente de carácter político-administrativo y económico-social, y no a criterios técnicos, científicos, de eficiencia e, incluso, de sentido común. A este Ministerio ha llegado toda clase de iniciativas políticas, muchas de ellas contradictorias.

La doble “personalidad” del MINAE, hace que se convierta en juez y parte del desarrollo nacional, “disparándose constantemente a los pies”, pues por un lado tiene bajo su dominio casi todos los recursos naturales, con excepción de los agropecuarios y de telecomunicaciones, entre otros, pero su vocación debería ser fundamentalmente de conservación, por lo que los procesos productivos y el desarrollo del país se han visto muy limitados.

Una visión compartida con políticas estatales claras, pero con rectores ministeriales diferentes, pueden darle el empuje económico que este país requiere, propiciando el uso sostenible de la riqueza natural con la que contamos.

En la próxima edición ahondaremos en los cambios que podrían hacerse en las instituciones que conforman el MINAE, no para desaparecerlas sino para reubicarlas en los ministerios adecuados, de acuerdo con la finalidad que persigue cada una de ellas.