Inés Revuelta – Día Internacional de la Mujer: los desafíos para la participación plena de la mujer en democracia

Las mujeres no representamos a un sector ni una cuota política, representamos a todos los sectores de la sociedad y aportamos a la economía, la educación, la política, la cultura, las ciencias y la tecnología, entre muchos; incluyendo el trabajo doméstico no remunerado que representa el 25.3% del PIB.

Inés Revuelta Sánchez, Docente universitaria en la Universidad Nacional, con amplia experiencia en Administración, Gestión, Educación y Cultura. Ex Directora del Teatro Nacional, columnista en medios de opinión.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; es una fecha propicia para reflexionar acerca de los desafíos que existen en nuestro país hacia el logro de una equidad real y una apropiación de los derechos (porque las obligaciones ya las tenemos) de las mujeres, especialmente en nuestra vida en democracia.

De ahí que, he procedido a contextualizar mi reflexión en los resultados del Índice de Democracia elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (2020) que sitúa a nuestro país en el lugar 19 del ranking mundial, segundo país con democracia plena en América Latina después de Uruguay. Para Costa Rica, se presentan los siguientes puntajes (siendo 10 el máximo) en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo (9.58) las libertades civiles (9.41),  funcionamiento del Gobierno (7.50), participación política (6.67) y cultura política (7.50).

Con base en estos datos y analizando nuestra realidad social, económica y política, no deja de sorprender que nuestro país sea reconocido como democracia plena a pesar de los desafíos que enfrentamos las mujeres para la participación en la vida democrática, en el disfrute de las libertades civiles, en la conformación de Gobierno, en la participación tanto en los procesos de elección como en las posibilidades de ser electas en cargos políticos y por ende, en la cultura política del país. Si bien no es el eje central del informe, y se puede considerar que la madurez del sistema democrático costarricense y la equidad de género forman parte ineludible del sistema social, no es de recibo que una democracia plena aún tenga deuda con la integración de las mujeres en la vida política y no asuma  las consecuencias que eso trae consigo, tanto en la organización social como en la construcción de políticas públicas.

Esta realidad nos plantea los desafíos que aún tenemos como sociedad para obtener una participación plena y legítima de la mujer en democracia pero además, nos entristece el imaginarnos la realidad que viven las mujeres del resto de naciones que se encuentran en puestos por debajo del nuestro y con menores puntajes. Porque más allá de los números, estamos hablando de personas; los puestos y puntajes son datos, pero el día a día de estas mujeres adultas, adultas mayores, jóvenes y niñas es una realidad.

Existe la impresión todavía en una cantidad de sectores, que las mujeres debemos conformarnos con ir a votar cada cuatro años para cumplir con la democracia, y que además debemos darnos por satisfechas con la cuota que históricamente nos ha asignado la sociedad. La democracia plena no se circunscribe solo al ejercicio del voto, también debe garantizar la participación máxima de las mujeres en todos los espacios políticos, teniendo la posibilidad real de postularnos y ser electas sin que eso provoque tanto asombro por nuestra condición de ser mujeres y porque nos atrevemos.

Por consiguiente, es importante revisar la participación de las mujeres en democracia y vincularla con las categorías del citado informe:

i. Participación en la elección de las autoridades políticas: en este aspecto debemos incluir el derecho a la educación cívica de las mujeres en un ambiente de equidad real y sin discriminación, que abarque su formación continua desde las escuelas hasta el sistema universitario. El disfrute de espacios libres de acoso y discriminación por género deben ser una garantía ineludible para que las mujeres de todas las edades podamos ejercer una ciudadanía plena y por ende, participar en procesos políticos con criterio y que se nos reconozca no porque somos mujeres, sino porque somos capaces. Aspectos como la pobreza y el desempleo disminuyen las posibilidades de acceso a los espacios de participación política. Como lo indica el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE),

La pobreza -y todas las carencias de salud, educación y de acceso a servicios y oportunidades que ello conlleva- afecta de forma acentuada a las mujeres, sobre todo si son el único sostén de la familia. La feminización de la pobreza es una forma de exclusión múltiple muy extendida el mundo, que se agrava para las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes. A la discriminación por su género se le suma la derivada de su etnia o raza, su nacionalidad, su edad, su condición socioeconómica, entre otras (IFED, 2020, p.13).

