Héctor Blanco González: Inicia la campaña electoral

Por ello es que se señala como la barrera que limitará la dispersión parlamentaria, pues los partidos denominados de garaje, cometas, de vapor, de mesa, etc., tendrán muy difícil sobrepasar esa barrera.

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Héctor Blanco González, Abogado.

El pasado 6 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), conforme a sus potestades constitucionales y legales, hizo la convocatoria a elecciones para Presidente, Vicepresidentes y diputados a realizarse el 6 de febrero del próximo año. De esa manera, todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral quedamos llamados a ejercer nuestro derecho al sufragio el día mencionado haciendo efectivo el derecho democrático de elegir a las máximas autoridades públicas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

A partir de ese acto jurídico, de inicio de la campaña electoral, surgen a la vida una serie de consecuencias legales y fácticas, con el objetivo de garantizar un proceso electoral democrático y transparente entre los partidos debidamente inscritos en el Registro de Partidos del Registro Civil (lo que puede solicitarse en cualquier momento salvo dentro de los 8 meses previos a una elección; en los seis meses anteriores a estas tampoco puede ordenarse la inscripción de un partido), que finalmente decidan participar en dicho proceso mediante la inscripción de candidatos.

Entre esos eventos electorales, sin pretensión alguna de exhaustividad, se pueden citar:

  1. la Fuerza Pública se somete a la autoridad electoral, lo que se simboliza en la entrega de los estandartes de la policía por parte del Poder Ejecutivo al TSE en la sesión solemne de convocatoria a elecciones (102 Constitución Política –CP-);
  2. Inicia el plazo para la inscripción de candidaturas que vence el 22 de octubre (3 meses y 15 días naturales antes del día de la elección, 148 del Código Electoral –CE-);
  3. Los partidos nacionales o provinciales deben designar como candidatos a diputados un número igual a la cantidad a elegir en la provincia, más un 25%, o al menos dos candidatos adicionales. A ese efecto en la convocatoria el TSE, como lo hizo, debe fijar el número de diputados a elegirse por cada provincia (151 CE): 19 diputados por San José, 11 por Alajuela, 7 por Cartago, 6 por Heredia, 4 por Guanacaste, 5 por Puntarenas y 5 por Limón (de acuerdo con el último Censo Nacional realizado en el 2011); y, la cantidad de aspirantes adicionales.
  4. A partir de la convocatoria y hasta el día de la elección la obligación de los tesoreros de los partidos de informar trimestralmente al TSE sobre las contribuciones, donaciones o aportes recibidos, pasa a ser mensual; asimismo, en este período deberán informar si las mismas no se dan (132 CE).
  5. Si bien los partidos inscritos pueden registrar y mantener locales o clubes, durante los dos meses previos a las elecciones solo podrán solicitar su apertura aquellos que tengan candidaturas inscritas en el proceso (141 CE).
  6. A partir de esta fechas las manifestaciones, desfiles u otras actividades en vías públicas, plazas o parques u otros sitios públicos, además del permiso de la autoridad correspondiente, requerirán, “también”, la del TSE (137 CE).
  7. Las instituciones del Poder Ejecutivo, la administración descentralizada y las empresas del Estado, alcaldías y concejos municipales tienen prohibida, desde el día siguiente de la convocatoria y hasta el mismo día de las elecciones, la publicidad de la obra pública realizada; se exceptúan las de carácter técnico o científico indispensables e impostergables, relacionadas con servicios públicos esenciales. Su infracción hará incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política (142 CE).
  8. En los 15 días posteriores a la convocatoria los “institutos”, las universidades, cualquier ente público o privado y las empresas dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral, deberán inscribirse en el TSE (138 CE).
  9. Garantía por parte del TSE de acceso efectivo de todos los partidos participantes en el proceso electoral a los debates que organice (12.q CE).
  10. Los gastos en que incurra el partido por su participación en el proceso electoral desde la convocatoria y hasta 45 días después de la elección (los que se ampliarán para los que participen en segunda ronda, de haberla, en otros 45 días después de ésta), podrán ser justificados para la contribución estatal (92 CE).
  11. Desde ese momento y hasta tres días previos al de las elecciones, incluyéndolo, con las limitaciones previstas en la ley, los partidos podrán difundir toda clase de propaganda política y electoral en medios de comunicación colectiva (136 CE).

Cada una de estas regulaciones electorales, anotadas aquí como consecuencias del inicio del período electoral, constituyen un tema por sí mismo que, desde luego, obligaría a (o permitiría) un gran desarrollo; por ello solo se hará un comentario adicional de dos de ellas.

La primera, el sometimiento de la Fuerza Pública al TSE, la autoridad electoral, manifestado simbólicamente en la entrega de los citados estandartes, por parte señor Presidente de la República al del indicado Tribunal, lo que nos dice mucho de la disposición del poder político-gobierno de someterse a lo ordenado sabiamente por la Constitución Política (102.6), traspasando el mando de esa fuerzas de policía  a la autoridad electoral a fin de que el proceso electivo se desarrolle “en condiciones de garantías y libertad irrestrictas”.

