Héctor Blanco González: A propósito de la restricción a la libertad de expresión por medios indirectos

“La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia…” CIDH

Héctor Blanco González, Abogado.

La idea no es llenarse el pecho para decir que lo que recién resolvió la Sala Constitucional sobre el tema del Parque Viva ya lo habíamos adelantado (mi publicación en julio anterior en Facebook). Menos aún interesa defender a La Nación, ellos sabrán hacerlo y tienen con qué, sus ganancias o pérdidas económicas no me afectan en modo alguno; además, las diferencias ideológicas son muchas.

Lo que interesa resaltar es el tema de las libertades fundamentales y la democracia. Siempre existirá tensión entre autoridad y libertad -siendo mayor en el tanto el gobernante tienda a la imposición de sus criterios por sobre el derecho-, y ello me hace recordar con aprecio a mi profesor de derecho público Paul Woodbridge, quien siempre insistió mucho sobre este aspecto esencial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que la libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática (La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr.112; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr.82; y, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr.85).

Si bien habrá que esperar la redacción del fallo en el caso que nos ocupa para conocer su argumentación, lo cierto es que ya tenemos el Por Tanto y en este se da un espaldarazo a la libertad de expresión: vale recordar que en esta materia se aplican los principios pro libertatis y pro hominen conforme a los cuales los derechos fundamentales se deben interpretar en favor de la libertad, debiendo verse con sumo cuidado los aspectos que los limitan o restringen, y en protección del ser humano.

En razón de que se afirma, a veces por desconocimiento y en otras por mala fe, que la Sala Constitucional se inventó lo de la amenaza o restricción indirecta a la libertad de expresión, conviene recordar que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos expresa en su artículo 13.3:

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

También conviene recordar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, en la que afirmó la necesidad del Estado de Derecho que asegure las libertades fundamentales, que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la libertad de expresión, que ese derecho ha sido reconocido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, reconoce que la libertad de prensa es esencial para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y para el funcionamiento democrático, con base en lo cual adoptó aquella Declaración.

Entre esos Principios en el artículo 5 se dice: “5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Y, en el numeral 9, como parte de esos principios se expresa que la intimidación y amenaza, además de actos más graves, a los comunicadores, la destrucción material de los medios de comunicación, “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.”

En el 11 se recuerda que “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad…”; importante a tener en cuenta en momentos en que muchos funcionarios se molestan cuando se les consulta por información de interés público.

Asimismo, en el Principio 13 se expresa que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

La CIDH interpretó que la enumeración “de medios restrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide considerar “cualesquiera otros medios” o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías. Además, el artículo 13.3 de la Convención impone al Estado obligaciones de garantía, aún en el ámbito de las relaciones entre particulares, pues no sólo abarca restricciones gubernamentales indirectas, sino también “controles… particulares” que produzcan el mismo resultado. Para que se configure una violación al artículo 13.3 de la Convención es necesario que la vía o el medio restrinjan efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” (Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194 y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr.367.)

Asimismo, la CIDH ha considerado –desde luego previa valoración del contexto en que ocurren los hechos- como medios indirectos de control o restricción de la libertad de expresión: la eliminación de la nacionalidad de director/copropietario de un medio de comunicación y el impedimento de ingreso a este de los periodistas como reacción a publicaciones hechas (Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74); la suspensión de la autorización que tenía una persona para publicar en un diario y dar por terminado anticipadamente su contrato (Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135); el establecimiento de restricciones o limitaciones arbitrarias en la concesión o renovación del espectro radiofónico con el fin de dejar fuera la participación en los procedimientos a un medio que era contrario al gobierno (Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293).

Por otra parte, la Sala Constitucional también había desarrollado el punto de la censura indirecta contra la libertad de expresión en el fallo número 15220-2016 de 18 de octubre de ese año, al declarar con lugar un recurso de amparo en razón de que una institución bancaria trató de afectar un medio de comunicación reduciendo la pauta publicitaria después de que aquel publicara asuntos que no favorecían a aquella.

Importante recordar todos estos aspectos particularmente en un momento en que las tentaciones podrían llevar a quienes ostentan la “autoridad pública” a cometer excesos en contra de las libertades y derechos fundamentales, particularmente la de expresión, en menosprecio de la tolerancia y el respecto de la convivencia democrática.

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