Ideología, humildad y algo de honestidad intelectual

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

Un poco de liberalismo nos caería bien a los que profesamos alguna forma de social democracia. La banca nacionalizada surge en la Segunda República con dos objetivos principales: democratizar el crédito y fortalecer el crecimiento económico (empleo e ingresos). Ninguno de esos objetivos se cumple hoy en una banca pública invadida por la ineficiencia y el patrimonialismo.

Lo dice un liberal en la columna que publica La Nación de hoy y que lleva el nombre de su autor: En Guardia: “no coma cuento: los bancos nunca han sido ni serán de los costarricenses… no tenemos, no nos reparten dividendos, cuesta arrancarles crédito… los intereses en colones son horrendos y hay que hipotecar hasta el alma… don Gobierno, tampoco percibe dividendos y debe asumir pérdidas de los fallidos que luego nos traslada como impuestos, inflación y altos intereses. Los únicos que pellizcan son sus sindicatos: se embolsan el 15% de las utilidades y jugosas remuneraciones”.

¿Puede la sensibilidad de los socialistas democráticos aceptar estas verdades? En realidad, es un problema institucional, muy común en el Estado costarricense, de amplias implicaciones en equidad (¿o deberíamos decir inequidad?). Los nobles objetivos iniciales de la banca pública fueron enterrados hace bastante tiempo y con ella también la ética de servicio público. Los mató un grosero patrimonialismo que pone de frente el interés particular de los burócratas, sobre el interés del bienestar de toda la población. En el proceso hemos hecho del Estado un paquidermo costosísimo (equivalente al 77% del PIB) que cada día aporta menos al desarrollo equitativo.

Y, si usted, amigo lector, se siente ideológicamente obligado a rechazar los argumentos de Guardia, vea el Estudio Estado de la Nación del 2016 y encontrará los mismos argumentos, aunque expresados con mayor tecnicismo. De nuevo, no es un simple tema institucional o económico, sino de producción sistemática y sostenida de inequidad, como hemos argumentado en otro artículo. Los costos de intermediación doblan los de la competencia, pero en oligopolio, la banca privada emula los costos de la pública y los traslada como ganancia a los ricos accionistas, que se vuelven más ricos. Un claro aporte a la desigualdad, ya de por sí elevada.

¿Qué hacer? Guardia sugiere la privatización y con los recursos de la venta, cubrir el déficit fiscal. Tiene sentido, porque la banca privada, con costos de intermediación la mitad de la pública, ampliaría el acceso al crédito y le daría un fuerte impulso al crecimiento económico.

Sin embargo, en perspectiva del socialismo demócrata la solución deseable es recuperar la eficiencia perdida y empezar a generar, de nuevo, equidad. Los recursos de todos, como decían los revolucionarios de los 40, para beneficio de todos. También hemos sugerido la posibilidad de crear un fondo rotatoria para infraestructura, que se podría alimentar con los excedentes de la banca y de otras empresas públicas. Sería una forma de compensar a sus accionistas, toda la población. Dicho fondo se podría reforzar con algunos recursos de reserva laboral, como los solidaristas y de pensiones, éstos a intereses de mercado. Un fondo de varios miles de millones de dólares, podría ser el motor de nuestro desarrollo en equidad y sería compatible con nuestra ideología socialista democrática.

Sin embargo, hay obstáculos en este camino: primero, no parece existir la visión política para este tipo de soluciones; segundo, la eficiencia parece escapar a las posibilidades del Estado; y, tercero, los gobernantes, con pocas excepciones, no han mostrado el carácter para enfrentar los intereses corporativos, especialmente laborales, que han venido destruyendo la Segunda República ¿Entonces?

 

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