¿Ilegalidad de UBER?

La Asamblea Legislativa debe aprobar un proyecto de ley que faculte el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad colaborativa

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Lilliana Sánchez B(MSc.).  

La resolución dictada por el Consejo de Transporte Público hace días, “insta” a la empresa a abandonar sus operaciones en el país. En el cuarto punto del documento, manifiesta que “el gobierno de la República ha señalado también que las plataformas tecnológicas no reguladas para el transporte remunerado de personas es un servicio ilegal, tal y como lo ha resuelto la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP)”, lo cual no se ha mantenido en ninguno de los criterios de nuestro Tribunal Constitucional.

En el voto No. 2017-2791 del 22 de febrero de 2017, la Sala Constitucional rechazó una serie de acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Modalidad de Taxi. No se juzgó la constitucionalidad de Uber.

Los magistrados señalaron que el servicio de taxis, “no se trata de un monopolio sino de un servicio público, declarado de esa manera por el legislador en uso de su facultad de configuración legislativa, por lo que no se requería de una ley aprobada por una mayoría calificada“.

Además, consideraron que “la existencia de un servicio público gestionado, directa o indirectamente -a través de concesionarios- no lesiona la libertad de comercio”.

La Sala Constitucional no analizó si esa ley impugnada violenta el Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que según el criterio externado, se estimó que ese acuerdo no forma parte del parámetro de constitucionalidad.

La Asamblea Legislativa debe aprobar un proyecto de ley que faculte el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad colaborativa, materia que está siendo analizada en la Comisión Permanente Ordinaria bajo el Expediente No. 20.113. El texto de la iniciativa tiene como objetivo fundamental el de “regular algunas de las prácticas de movilidad colaborativa que se dan en el país, así como incentivar una serie de programas de movilidad que colaboren con el descongestionamiento vial de nuestras carreteras.”

En la actualidad, en Costa Rica, la empresa UBER es una opción de movilidad para más de 783 mil usuarios activos y mantiene una plataforma de más de 22 mil socios colaboradores quienes dependen de ese trabajo para su subsistencia y la de sus familias. Estos ciudadanos no pueden dejar de generar sus ingresos en espera de la legislación pertinente.

La comida en cada mesa de los costarricenses es prioritaria. El trabajo digno es un derecho humano fundamental.

La autora es Politóloga y Administradora Pública, investigadora y consultora.

 

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