Pese a que se habla de la fuerza pública, debe entenderse que esta está constituida por varios cuerpos policiales (entre otros: Guardia Civil, Policía de Control de Drogas no Autorizadas y de Actividades Conexas, Policía de Fronteras, Policía de Migración y Extranjería, Policía del Control Fiscal, Dirección de Seguridad del Estado, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria, etc., según lo regula la Ley General de Policía) que quedan sometidos, desde ese momento, a las instrucciones que en la materia le dicte el TSE o sus delegados, debiendo acompañar y apoyar la labor de ese órgano.

El punto debemos concluirlo como un buen aprendizaje de la experiencia vivida por el país en los años previos a la emisión de la constitución política del cuarenta y nueve y, como un complemento de aseguramiento de que ninguna fuerza externa a la manifestación de los votos como poder ciudadano, influirán, y menos aún determinarán, los resultados electorales.

El segundo aspecto que quiero resaltar es el tema de la elección de diputados la que, sin discusión alguna, quedará dirimida el 6 de febrero de 2022. Los diputados se eligen por provincia (106 CP) por el sistema de cociente –resultado de dividir el total de votos válidos emitidos para determinada elección, por el número de plazas a llenar- y subcociente -votos válidos emitidos a favor de un partido que, sin alcanzar la cifra cociente, alcanza o supera el cincuenta por ciento de ésta, es decir, la mitad del cociente (201, 203 y 204 CE).

La distribución de los puestos se inicia entre los partidos, siguiendo el orden de colocación en la papeleta, otorgándoles tantos como cocientes hayan conseguido, empezando por el que haya logrado mayor votación. Si hecho lo anterior aún quedaren plazas que asignar, estas se distribuirán “a favor de los partidos en el orden decreciente de la cifra residual de su votación, pero incluyendo, también, a aquellos partidos que apenas alcanzaron subcociente, como si su votación total fuera cifra residual”; si después de ello quedare alguna plaza que conceder, o si ninguno tuviere cociente, se repetirá este último procedimiento (205 CE). Nótese que el sistema deja fuera de la distribución a los partidos que no alcanzaron subcociente, por lo que este constituye la barrera para ingresar a la distribución y a la posibilidad de obtener una curul; y, a su vez, favorece a los que obtuvieron mayor votación para la elección legislativa.

Si bien existen otras formas o métodos de distribución de puestos electorales o escaños (¿cómo convertir votos en escaños?), para lo que se consideran distintas variables (circunscripción electoral, candidaturas individuales o por listas, etc.), el que sigue nuestro país (conocido como cuota de Hare modificada) evita una mayor dispersión y fragmentación del parlamento, al tiempo que garantiza la proporcionalidad en la representación (La Nación, 19-10-21, pp. 8-9).

Por lo dicho, pese a que en este momento no se conoce la totalidad de partidos aspirantes a tener representación en la Asamblea Legislativa, para lo que habrá que esperar a que se venza el período de inscripción de candidaturas, por lo que hasta hoy sabemos son alrededor de 27 partidos con candidatos presidenciales, varios de ellos con la doble postulación, lo que permite vislumbrar una lucha muy cerrada en cada provincia por la obtención de una plaza legislativa. La mayoría de esos partidos realmente tienen la mira puesta en el Parlamento y su participación por la presidencia del país solo es una fórmula para obtener mayor atención de los medios de prensa y de los electores.

Conviene recordar que en el caso de la Provincia de San José, en las elecciones del 4 de febrero de 2018, en que se eligieron 19 escaños, con un total de votos válidos (sin blancos ni nulos) de 750.910, el cociente fue de 39.521,579, y el subcociente de 19.760,789 (este en Alajuela fue de 19.117,318, Cartago 19.492,429, Heredia 19.590,333, Guanacaste 17.382,875, Puntarenas 16.797,100 y Limón 15.105,300; fuente TSE). Los partidos que no obtuvieron esta última cantidad de votos válidos no entraron a la distribución de puestos en la correspondiente provincia; por ejemplo, en esa ocasión en la Provincia de San José, el PAC obtuvo 3 escaños por cociente y 1 por residuo mayor con 12.481,263; el PIN  1 por cociente y otro por residuo mayor con 12.282,421; en tanto que Accesibilidad sin Exclusión pese a haber obtenido 14.511 votos válidos, el Movimiento Libertario con 16.813 y Nueva Generación 16.813, al no sobrepasar la barrera del subcociente, no ganaron ningún diputado.

El dato del subcociente requerido en cada provincia (puerta de entrada a la distribución de puestos legislativos) en las últimas elecciones nacionales, aunque no sea igual para las próximas, sí constituye un número mágico de referencia a tener en cuenta por todos los partidos políticos participantes de la contienda por esos escaños, pues de seguro será alguno cercano y, como ya se indicó, si no lo logran quedarían irremediablemente fuera del acceso a ese Poder y, de alcanzarlo, aunque no es garantía de un lugar en el parlamento, sí lo es de la posibilidad de obtenerlo. Por ello es que se señala como la barrera que limitará la dispersión parlamentaria, pues los partidos denominados de garaje, cometas, de vapor, de mesa, etc., tendrán muy difícil sobrepasar esa barrera.

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