Opinión acerca del Proyecto de Ley 24144, presentado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa.

Inés Revuelta Sánchez, Ex Académica UNA.

El Poder Ejecutivo, presentó el pasado 24 de enero a la corriente legislativa, el Proyecto de Ley 24144 – Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Cultura y Juventud (Reforma Integral a la Ley 4788, Ley para crear el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y sus reformas), el  cual abordé en un primer artículo, intentando acercarme a la función esencial que desempeña el Ministerio en la gestión de la Cultura y la importancia de que como personas informadas y responsables en el ejercicio de nuestro deber y derecho ciudadano, asumamos un rol protagónico en la discusión de fondo de un proyecto tan trascendental para la Política Social costarricense.

La Cultura es inherente y transversal a todas las políticas públicas que el Estado diseñe e implemente en el largo plazo, pues se convierte en el reservorio social que hila todas las relaciones entre las personas que habitan un país y las distintas manifestaciones que tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto, se desarrollan en favor de las comunidades. Asimismo, se debe partir de la premisa de que el Estado gestiona los recursos públicos en favor de distintos programas, políticas, proyectos y órganos desconcentrados, los cuales habitantes y la sociedad en general, financiamos de manera primaria, por medio  del pago de los impuestos. Con base en lo anterior y de primera entrada, se puede afirmar que durante décadas ha habido una interpretación errónea que establece desde el imaginario de diversos grupos de interés,  que las personas artistas dependen de los recursos del Estado, cuando es justamente lo contrario: el Estado gestiona los recursos que capta por diferentes medios, en favor del fortalecimiento de la Cultura por medio de un grupo de personas artistas que deben ser remuneradas por sus servicios, por los cuales también pagan impuestos. Esta concepción mal entendida y erróneamente concebida, se da porque muchas de las actividades culturales no necesariamente resultan ni se llegan a categorizar como “rentables” desde el punto de vista de mercado, lo cual es comprensible, porque el objetivo de la Cultura no es generar lucro: su fin primordial  es enriquecer el acervo social con múltiples manifestaciones que sostengan el tejido social costarricense desde la identidad del país así como desde los valores y principios que nos sostienen colectivamente. Adicionalmente, la Cultura es un espacio, motor y abrigo que nos permite accionar como país, en favor de poblaciones que encuentran en la Cultura una plataforma de expresión de sus ideales más nobles para la convivencia social, como  son la niñez, juventudes, adultos mayores, poblaciones con discapacidad así como las poblaciones vulnerables que enfrentan desigualdades en su calidad de vida y bienestar por factores estructurales, sociales y de desarrollo, entre otras.

El proyecto de Ley en cuestión, recurre a un concepto de “modernización” centrado en la reducción del tamaño del Ministerio, aduciendo la finalidad de hacerlo más ágil para la toma de decisiones y para la ejecución presupuestaria; señala el  traslado de personas, recursos, bienes y eliminación de Juntas Directivas, entre otros. El fundamento del proyecto reza que se pretende contar con “mayor capacidad de acción y decisión buscando orientar la gestión institucional hacia la calidad de los servicios, los resultados para el desarrollo y el valor público”.

Lo anterior debe ser analizado con sumo cuidado. En primera instancia, la mayor capacidad de acción y decisión debería interpretarse como un fortalecimiento de los programas del Ministerio y de los órganos desconcentrados. Ese fortalecimiento debería estar orientado en dos acciones a saber: mayor capacidad de creación, promoción y producción cultural y artística así como una ejecución de recursos destinada a favorecer a la ciudadanía en general y en particular a las poblaciones más vulneradas por las políticas económicas. De ahí se desprenden los impactos de esas dos acciones que se concretan en tres aspectos básicos: la calidad en los servicios, los resultados para el desarrollo y el valor público; tres cometidos que valora la sociedad en su conjunto cuando participa en los servicios y productos culturales de forma inclusiva y gratuita. Planteo esta interpretación a la luz de la sensibilidad artística y cultural; porque de la lectura del proyecto de ley, se percibe que el espíritu del mismo se asienta en un desconocimiento del concepto, desarrollo histórico y de la gestión de la Cultura costarricense, y está impregnado por demás de tintes ideológicos claros y evidentes y de los mejores valores y principios de nuestro Estado social.

