Héctor Blanco González, Abogado.

Los costarricenses vemos hoy con absoluta normalidad que el Tribunal Supremo de Elecciones realice, entre otras, labores de administración electoral, comprensivas de la organización, dirección y control de los procesos electorales. La gran mayoría desconocemos cómo se llegó a tener dentro de nuestra arquitectura constitucional éste órgano de tanta relevancia y respeto, nacional e internacional, para el funcionamiento de nuestra democracia, razón por la que me parece importante recordar algunos hechos relevantes en ese proceso de construcción institucional.

Después de nuestra independencia en 1821, la función esencial de conteo definitivo de los votos emitidos en los distintos procesos electorales (con ello la declaración del ganador), correspondió al Congreso (Constituciones de 1824 –del Ejecutivo-, 1825, 1844 –cámara de representantes-, 1847, 1859, 1869 y 1871; pueden consultarse en Sinalevi). A manera de ejemplo de la injerencia del Poder Ejecutivo en los procesos eleccionarios, en la Constitución de 1847 se señalaba que los colegios electorales, órganos de segundo grado en que se elegía Presidente y vicepresidente y diputados, eran presididos por el Jefe Político o el Alcalde 2°.

Ese control, ejercido por el Poder Ejecutivo, se reiteró en la Ley Electoral de 1893 no solo mediante el nombramiento de las juntas electorales sino también en la elaboración del listado de votantes, el establecimiento de nuevos distritos electorales de poca población y el poder de suspender las garantías individuales (Mora, C. La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en 1949. Revista derecho electoral, n.° 9, primer semestre 2010). El mayor abuso de esta legislación se da, según los estudiosos, entre 1890 a 1902, lo que resulta paradójico pues José Joaquín Rodríguez (Partido Constitucional) había llegado a la Presidencia en 1889 en un proceso electoral en que el pueblo exigió en las calles el respeto de la voluntad popular expresada el 7 de octubre de ese año, ante lo que el gobierno, que apoyaba a Ascensión Esquivel, tuvo que ceder (De la Cruz, V. El largo camino hacia las libertades electorales, Revista derecho electoral, n.° 13, enero-junio 2012).

En 1908, bajo el impulso de los liberales, primero con González Víquez, se reformó la ley electoral de 1893 para quitar potestades al Poder Ejecutivo sobre el proceso electoral como lo era la creación de distritos electorales con menos de mil habitantes o realizar elecciones de primer grado con las garantías individuales suspendidas; también otorgó inmunidad a los electores de segundo grado si al momento de las elecciones estuvieren suspendidas aquellas garantías. Igualmente, introdujo reformas relativas a causas de nulidad, sanciones penales por delitos electorales y otros aspectos de los procesos electorales. Luego, con Jiménez Oreamuno, en 1913 y 1925, se dieron nuevas reformas en esa misma dirección: voto directo, no reelección del Presidente en el período inmediato siguiente, ganándose el puesto por mayoría absoluta (variado en 1936 a 40%) de votos. En la de ese segundo año se incluyó el voto secreto, participación de los partidos en las juntas electorales, registro para el derecho de sufragio y se creó un Consejo Nacional para el manejo del “servicio electoral”, cuya integración era potestad del Presidente de la República, quien también mantuvo la competencia para nombrar las Juntas Electorales, éstas a las cantonales, las que a su vez designaban las distritales (Mora, C). Esa reforma se complementó con la de 1927 que incluyó aspectos sobre las papeletas de votación, el registro de votantes y la cédula de sufragante.

El problema fue que no se eliminó, ni en esas reformas ni en las de 1936 y 1939, la intromisión del Poder Ejecutivo en los procesos electorales a través de la integración de las juntas electorales y, del Congreso, en la declaración de resultados. Consecuentemente, las elecciones de los años siguientes van a estar caracterizadas por la injerencia de esos Poderes en la elección de los altos cargos gubernativos; deficiencia con la que arribamos a la muy convulsa, aunque productiva para el Estado Social, década de los años cuarenta.

Con el Código Electoral de 1946, ley n.° 500 del 18 de enero de ese año, se da un cambio al contenido de la normativa electoral: obliga a la inscripción en el Padrón Nacional Electoral (incluso la podía pedir un tercero) y a emitir el voto en las elecciones a que se convoquen; el voto es personal y de emisión directa, universal, igualitaria y secreta; son electores los costarricenses varones (variado en la Constitución del 49); y, establece requisitos para ser electo. Además, y de la mayor importancia para los efectos que se vienen comentando, se crean como organismos electorales el Tribunal Nacional Electoral, el Registro Electoral y las Juntas Electorales (artículo 8).