ii. Posibilidad real de postularse y de ser electas en cargos de elección popular. Hay que reconocer que nuestro país ha incrementado la participación de las mujeres en algunos cargos específicos como los puestos legislativos, pasando del 14% en 1996 a un 46.6% en 2018 (IFED, 2020, p.15). Lo anterior no se evidencia de igual manera en puestos municipales en los cuales, en el 2020, solo 9 alcaldesas fueron electas en comparación con 73 alcaldes. No obstante, en el caso de los cargos de menor rango como las regidurías y sindicaturas, la representación total de las mujeres es de un 48% (TSE, 2021). El principio de paridad de género y los mecanismos de alternancia son importantes como elemento detonante, pero no garantizan per se la posibilidad de participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones, tanto por las limitantes en la organización política de los partidos como por lo cerrado de los espacios democráticos para elegir a las mismas autoridades partidarias, incluyendo el acceso a recursos para postularse y mantener una militancia política. Es decir, ¿cómo tener madurez política para participar en puestos de elección si estamos afectadas por la pobreza, el desempleo, la discriminación, la violencia y el acoso? Se manifiesta un contexto limitante que aleja las posibilidades de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades de participación, postulación y elección.

iii. Aunado a lo anterior se han esbozado una serie de expectativas acerca de las cuotas en los puestos de elección dentro de los partidos políticos como si esa disposición por sí misma (per se), garantizara la equidad de género. Hay discusiones centradas acerca de los espacios que deben ocupar las mujeres para cumplir con la legislación, incluso en la misma organización de los partidos políticos que se resisten de manera solapada a abrir espacios a la participación femenina. Se nos sigue viendo como el “sector mujer” cuando la realidad es que nosotras, las mujeres, no representamos un sector sino que estamos en todos los sectores de la sociedad y de igual forma aportamos a la economía, la política, la cultura, la educación, las ciencias y la tecnología entre otros. También estamos incluidas en el sector de trabajo doméstico no remunerado, y aunque pueda parecer extraño al considerarse que eso es algo que hacemos de todas formas, se debe resaltar que también aportamos desde esa área al desarrollo. Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en 2017 el aporte de las mujeres con el trabajo doméstico no remunerado representa el 25.3% del PIB (BCCR, 2021)

iv.Apropiación y goce pleno de las libertades civiles en las cuales incluimos la garantía a la integridad física y varios derechos: a la vida, al honor, a la seguridad ciudadana, a la protección estatal, a la comunicación efectiva, a un hogar y a una vida digna.

En este aspecto, Costa Rica tiene una enorme deuda con las mujeres. Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y  Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en el periodo 2007-2020 se han registrado 367 femicidios, un dato desgarrador que representa el extremo de la violencia contra las mujeres. Lo anterior se suma a los casos de inseguridad ciudadana, acoso callejero y violencia intrafamiliar, este último con una incidencia de 133 solicitudes de medidas de protección por día y a los casos de  delitos sexuales, donde sólo en 2019, se registran 9.996 casos según los datos del Observatorio. Esos datos se refieren a lo registrado, quedando invisibilizados y no-cuantificados aquellos que no son denunciados; aun así, los números son un indicador claro de un problema cada vez más serio. Nuevamente, el verdadero problema no está en los fríos números sino en las personas afectadas en la vida real. Los números son datos mientras que las vidas son de personas reales, de carne y hueso: mi familiar, mi amiga, mi compañera, mi vecina…todas existen y  están también en todos los sectores.

Estamos ante un Estado incapaz de proteger los derechos civiles de las mujeres, ante una ciudadanía lenta en realizar un cambio cultural y ante unas organizaciones políticas tímidas, tanto en condenar la violencia contra las mujeres como en garantizar que haya espacios libres de acoso, discriminación y violencia para que participen, se postulen y sean electas con las condiciones mínimas de protección de sus derechos civiles. Que además haya justicia real, pronta y cumplida y que más allá de los discursos y textos, las acciones se establezcan de manera integral, democrática, urgente y efectiva para sostener esta avalancha.

iv. Participación en el Gobierno. El aporte de las mujeres a la administración y construcción de políticas públicas en Costa Rica, si bien es cierto, representa una de las participaciones femeninas más altas en la historia, alcanza apenas un 38% del Gabinete del presidente Carlos Alvarado (Presidencia de la República, 2021). Hay una deuda histórica con el reconocimiento de los aportes profesionales que hacemos las mujeres a la vida pública; por lo que es necesario que el país revise la forma en que se realizan los nombramientos de las personas representantes de la ciudadanía. Las instituciones estatales y los nombramientos en Juntas Directivas deben ser ejemplarizantes en el reconocimiento de los aportes de las mujeres en razón de su capacidad, experiencia y otras habilidades.