Por consiguiente, el concepto de “modernización” del Ministerio de Cultura y Juventud, considero se basa en las siguientes premisas erróneas para quienes han planteado este proyecto:

  1. En un desconocimiento de lo que significa la Cultura así como del desarrollo histórico y de gestión de la Cultura costarricense, pretendiendo homologar todos los programas y órganos desconcentrados, ignorando la finalidad para la cual fueron creados, omitiendo las funciones que desempeñan, su valor público, el arraigo comunitario y ciudadano y la normativa nacional e internacional que les compete según su especificidad.
  2. En una carencia de consulta, diálogo y consenso con el sector Cultura, el cual sin duda alguna, pudiese haber generado un proyecto de Ley que tendiese hacia un verdadero fortalecimiento de los programas y órganos desconcentrados con legislaciones modernas que favorecieran la generación de recursos propios, la vinculación internacional con programas y órganos similares, la mayor participación social y la vinculación directa con las comunidades.
    Es pertinente señalar que incluso y a la luz de información recibida por parte de jerarcas de los distintos órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura y Juventud, el proyecto fue presentado ante la corriente legislativa sin siquiera habérseles consultado de previo.
  1. En un ataque frontal a la autonomía e independencia institucional la cual es la base fundamental para la gestión de la Cultura de un país en democracia. La gestión de la Cultura centralizada solo puede conllevar a la implementación de una visión sesgada y particular, al vaivén del jerarca del sector y Gobierno de turno, carente de un enriquecimiento a través de las múltiples visiones que se comparten en una sociedad. Y adicionalmente, con el riesgo aún mayor, cual es que hemos tenido históricamente jerarcas del Ministerio que desconocen el desarrollo histórico de la Cultura a nivel país y a nivel regional y global, no comprenden su razón y función social y/o carecen de la preparación en materia de administración y gestión pública específica para el sector y el país. Si a eso le añadimos una inexistente propuesta programática, el no contar siquiera con una política cultural actualizada y ningún eslabón que visiblemente conecte el camino dentro de un Plan de Desarrollo, es indudable que no hay posibilidad de modernizar, mucho menos de fortalecer al Ministerio de Cultura y Juventud.
  2. En una mayor injerencia ideológica, concentración del poder y capacidad de censura, típico de los Gobiernos autoritarios, los cuales ya se nos hacen más comunes y cercanos en Costa Rica. Sobre todo, Ejecutivos que llegan a gobernar sin contar con un plan de gobierno, refugiándose en la improvisación y en la falta de solvencia técnica y de personas idóneas con visión de pasado, presente y futuro por el país y no por los intereses propios en la ruta de “mientras pasa el cuatrienio”.
  3. En un mayor clientelismo político que se evidencia en una supuesta modernización, que no es igual que modernidad, y que además “pone y quita” a dedo las personas que deben ocupar puestos públicos, sin considerar la solvencia profesional, de experiencia y técnica de esas personas en el ejercicio profesional relacionado con el sector y la función pública.
  4. En la carencia de lógica administrativa y de gestión pública, que elimina un reservorio técnico, fiscalizador y supervisor como lo son las Juntas Directivas, las cuales en la actualidad para el Ministerio de Cultura funciona de manera ad honorem. Lo anterior, sin mencionar que desarrollan un rol complementario de manera individual o colegiada, brindando apoyo a la persona jerarca o evitando descalabros que terminan implicando procesos legales que nos cuestan mucho dinero como Estado.
    Pero además, no sólo se elimina el órgano consultivo y de control sino que dado de que estos órganos, pueden ser vistos como un obstáculo para implementar una agenda política que atenta contra los derechos humanos y desde lo que la  Cultura plantea en cuanto a la participación y disfrute de las actividades culturales que enriquecen nuestra convivencia en sociedad; por lo tanto, eliminarlos, no es para hacer más eficiente la gestión sino para hacer más eficaces otros propósitos ideológicos al margen del verdadero valor y razón de ser de la Cultura como eje transversal para el desarrollo social.
  1. En la falta de visión de lo que implicará en la vida real (y con esto me refiero a la hora de gestionar y realizar las acciones y procesos), centralizar la gestión de programas y órganos desconcentrados a nivel de procesos como por ejemplo a nivel de Asesoría Jurídica, Gestión del Talento Humano (c.c. Recursos Humanos) y/o Proveeduría institucional; todo manejado en masa desde el Ministerio, en lo que de seguro significará un entropía de gestión a todo nivel, cuando no de atraso de acciones que ni siquiera se podrán ejecutar dentro de  procesos y plazos normados.
  2. En lo que pareciera ser un proyecto de ley planteado a partir de “teóricos” desde un escritorio, como un machote más para una lista de instituciones destinadas al “reformatorio” (aunque eso signifique alterar, distorsionar, trastocar, desfigurar , desvirtuar y ultimadamente, en la práctica, pueda colapsar) y no pensado por y para el ámbito social.

De ahí que es sencillo visualizar otros (d)efectos de gestión que se ven venir: según el artículo 7 del Capítulo II del proyecto de ley, los órganos desconcentrados se llevarían a un nivel de desconcentración mínima, con lo cual se atenta contra su naturaleza y el espíritu de su creación, con el riesgo de perder la identidad, el valor público para el cual han sido creados y por ende, incrementando el nivel de control e injerencia política.