El Tribunal Nacional Electoral fue sustraído de la órbita del Presidente de la República, al integrarse con un representante de cada uno de los Poderes del Estado, que escogían un propietario y un suplente (por simple mayoría, numeral 11). Los nombramientos de los otros Poderes los debía respetar el Poder Ejecutivo, y escogido el suyo, debía declarar integrado el Tribunal mediante decreto.

Este Código fue reformado a finales de 1946 (pocos meses después de su aprobación), sobre el Registro Electoral y la cédula de identidad, no obstante, se mantuvo la potestad de convocatoria a elecciones en el Congreso (artículo 144), así como las de: “aprobar la calificación y escrutinio de votos emitidos para elegir Presidente de la República, Diputados al Congreso y Representantes a una Constituyente”, conocer de demandas de nulidad contra la declaratoria provisional de elección (que correspondía al Tribunal) y “hacer la declaratoria definitiva de elección cuando corresponda.”, (ordinal 202).

Debe recordarse que fue precisamente en estas circunstancias y con esta normativa legal que se dieron los hechos políticos de 1948: elecciones presidenciales en las que el Tribunal por mayoría declaró ganador a Ulate Blanco, y el Congreso, que debía declarar el resultado definitivo de las elecciones, las anuló, otorgando ganador a Calderón Guardia.

En la Constitución de 1949 se eleva a rango constitucional al Tribunal Supremo de Elecciones -artículo 99 s.s.- (ya designado, de esa manera, mediante el Decreto Ley N.° 171, de la Junta Fundadora de la Segunda República, de 14 de setiembre de 1948, publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 211, del 18 de ese mismo mes y año), dándole absoluta independencia de los otros Poderes en las competencias a su cargo (con el rango de estos Poderes del Estado, según reforma de 1975 al artículo 9 constitucional), e integrado por Magistrados electos por la Corte Suprema de Justicia (artículo 100). Asimismo, en materia de derechos políticos, se salda la deuda democrática, al reconocerse el voto a la mujer (artículo 90). (Blanco, H. ¿Hacia un derecho de partidos? Revista Parlamentaria, Vol. 15 – No. 2 – Agosto 2007, pp. 251 y 252).

Dentro de las competencias otorgadas al TSE están las de convocar a elecciones, nombrar juntas electorales, interprete exclusivo y obligatorio de la normas electorales, órgano consultivo en la materia, conocer en alzada las apelaciones de resoluciones del Registro Civil y de Junta Electorales, investigar y resolver denuncias de parcialidad política de funcionarios públicos, dar instrucciones a la fuerza pública para garantizar el proceso electoral, realizar el escrutinio final de votos y la declaración definitiva de elección de Presidente y Vicepresidentes, diputados, miembros municipales y representantes a Asamblea Constituyente y organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum (según adición del 2002 por ley 8281). Además debe agregarse que el Registro Civil depende de manera exclusiva del TSE con lo que se protegió la preparación de las listas de electores.

Puede subrayarse que mediante la normativa constitucional, especialmente las funciones atribuidas al TSE, se buscó cerrar las brechas por donde ingresaron actos indebidos al proceso electoral, impidiendo que las manos de terceros se involucraran en los eventos fundamentales del proceso, al dejarlo en manos exclusivas y excluyentes de ese órgano.

El Código Electoral de 1952 (de 10-12-52) y sus reformas y el de 2009 (ley       n.° 8765 del 19-08-09 y sus reformas), vinieron a desarrollar la regulación necesaria para que el TSE pudiera cumplir sus cometidos de organizador, director y contralor de los procesos electorales, en el primero; y, en el segundo, se consolida la jurisdicción electoral ampliando su competencia, ya impulsada vía jurisprudencial por ese órgano (amparo electoral y acción de nulidad), democracia interna en los partidos, equidad de género y la formación en valores democráticos.

