Inés Revuelta: Hacia un nuevo Pacto Social por la Cultura (I Parte)

Una necesaria reflexión hacia el Bicentenario.

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Inés Revuelta Sánchez, Académica UNA.

Reflexionar acerca de la necesidad de que el país convoque a un nuevo pacto social por la Cultura no será un tema tratado y acabado en el presente artículo. Un planteamiento en este sentido, necesariamente debe nutrirse del pensamiento de muchos sectores sociales, políticos, económicos, ecologistas, académicos, ciudadanos y especialmente, de la voz de las personas que integran y se sienten parte del sector artístico y cultural en su más amplio espectro. Sin embargo, es necesaria una idea y una propuesta que enrumbe hacia una nueva visión y liderazgo de cara no sólo a la Costa Rica del Bicentenario, sino también a la Patria que aspiramos y merecemos.

La propuesta debe nutrirse de una visión que se una con tantas otras como sea posible, y que permita construir en forma colectiva, uniendo las vocaciones y aspiraciones que como sociedad hemos recogido a lo largo de casi 200 años de historia independiente y evitando además, caer en superficialidades que invisibilicen el legado histórico de nuestros antepasados. Al mencionar a quienes nos han antecedido, debemos incluso ir más atrás de estos últimos 200 años, elaborando sobre la base de un contexto cimentado incluso en los pueblos indígenas prehispánicos al considerar que a partir de la imperiosa fuerza con la cual se enfrentaron a los colonizadores, el proceso fue parcial y los indígenas pudieron reorganizar su sociedad en las zonas sin influencia española (Solórzano, 2013, p.xiii). Por eso, sigue prevaleciendo una identidad cultural diversa que debe ser incorporada y visibilizada en toda su extensión histórica y geográfica en esta visión cultural del país; los pueblos originarios también son parte de nuestra Costa Rica y por eso se debe en un planteamiento como el que aquí se propone, contar con una visión inclusiva a todo nivel y grupo social en nuestra historia. Es así como en este primer y en un segundo artículo, presentaré un contexto integral, conceptual, estructural e histórico de cara a este planteamiento.

De igual forma, como es mi deber y compromiso, abordaré en una tercera publicación el aporte de las mujeres a la cultura desde una perspectiva histórica, pues siempre nos encontramos vestigios que invisibilizan en forma intencional o no, la contribución de personas ilustres como nuestras maestras humanistas, escritoras, escultoras, pintoras, poetisas, dramaturgas, coreógrafas, artesanas entre muchas otras  mujeres aguerridas y políticas en sus manifiestos de vida y oficio quienes con profesiones y oficios diversos, promovieron el cambio cultural y normativo para mejorar la vida ciudadana y aportar a la construcción de la Patria.

A partir del preámbulo anterior, es importante aclarar que el contexto histórico en el cual nos situamos en este primer artículo reconoce en primera instancia que nuestra historia data mucho más atrás de doscientos años y a partir de esta afirmación, se ubicará en un “fast forward” para situarse desde los eventos o hitos históricos post independentistas hasta nuestro presente, tratados en forma global para concretar el objetivo del artículo con un fundamento histórico, teórico y epistemológico.

Cabe acotar que se tomará como corolario del análisis, la Política Nacional de Derechos Culturales promulgada por el Ministerio de Cultura y Juventud en el año 2013. No obstante, la revisión histórica nos permitirá develar las aspiraciones, influencias y necesidades que se desprenden de un proyecto cultural para nuestro país y que debe, al cierre de lo que considero un primer ciclo, someterse a revisión, análisis y re-construcción con una experiencia nacional e internacional ante la crisis económica que está en ciernes de consolidarse por la Pandemia del COVID-19.

Decía Borges que “antes de ver el mar, el viajero siente una agitación en la sangre” (Borges, 2017, p.203), y así me siento cuando debo adentrarme en los episodios más productivos para la cultura costarricense como fueron los hitos que promovieron una política liberal en el Siglo XIX y en la primera mitad del Siglo XX con la denominada crisis del Estado Liberal (Cuevas, 1998, p.1), así como cuando me detengo a rememorar el aporte de las y los maestros humanistas de la Escuela Normal de Heredia y el Pacto Social, con fundamento social-cristiano en la década de los cuarenta, entre otros eventos de nuestra historia patria.

De acuerdo con Molina citado por Cuevas, hubo dos fases que marcaron la historia cultural del país en los Siglos XIX y XX, a saber; la primera de 1880-1889 en donde se consolida la instauración de la nación costarricense, se da un fuerte impulso a la alfabetización popular y se delimita la influencia de la Iglesia Católica en las decisiones políticas, educativas y por ende, culturales del país; una segunda fase abarca los primeros años del Siglo XX y tiene dos hitos importantes, la radicalización de ciertos círculos intelectuales y la irrupción de la cultura de masas (Cuevas, 1998, p.1). Es decir, se promovió una visión más cohesionada de la nación en términos políticos y sociales, incluyendo la educación y la cultura; considerando, que el país carecía de una identidad propia en parte, debido a la ausencia de un proceso de independencia heroico, entendido esto como producto de una guerra o combate, que estuviese marcado por un sentimiento de lucha nacional.

Por eso, algunas de las ideas se concretaron en la creación de la Universidad de Santo Tomás y se empoderaron con el surgimiento del grupo denominado como la Generación del Olimpo (1890-1920), como un medio para influenciar socialmente el desarrollo cultural con una visión elitista para la época. Estos hechos los analizará Dengo (2011, p.109) más adelante, así como la influencia de Osejo, su primer rector y sus ideas republicanas y de libertad ligadas al espíritu ilustrado. Se consolida sobre esta base caracterizada por propios y extraños como portadora de una fuerte integridad ciudadana, el Estado de Derecho.