Además, y para citar algunas otras deficiencias de dicho proyecto,  de acuerdo con el artículo 10 del Capítulo II, a las instituciones museísticas (sic) Museo Histórico Juan Santamaría, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, el Museo Rafael Calderón Guardia, el Museo de Arte Costarricense y al Museo de Arte y Diseño de Arte Contemporáneo,  el proyecto de ley plantea se les suprima la personería jurídica instrumental y se conviertan en programas del Ministerio, con lo cual se desconoce no sólo la naturaleza de creación, su vinculación social y el rol educativo y formativo que tienen en la política educativa. Un Museo goza de independencia, patrimonio, personal especializado y un bagaje histórico y cultural que lo convierte en una institución única, la cual debe cumplir con un valor de resguardo de la identidad, la expresión y la historia, siendo un espacio pedagógico y didáctico para la enseñanza-aprendizaje de muchas generaciones. A los museos, incluyendo al Museo Nacional, el proyecto propone eliminarles las Juntas Administrativas y deposita la toma de decisiones, control y responsabilidades en las Direcciones; lo cual claramente constituye una súper concentración del poder de manera “gloriosa” pero también peligrosa, por las responsabilidades que se depositarán en los jerarcas de los órganos así como del Ministerio y ante las cuales no sólo deberán atender sino responder.

De forma concreta el proyecto reestructura y transforma al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica; en este caso le cambia el nombre a Centro de Cine, Audiovisual e Imagen Animada, dejando perdida la mención-país tan importante de Costa Rica que ha tenido hasta ahora y al mismo tiempo, desaparece al Consejo Nacional de Cinematografía y deposita todas las funciones y responsabilidades en una (super)Dirección.

De igual manera menciono otros órganos y programas que el citado proyecto de ley se propone transformar y transmutar en el papel, adoleciendo de los elementos de lógica de gestión y bajo las premisas que he mencionado anteriormente: Centro Nacional de la Música, Sistema Nacional de Educación Musical, Teatro Nacional, Teatro Popular Melico Salazar (con sus cuatro programas artísticos y formativos directamente vinculados a las artes escénicas: Compañía Nacional de Teatro, Compañía Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro y Taller Nacional de Danza), Casa de la Cultura de Puntarenas y el  Archivo Nacional; todas estas instituciones que han sido un reservorio y un baluarte de la Cultura costarricense.

El país debe analizar con detenimiento el proyecto de Ley y los enormes riesgos que conlleva para la gestión de la Cultura desde el Ministerio, sopesando el grado de injerencia, concentración de poder y facilidad para la censura previa de la producción artística nacional. El verdadero valor de la Cultura va más allá de la gestión de un Ministerio y más allá de la visión de una persona jerarca; es la construcción que se hace en una sociedad de una identidad de país y son los hilos y los tejidos que soportan toda la expresión que hacemos en un territorio, no solo, en espectáculos públicos o eventos artísticos elitistas, sino que está arraigada en las venas de la misma Patria.

Apelo, a la altura de miras de la Asamblea Legislativa para que este análisis (1) trascienda la discusión partidista y se antepongan los más altos valores y principios sociales, así como (2) la lógica de lo que esto implicará a nivel de la gestión institucional; bajo este planteamiento se presagia un desplome en el Índice de Gestión Institucional (IGI) porque claramente se trata de un asunto de comprensión conceptual e histórica,  (3) pero también de lógica institucional y de capacidades instaladas de gestión de acuerdo a los recursos. Debe evidenciarse (4) que este proyecto es un traje a la medida de un gobierno centralista, con tintes autoritarios y con una visión facilista y simplista de la gestión pública. El Ministerio de Cultura y Juventud (5) debe fortalecerse y modernizarse al signo de los tiempos con visión prospectiva, pero (6) debemos contar con una propuesta amplia, participativa y consensuada con las personas hacedoras de Cultura, la sociedad y la academia.

Hago un llamado al sector cultural para que levantemos la voz, pues en la actualidad han sido muy pocas las iniciativas que se han organizado para analizar y concientizar acerca de los enormes riesgos de que el Ejecutivo continúe promoviendo proyectos sin arraigo social y construidos en plataformas económicas desprovistas de toda sensibilidad social y lógica de gestión.

Por último, apuesto por una ciudadanía que comprenda que en democracia siempre debemos apostar al diálogo, al consenso, a los espacios sociales e institucionales de análisis y discusión. No es de recibo que las discusiones relevantes y trascendentales se trasladen a espacios cerrados o a foros políticos con poca promoción y  acceso para la ciudadanía.

No hay desarrollo social sin Cultura y no hay Cultura sin desarrollo social.

Hoy más que nunca, la Cultura es el corazón palpitante que mantiene la democracia funcionando y a la Patria viva… asegurémonos que continúe siendo así.

Inés Revuelta Sánchez

Por Inés Revuelta Sánchez

Académica de la Universidad Nacional Ex Directora General del Teatro Nacional Ex Directora Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar Estudió Arte, Educación y Administración inesrevuelta@gmail.com