Heidy Jiménez: Costa Rica del Bicentenario y su deuda con el derecho a la educación digital

Estamos como país, como instituciones obligadas a diseñar intervenciones que incorporen las necesidades, la visión prospectiva, empujando así a los actores públicos a asumir enfoques proactivos, generadores del cambio, basados en los resultados y la evidencia

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Heidy Jiménez, Analista internacional.

El 17 de mayo del 2021 nosotros los habitantes de este país recibimos la noticia de reorganización del calendario escolar y con esto un cambio significativo en los tiempos de lecciones que no correspondían a lo conocido de manera reciente. Es así como se “entró” a un período entre vacaciones y receso obligado a partir del 24 de ese mes hasta el 9 de julio, con lo cual el ciclo lectivo se extenderá hasta enero del 2022 con implicaciones que aún faltan por analizar.

La interrupción del servicio educativo en preescolar, primaria y secundaria pública (ya que la educación privada podía continuar si tenía condiciones virtuales), significa una vez más revisitar causas y consecuencias sobre el estudiantado, el personal docente, administrativo, asimismo la comunidad educativa. Además de traer nuevamente la cuestionada calidad de la educación y las “diferentes Costa Ricas que tenemos”. En el complejo escenario hay un violentamiento al cumplimiento efectivo de los derechos educativos y de conectividad.

La señora Ministra de Educación Pública (MEP) en la conferencia de prensa donde informó lo anterior, señalaba que la “reorganización del calendario escolar de estas dimensiones no ha sucedido en años”, indicó también la condición pandemia donde “más de 400 mil estudiantes no tienen posibilidades de conectividad en sus hogares a pesar de los esfuerzos hechos como Ministerio” de un total de 1.173.286 estudiantes en 5369 centros educativos públicos y privados del país para este año, con lo cual la posibilidad de educación virtual de calidad se aleja cada vez más.

Cuando se analiza detalladamente los datos, se puede apreciar una oscilación de respecto a conectividad, según fuente de reporte fuera INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), reportes del MEP al MICITT (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones) o la plataforma SABER, lo cierto es que la posibilidad de educación virtual de calidad se aleja cada vez más donde nuevamente la ruralidad y los territorios indígenas son las áreas más afectadas, tal como se observa en la imagen.

Lo manifestado en septiembre anterior no parece haber cambiado, seguimos como sociedad y en este caso desde la institucionalidad, excluyendo, generando inequidad en acceso, servicios y calidad de educación a pesar de los esfuerzos del MEP. Frente a este panorama  toca volver a cuestionarnos ¿qué ha sucedido con las iniciativas en ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)? Llámese Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros Públicos Equipados, Espacios Públicos Conectados; además de la Red Educativa Bicentenaria

¿Qué sucede con esas buenas nuevas que nos dio el (MICITT) en febrero de este año? en donde “de acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) lo pendiente de la Red Educativa Bicentenaria sería completado en agosto 2021 o que “el MEP tenía proyectado atender con recursos propios a 1662 centros educativos y FONATEL atendería 516 todos en este 2021, según capacidad de ejecución.”

Requiere preguntarnos ¿cómo está el avance del proyecto de Ley N. 22.206?, conocido como Plan de ley de Alfabetización Digital que fue trasladado a la Comisión de Hacendarios en mayo, el cual fue presentado por las autoridades de Casa Presidencial y del MEP como prioridad.

Estamos a pocos días de reiniciar el curso lectivo, de allí que es inevitable mencionar la deuda arrastrada para poder crear condiciones infraestructurales, de equipamiento, conectividad, contenido, seguridad y gestión para un país y una educación digital que permita el desarrollo de habilidades, competencias, saberes e inclusión en un mundo donde el uso de la tecnología y la interconectividad es un requisito.

La tarea es amplia en envergadura, las organizaciones del sector público necesitan generar lobby, acompañar procesos, continuar posicionando en la agenda pública la necesidad de realizar los cambios y saltos cualitativos tecnológicos orientadores de los esfuerzos hacia resultados que afecten de manera positiva la población.

Si además el MICITT certificó a SUTEL el logro de sus actividades para el periodo 2015-2021 ésta necesita realizar un cambio sustancial para contribuir con lo encomendado en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones que, considere la transformación del país, de su economía y de su sociedad, elementos todos de sus objetivos estratégicos que a mi humilde parecer se distancian entre lo ejecutado, lo reportado y la realidad.

Estamos como país, como instituciones obligadas a diseñar intervenciones que incorporen las necesidades, la visión prospectiva, empujando así a los actores públicos a asumir enfoques proactivos, generadores del cambio, basados en los resultados y la evidencia.

Nosotros como sociedad del bicentenario, sociedad de la información y del conocimiento, con un interés particular en el uso de la tecnología, con la necesidad y la claridad de la interdependencia, requerimos asumir nuevos enfoques, actitudes y demandas de cambio, la pandemia no es la causa de esta situación, hay que buscar en otros momentos de con mirada crítica, la situación actual lo que hizo fue volver a evidenciar la inequidad.

 

Referencias

 

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