De acuerdo con los aspectos analizados se pueden esbozar algunos desafíos si queremos garantizar que el país obtenga un privilegiado lugar dentro de los países con democracia plena, pero sobre todo, una democracia que sea participativa y equitativa más allá de los datos y con visión de futuro. Cito los siguientes desafíos a la luz del Informe:

i. Garantizar el acceso a la educación a las niñas y el acompañamiento a las adolescentes y jóvenes en general para que convivan en espacios en igualdad de condiciones, con una formación cívica sin estereotipos ni discriminación.

ii. Erradicar la discriminación, el acoso y la violencia contra las mujeres de todas las edades en los espacios de participación ciudadana y política.

iii. Sensibilizar a las autoridades de los partidos políticos para que abran espacios de participación efectiva a las mujeres, pero especialmente, a las mujeres jóvenes que impulsen un cambio cultural y que renueven las estructuras partidarias garantizando la equidad en los puestos. Ese cambio es significativo si queremos más mujeres postulándose a puestos de elección popular y accediendo a los recursos con que disponen las estructuras políticas para sostener sus candidaturas. La garantía de participación debe darse en los partidos políticos, quienes deben apoyarlas para que haya en la sociedad un cambio verdadero y sostenido. Al mismo tiempo, deberán los partidos aprovechar al máximo y mantener activas a sus mujeres adultas y adultas mayores para que continúen aportando y enriqueciendo el proceso de desarrollo con base en su amplia experiencia y conocimiento. En el ámbito de la política, debe además tenerse claro de una vez y por todas, que la vocación al servicio, a la ciudadanía, al prójimo y a la Patria, no tiene edad ni caducidad.

iv. Visibilizar a las mujeres no como una cuota, sino como una representación que está en todos los sectores de la sociedad. La apertura de oportunidades legítimas debe darse sin pretender cumplir con un número mínimo de mujeres en los puestos de elección; debe ser una dinámica amplia, diversa y equitativa que incluso tienda a aumentar los números y no a cumplir con un mínimo rasante.

v. El Gobierno debe ser ejemplarizante y revisar el nombramiento de las mujeres en los puestos del Gabinete Presidencial. Aunque las cuotas hayan servido para abrir espacios en el pasado, lo anterior no debe hacerse por cumplir con la mismas, sino por garantizar que si la mayor afectación de pobreza, desempleo, violencia y discriminación está incidiendo sobre las mujeres, eso conlleve a un cambio en las políticas públicas a partir de mujeres de los diversos sectores que lideren esos procesos. La feminización de la pobreza debería tener una contraparte de feminización en los puestos de Gobierno en dónde la sensibilidad, capacidad y otras fortalezas de las mujeres se impregnen en más y mejores políticas públicas.

A las puertas de una campaña política nacional, debemos incentivar y activar las mejores prácticas posibilitando la participación real de las mujeres y atreviéndonos a ver más allá de las cuotas; de pronto habrá más mujeres que la cuota establecida y estaremos de verdad hombro a hombro, jalando la carreta en forma sostenida, sin números y restricciones ni mínimas pero tampoco máximas como ciudadanas de pleno derecho.

Si queremos cambiar la historia del país, debemos comenzar por cambiar nuestras familias, centros educativos, y otros espacios de participación política y ciudadana. Una democracia plena no debe ocultar su rostro ni bajar la mirada cuando le consulten por los derechos civiles y políticos de las mujeres. No debe lamerse las heridas y conformarse con un lugar privilegiado en los rankings internacionales mientras feminizamos la exclusión de los espacios educativos, de formación ciudadana y política. No debe sonrojarse por la desigualdad, la discriminación, los femicidios, el acoso callejero y la violencia intrafamiliar. Una democracia plena es aquella en la que, sin distingo de condición humana, procedencia, edad,  género o diversidad sexual, todas las personas disfrutan el derecho a una ciudadanía plena para vivir en igualdad y equidad de condiciones.

El disfrute pleno de los derechos de las mujeres no es un dato más, no constituye un privilegio en las sociedades modernas ni una cuota mínima, mucho menos una sectorización que nos confina y determina. El disfrute pleno de los derechos de las mujeres en este 8 de marzo y todos los demás días del año, es una obligación en un Estado Social de Derecho en la Patria que amamos.

 

Referencias


En esta edición también contamos con artículos de las siguientes colaboradoras:
Abril Gordienko López, Alicia Fournier, Ana Victoria Badilla, Arabella Salaverry, Arlette Pichardo, Dinorah Cueto Cabrera, Elizabeth Jiménez Núñez, Gabriela Giusti, Gloria Bejarano, Inés Revuelta, Jeannette Ruiz, Kattia Martin Cañas, Lilliana Sánchez, María Laura Arias Echandi, María Laura Sánchez, Marinela Córdoba, Marta Acosta, Marta Núñez Barrionuevo, Natalia Díaz Quintana, Sofía Argüello Madrigal, Valeria Madrigal y Waizaan Hin Herrera,

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