En el control de los procesos electorales juegan un papel preponderante las Juntas electorales: Juntas Cantonales (una por cantón) y Juntas Receptoras de Votos (ubicadas en cada distrito según las necesidades del proceso), sus miembros, designados por los partidos con candidaturas inscritas (dos meses antes de la elección caso contrario pierden ese derecho), deben cumplir los requisitos de ley, el cargo es obligatorio y honorífico y salvo excepción legal gozan de inmunidad. Estas juntas son órganos electorales (artículo 4), por lo que quienes las integran son funcionarios públicos en el ejercicio del cargo (numeral 30), están obligados a total imparcialidad y a acatar la ley electoral y las instrucciones del TSE, ello aunque hayan sido propuestos por un partido político. Las receptoras de votos, como su nombre lo indica, recibirán el voto de los electores, deberán escrutar los votos recibidos y contar los recibidos por cada partido, enviar a la Cantonal o a quienes designe el TSE, una vez levantada el acta final, la documentación electoral y el material sobrante (para la custodia podrá recurrirse al apoyo de la autoridad de policía). Debe recordarse que estas juntas inician labores el día de la elección con cualquier número de sus integrantes que se encuentres presentes, si solo uno llega este será el presidente ad hoc; e iniciarán con la revisión del material electoral comunicando cualquier situación particular al TSE o sus delegados y consignándolo en el acta de apertura.

Actualmente, los auxiliares electorales aportan tranquilidad y seguridad al proceso electoral, fungiendo como asesores de las juntas electorales y de control y fiscalización del TSE, y se complementa con el cuerpo de delegados de dicho Tribunal. (Puede consultarse el Reglamento de Auxiliares Electorales y Encargados de Centro de Votación, Decreto n.° 18-2012 y Reglamento del Cuerpo Nacional de Delegados, Decreto n.º 21-2012)

Por otra parte, los partidos políticos con candidaturas inscritas podrán fiscalizar el proceso mediante el nombramiento de fiscales ante los órganos electorales (ordinal 210), el número varía según el órgano ante el que actúen (212), ante juntas electorales un propietario y un suplente, acreditarán su representación por el documento que les otorgue el TSE, tendrán todas las facilidades para sus funciones, pero no podrán inmiscuirse en el funcionamiento del órgano (trabajo y deliberaciones). Para ello podrán hacer reclamaciones, permanecer en el recinto –uno por partido-, gozarán de inmunidad y pedir certificaciones del resultado de la votación (hasta el momento y al final en el caso de las receptoras de votos. (Puede verse el Reglamento para la Fiscalización de los Procesos Electivos y Consultivos, Decreto n.º 9-2017 y sus reformas).

Bien explica el TSE que “El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) constituyó una de las principales innovaciones institucionales de la Constitución Política de 1949.  En una coyuntura histórica en la cual el irrespeto a las urnas desembocó en un conflicto bélico, los constituyentes optaron por diseñar al máximo organismo electoral con garantías para su independencia y profesionalización. El modelo de organización electoral costarricense constituyó un hito en el derecho público latinoamericano, pues en términos prácticos el TSE adquirió la condición de cuarto Poder del Estado, equiparándose al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial.”  (En https://www.tse.go.cr/el_tse.htm).

A grandes rasgos se ha pretendido dejar establecido como el proceso de construcción institucional en materia electoral ha sido arduo, constituyendo el Tribunal Supremo de Elecciones, tal y como lo conocemos hoy día, la culminación de ese largo camino que, sin temor a equivocarnos podemos asegurar, ha llevado más de doscientos años. No cabe duda que el ejercicio de la libertad electoral, y de nuestra democracia, se encuentra hoy más garantizada que antes, pues los votos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas se transforman en el mecanismo mediante el cual se nombran quienes ocuparán los puestos de elección popular, sin que manos externas a la de los organismos electorales se inmiscuyan en la decisión. Si bien nuestra institucionalidad es perfectible, no es aceptable que sin razón alguna y menos sin pruebas, se afirme que el fraude electoral está a la vuelta de la esquina, pues contrariamente, el camino recorrido por los costarricenses, con sangre, sudor y lágrimas, ha sido en la búsqueda de una institucionalidad fuerte que garantice el ejercicio de nuestras libertades políticas, eliminando aquellos elementos que podrían dar al traste con ello: tal es el caso de la abolición del ejército. El TSE constituye un hito histórico de nuestra democracia, es nuestro deber protegerlo y fortalecerlo.

Hector Blanco Gonzalez

Por Hector Blanco Gonzalez

Abogado, ex Magistrado Suplente del Poder Judicial.