Huelga, Estado y Democracia

Lo que el país decida sobre los derechos laborales trasciende los intereses de la pequeña minoría representada por el sindicalismo público. Está en juego la funcionalidad del Estado, la recuperación de la confianza en la política y el fortalecimiento de la democracia.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Lo he dicho reiteradamente y seguiré haciéndolo. El país perdió su confianza en la política y la democracia. Indicadores serios nos dicen que la confianza en los gobiernos solo llega al 20% de la población; en el tribunal electoral al 46%; en el congreso al 20%; en los partidos políticos al 20%. Pero este contexto parece ignorarse al discutir reformas como el proyecto laboral actualmente bajo consideración del congreso (regulación del derecho de huelga).

El Estado costarricense es nuestro primer problema. Con más de 300 mil funcionarios que no sabemos qué hacen por la ausencia de un buen sistema de evaluación del desempeño; 330 entidades públicas, un archipiélago institucional cuyas islas no se comunican, redundan, repiten funciones, o han perdido su razón de ser; más de 80 de ellas en algún régimen de autonomía, que se aprovecha para acumular privilegios y escapar controles; el presupuesto conjunto supera hoy los ¢23 billones, que equivalen a más del 70% del PIB nacional, posiblemente uno de los más caros del planeta. Una inversión inútil, si el crecimiento económico es bajo, el desempleo ronda el 12% y tenemos uno de los niveles más altos de desigualdad en la región. Con esos resultados ¿por qué habría de confiar la población en el gobierno, en el Estado y en los políticos?

Nada de eso parece importar en la discusión de las huelgas o vacaciones con goce de sueldo que los trabajadores se recetan periódicamente. Lo que interesan son los “derechos” de esos 300 mil trabajadores cuya productividad es parte del problema. La ética de servicio público ha quedado atrás, sustituida por un codicioso patrimonialismo (los recursos al servicio de los trabajadores, no del pueblo). Solo interesan los “derechos” laborales, muchos de ellos calificados de desproporcionales y abusivos, del privilegiado 14% de la fuerza laboral del país.

La Segunda República fue una reforma exitosa, que nos dio un estado de desarrollo superior al de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC). La función pública de alguna forma contribuyó a mejorar la condición de toda la población. Había compromiso social, dedicación y disciplina. La Constitución Política del 49 dio especial valor al servicio público que, al menos en sus primeras dos décadas, mejoró en forma sustancial el bienestar de todos los costarricenses. Gracias la Segunda República, hoy seguimos siendo un país líder en bienestar social. Pero la capacidad de generar progreso hoy está agotada. El Estado absorbe una cantidad descomunal de recursos que se pierden en ineficiencia. E ineficiencia es también el origen de la llamada “crisis” fiscal.

Uno de los puntos centrales de la reforma laboral que se discute en el Congreso es el derecho de huelga, que hoy nadie cuestiona, pero urge regular. La reciente huelga de los 3 meses le produjo un daño enorme al país y a la población más vulnerable, en especial a los usuarios de la educación y de la salud pública. Los constituyentes del 49 tenían otra visión. Es posible que en sus conciencias entendieron que la ética de servicio público era algo sagrado por sus consecuencias sociales y su impacto en toda la población. Quizás por ello el artículo 61 “Reconoce el derecho…a la huelga, excepto en los servicios públicos”, reforzado por el artículo 33 que nos dice que todos somos iguales ante la Ley. Y para darle coherencia a este principio de igualdad decidieron la creación de “Un estatuto de servicio civil (que)regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. En esta misma línea de pensamiento, en las actas nos recuerdan que la “Regla disciplinaria fundamental es la que prohíbe la huelga de los servidores públicos…” (pag. 701).

Sin duda eran otros valores, aunque la CP sigue siendo la misma. Pero la hemos irrespetado en forma sistemática: la huelga se ha convertido en pasatiempo favorito del empleado público; la igualdad ante la ley se ha perdido en unos 50 regímenes de personal existentes, reforzada por los regímenes de privilegio que han crecido con las convenciones colectivas; y, la productividad se ha venido perdiendo en un régimen de total impunidad. Todo ello representa formas de comportamiento autodestructivo en ámbito social.

En todo caso, el derecho a la huelga no está en discusión. Lo que se busca es evitar su abuso, la pérdida de sensibilidad social en el servicio público y proteger a la población toda, pero en especial a aquellos cuya condición económica los hace más dependientes de servicios públicos. Además, por simple sentido patriótico, deberíamos hacer un mayor esfuerzo enfrentar los riesgos inminentes de los populismos y sus evidentes riesgos, que ya tocó nuestras puertas.

Tales fines no serán posible, primero, si no tenemos un estatuto de servicio civil para todo el Estado, como base para un régimen común y coherente con el principio de igualdad ante la ley. Segundo, ese estatuto requiere ser complementado con una ley marco que defina los principales derechos laborales comunes a toda la administración pública. Esto haría el país más gobernable, más equitativo y evitaría las complejas negociaciones de las convenciones colectivas y sus sustanciales aportes a la ingobernabilidad. Tercero, la huelga debe tener un costo importante para evitar su abuso. Ninguna huelga en el Estado debería durar más de una semana y toda huelga ilegal debe generar la pérdida de las remuneraciones (incluso privilegios) durante todo el período en que se interrumpa la función laboral.

Lo que el país decida sobre los derechos laborales trasciende los intereses de la pequeña minoría representada por el sindicalismo público. Está en juego la funcionalidad del Estado, la recuperación de la confianza en la política y el fortalecimiento de la democracia.

 

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