Huelga política

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Carlos Francisco Echeverría.  

Detrás de ese concepto se oculta la negación misma de la democracia. El derecho a la huelga es universalmente reconocido a los trabajadores, como último recurso de negociación con sus patronos. Eso es sagrado.

Pero de allí a dejar de trabajar para imponer políticas públicas hay un mar de distancia.

Si un gremio, o varios, pueden privarnos de servicios básicos para forzar o detener la aprobación de leyes ¿Entonces para qué elegimos gobernantes y legisladores? ¿Tienen derecho esos grupos de pasar por encima de las instituciones democráticas, de la voluntad popular expresada en las urnas?

Por supuesto que no. Por eso el concepto de “huelga política” debe ser proscrito y deslegitimado en cualquier democracia que se respete.

Eso no impide la posibilidad de manifestarse pacíficamente en las vías y los espacios públicos. Lo que impide es justificar el abandono del trabajo, incluso por largos períodos, con el afán de imponer decisiones políticas. Una cosa es la manifestación y otra es la huelga.

Para ambos casos hay límites. Las manifestaciones no deben ser violentas contra cosas ni personas. Las huelgas no pueden usarse para imponer políticas públicas. Ojalá que nuestros legisladores y jueces lo tengan claro.

 

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