Héctor Luis Blanco: Sobre la consulta que establece el artículo 167 constitucional

No se puede estar de acuerdo con que se ataque a la Corte Plena y a sus integrantes, en su mayoría con argumentaciones descalificadoras: ad hominen o ad baculum, por el solo hecho de haber rendido su criterio conforme se lo exige el orden constitucional.

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Héctor Blanco González, Abogado.

En los últimos días volvió a ser noticia el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre una consulta legislativa relativa a la afectación a esa Institución por del proyecto de ley del 2° presupuesto extraordinario 2020. El tema, al igual que en el pasado, provocó la reacción de muchos, incluido algún medio de comunicación, que llegó a espetar: “Poder Judicial salido de la realidad.”, esto por cuanto aquel órgano dictaminó que el proyecto de ley consultado, el cual le rebaja de su presupuesto alrededor de 5.000 millones de colones, sí afecta su funcionamiento.

Para entender mejor lo resuelto por la Corte y sus alcances, conviene recordar cuál es el fundamento constitucional de este tipo de consultas, lo que encontramos en el artículo 167: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.”

Como se desprende del texto transcrito, la consulta a la Corte deviene imperativa para la Asamblea Legislativa, cuando en el trámite legislativo se detecte que un proyecto de ley pude afectar la organización o el funcionamiento del Poder Judicial (sea en cuanto al régimen interno administrativo de los despachos o de tipo procesal); y, de incumplirse se estaría ante un vicio sustancial que conlleva la nulidad de la ley o norma afectada (sobre estos aspectos ver voto  2017-12905 en que se citan los números 2001-13273, 2005-6866, 1998-05958 y 2001-13273 de la Sala Constitucional –SC-). Una vez efectuada la consulta podría darse que la Corte se pronuncie manifestando que el proyecto no afecta ni su organización ni su funcionamiento, por lo que seguirá su trámite legislativo y podrá ser aprobado por mayoría absoluta (mitad más uno de los diputados (as) presentes, 119 Co.Pol.). Si por el contrario la Corte se pronuncia diciendo que sí afecta su organización o funcionamiento, el parlamento tiene varias posibilidades: una, acoger ese criterio y efectuar los cambios correspondientes al proyecto; dos, apartarse o desconocer lo dictaminado por la Corte y aprobar el proyecto conforme a su texto original, para lo cual requerirá las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea, es decir, una mayoría calificada de 38 votos. Una tercera opción sería la consulta facultativa de constitucionalidad que se abrió a partir de la que se hiciera del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (sentencia SC n.° 2018-019511).

La consulta preceptiva de proyectos de ley a Corte Plena, a la que nos referimos, se creó para asegurar el balance de los pesos y contrapesos constitucionales, la salvaguarda del equilibrio entre los Poderes del Estado, y evitar la arbitrariedad del poder y de las competencias del Legislativo, con afectación del sistema democrático. Don Rubén Hernández, nuestro reconocido constitucionalista, expresa que es “una garantía para que la independencia no se vea menoscabada por razones de carácter estrictamente político. Además, la Corte Plena es la que puede opinar con mayor autoridad en esta materia, por lo que sería absurdo tramitar una ley sin su participación activa y sin escuchar su parecer. Por ello para apartarse de su criterio técnico se requiere una mayoría calificada.”(Constitución Política de la República de Costa Rica Comentada y Anotada, 1 edición. Editorial Juricentro, Costa Rica, 1998. P. 439). Para la SC esa consulta obligatoria de decisiones legislativas con efecto en el Poder Judicial, es necesaria para que “no sean el producto de decisiones de mayorías escasas y transitorias, sino que tales cuestiones cuenten, en el mejor de los casos con la anuencia del Poder Judicial, o bien si ello no es posible, que las decisiones políticas que afectarán la estructura o funcionamiento de ese poder, reciban el apoyo de un número suficiente y calificado de legisladores, en el entendido que ello significa un mayor escrutinio, control y vigilancia respecto de las disposiciones.” (2017-12905 SC)

Una garantía similar a la señalada para el Poder Judicial, es la contenida en el artículo 97 constitucional que obliga a la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones de los proyectos de ley relativos a la materia electoral, con las mismas consecuencias comentadas.

En el caso del último pronunciamiento de la Corte (de 20 de julio) que considera que el proyecto de ley de presupuesto extraordinario consultado sí afecta su funcionamiento, quienes muestran su descontento se fundamentan en que ante la situación de crisis económica que hoy enfrentamos –valga advertir que no toda ocasionada por la pandemia, aunque sí en su mayor parte- los magistrados y magistradas debieron pronunciarse de manera distinta por solidaridad, como parte del sacrificio que debemos hacer todos para paliar la situación, y considerando los efectos de la crisis sobre ese Poder.

Esas afirmaciones están alejadas de lo que realmente debe resolver la Corte y de sus competencias y obligaciones según el artículo 167 transcrito. Conforme se expuso, ante una consulta como la comentada, el deber de la Corte es pronunciarse sobre si el proyecto de ley que se le somete afecta o no su funcionamiento u organización. En otras palabras, la competencia que le otorga la Constitución a la Corte, y no a otro órgano, es el análisis del texto y contenido del proyecto de ley para determinar los efectos sobre el Poder Judicial. Si el proyecto afecta su funcionamiento u organización es su deber legal expresarlo tal cual, de lo contrario podrían sus integrantes tener responsabilidad si luego, convertido en ley el proyecto, el Poder Judicial se ve afectado en los supuestos constitucionales dichos. Asimismo, esa es la oportunidad procesal que le fija el ordenamiento constitucional para hacerlo, por lo que no debería venir luego a decir que la ley le está perjudicando en su funcionamiento u organización.

Por otra parte, si lo que debe evaluar la Corte son las consecuencias sobre el Poder Judicial del proyecto consultado de llegar a ser ley, no podría ese órgano constitucional, válidamente, entrar a considerar factores distintos y ajenos al contenido del proyecto de ley; y, menos aún, basar sus posiciones en eventos futuros e inciertos externos al mismo, sean de tipo económico o de otra naturaleza, por más probabilidades de que estos ocurran.

Por ello, la solución al asunto la tiene, por remisión del ordinal 167 constitucional ya citado, la misma Asamblea Legislativa, la que precisamente ponderando todos los factores económicos, políticos y sociales que pueden incidir en la creación de la ley, así como sus consecuencias, decida que la misma es necesaria para el país, y por ello,  desechar o ignorar el criterio vertido por la Corte Plena y, reuniendo la mayoría calificada de 38 votos de sus integrantes aprobar el proyecto de ley (en el caso del presupuesto extraordinario comentado se siguió esta opción). La tercera vía de solución, utilizada en el 2018, no parece ser la mejor en aquellos casos en que urge resolver el punto en discusión.

No se puede estar de acuerdo con que se ataque a la Corte Plena y a sus integrantes, en su mayoría con argumentaciones descalificadoras: ad hominen o ad baculum, por el solo hecho de haber rendido su criterio conforme se lo exige el orden constitucional.

 


Héctor L. Blanco González.
Doctor en derecho de la Universidad Estatal a Distancia
Master en derecho público y licenciado en derecho de la Universidad de Costa Rica
Exmagistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Exasesor legislativo
Exprofesor de derecho laboral de la UCR
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