Los grupos sindicales preparan sus armas contra lo que ellos mismos llaman: combo fiscal. El próximo lunes veremos el primer pulso entre el gobierno del presidente Carlos Alvarado y este grupo de presión.
En tanto, en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas bajo el expediente 20.580. La última audiencia será el miércoles con la Contralora Marta Acosta.
Pese a la disposición de diálogo por parte del Poder Ejecutivo, el líder sindicalista, Albino Vargas, asegura que se “abortó” ese espacio.
“Al haberse rechazado del diálogo todas las arbitrarias medidas contra la clase trabajadora del sector público, se reafirma el rechazo total al combo fiscal-paquetazo de impuestos (expediente legislativo No. 20580), ya que este proyecto golpea a toda la clase trabajadora privada y pública: a todo el empresariado micro, pequeño y mediano, a la clase media, al solidarismo, al cooperativismo, a la abrumadora mayoría ciudadana”.
El politólogo, Francisco Barahona, asegura que el gobierno está en una ocasión fundamental para hacer los cambios necesarios en nuestros sistemas político e institucional durante sus inicios, cuando todavía no se plantean conflictos y el clima aún es apto para acuerdos y consensos:
“Pienso que la actitud del nuevo gobierno es reducir al máximo el tomar riesgos y en se sentido la política es actuar con mucho tino, pero también con lentitud y sin arriesgar nada sustancial contrario al planteamiento de campaña de que estamos camino al Bicentenario y que en ese sentido está es una ocasión fundamental para modificar inclusive estructuralmente a aquello que haya que modificar en nuestro sistema político y en nuestro sistema institucional.”
“Esto (la huelga) va a marcar una diferencia radical, será un choque con la actual política del Gobierno orientada que se aprueba en la Asamblea legislativa no integral ni estructural pero que produzca mayores recursos al fisco para reducir el déficit y ahí es donde comienza la dinámica de gobernabilidad”, dijo.
Así las cosas, en menos de dos meses de la Administración Alvarado, enfrentará el primer movimiento huelguístico a nivel nacional, cuyas dimensiones aun no se pueden establecer.
Para los sectores sociales, la llegada al gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) creaba una serie de esperanzas en materia de participación popular, diálogo y búsqueda de acuerdos sobre los diversos problemas de atraviesa el país, lo cual demanda acciones conjuntas y sostenibles en el tiempo.
Sin embargo, en el plano político, las criticas no han faltado, señalando al Presidente Alvarado como principal responsable de las contradicciones entre el discurso electoral y las acciones gubernamentales por un lado; y por otro, la incorporación al gabinete de personas ajenas al PAC y de diferente línea política.
Por su parte el gobierno tiene claro que le urge conseguir la aprobación en la Asamblea Legislativa de una reforma fiscal que le otorgue recursos frescos para solventar el faltante de recursos y a la vez poder impulsar los grandes proyectos que el país requiere.
El problema aquí como lo plantean los sectores laborales y también empresariales, es quién, cómo, en qué medida y por qué debe asumir el costo, tema que por décadas no encuentra respuesta clara y definitiva.
Sin duda que independientemente del asunto en discusión y su relevancia en términos políticos y premura en su atención, no es buen augurio que movimientos sociales importantes deban impulsar huelgas y paralización del país, al parecer por estrategias equivocadas apenas iniciando una nueva Administración.
Al respecto Barahona concluye diciendo que:
“…como sucede con todo gobierno la Luna de miel se acaba y hay que enfrentarse obligatoriamente a resolver problemas y si no se hace bien o por lo menos, de acuerdo a la mayoría de los intereses de la gente, pues las personas comienzan no solo a confrontarlo sino que comienza el declive en su popularidad”.
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