Aunque para Cuevas “…este proceso de cambio cultural formó parte integral de los procesos de transformación que sufría la sociedad costarricense en la segunda mitad del siglo XIX, y fue impulsado por los intelectuales liberales, para quienes la cultura fue un elemento básico en la consolidación de la nación” (1998, p.3),  Alberto Cañas, don Beto, define parte de ese periodo en forma contundente y clara:

¿Y qué sucedió entre 1821 y 1896? ¿Qué hicieron los costarricenses? ¿A qué se dedicaron? Bueno, se dedicaron a muchas cosas. Se dedicaron a expulsar a los filibusteros de Centroamérica y se dedicaron a construir una República. En lo que era en 1824 un barrial sin aceras ni vidrios en las ventanas, sin herramientas de metal sólo de madera, cincuenta años después construyen lo que un viajero alemán llama “la más linda capital de Centroamérica”.

¿Cómo lo hicieron? (….) Y a 8 años de la muerte de Guardia el gobierno llama a elecciones, las pierde, lo admite y le entrega el poder a la oposición. Pocos meses después ordena construir un Teatro Nacional, y unos años después se produce un primer libro de literatura. Es decir, como que en 1890 hubieran dicho: “Bueno señores, ahora sí: ya tenemos una República, empecemos a escribir literatura porque hasta el momento no hemos tenido tiempo de hacerlo”. Y comenzaron. (Cañas, 1992).

Esta visión de don Beto es decisiva en el sentido de que la Cultura fue el producto del asentamiento de las bases políticas, sociales, económicas, institucionales y jurídicas. Se dio como un proceso orgánico después de haberse instaurado la educación pública, alfabetizado, invertido en el saneamiento y en la democratización, es decir, lo que él llama un proceso nacionalista de la Cultura que se sirve de su gente y para su gente, el cual se desarrolló con poca influencia externa o si acaso, muy tardía y con pocos efectos sobre el incipiente gremio intelectual y artístico de la época. Como muy bien lo indicó en su escrito don Beto, “En 170 años, los costarricenses hemos demostrado que sobre un barrial se puede construir una República, y cuidado si no también una cultura” (Cañas, 1992).

Otros enfoques complementarios los encontramos en María Eugenia Dengo y Arnoldo Mora. Para Mora (1993, p.123) el cierre de la Universidad de Santo Tomás privó al país de un centro educativo de educación superior durante más de cincuenta años. No obstante, eso no despojó al país de la posibilidad de que, durante finales del siglo XIX y principios del XX hubiese un fuerte debate para la consolidación de una identidad cultural, en la cual tuvieron gran influencia las maestras y maestros humanistas formados en las aulas de la Escuela Normal de Heredia y que a su vez, se convirtieron en “maestros de maestros, ideólogos de generaciones de dirigentes políticos, respetados fuera de nuestras fronteras, indiscutibles clásicos de nuestra literatura en casi todos los géneros literarios” (pp.163-164). Para Mora, este fue un punto de origen de un pensamiento cultural que se incubó y que dio sus frutos con el restablecimiento de la educación superior y la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940.

Para Dengo (2011, p.196), refiriéndose a la Escuela Normal creada en 1914, la influencia en lo cultural y  en lo educativo se debe a la introducción de nuevas corrientes pedagógicas y un nuevo pensamiento en la educación, así como a la gran influencia de sus directores Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, Carlos Gagini Chavarría y Omar Dengo Guerrero. Este fue un periodo denominado como la “Edad de Oro” de nuestra educación, con una fuerte vocación humanista e intelectual que influyó en la formación de las maestras y maestros, pero también de los políticos y en la fundación de instituciones, en un periodo en el cual se carecía de una universidad de estudios superiores. Esta fuerte influencia marca también a las letras y el arte en general así como a todas aquellas manifestaciones culturales que anteceden a la fundación de la Segunda República y a la concreción del Pacto Social. Así como la Generación del Olimpo fue parte importante hacia el Estado de Derecho, la Generación de los Cuarenta se integra en este periodo y es protagonista de cara al Estado Social. A partir de hitos como estos, se podría concluir que como resultado de esta historia compartida y de una tradición muy costarricense que  busca siempre mezclar las cosas de la mejor manera, nuestro país también logró conjuntar el Estado de Derecho y el Estado Social hacia un Estado Social y de Derecho, que es al cual nos referimos en estos tiempos. De todas formas, siempre hemos sabido generar simbiosis hasta en la forma de hacer Patria.

De lo más representativo del ser costarricense, se puede destacar la capacidad e inclinación por generar pactos. Ante una disyuntiva, vamos siempre por el pacto. Ante una duda, conciliamos y pactamos. Más vale un buen acuerdo, que un mal pleito. Ni si, ni no: mejor el pacto. Y eso se ha traducido a prácticamente todo en la vida política, social y ciudadana; en nuestro imaginario, esa es una fortaleza y va asociado con la democracia. Y es así como también hemos desarrollado pactos en todos los niveles y proporciones, desde lo más sencillo a partir de un acuerdo entre amigos hasta los pactos políticos de connotación compleja. En este sentido, tal y como lo indica Vladimir de la Cruz (2020), “La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual”.

Ese así como De la Cruz nos ubica muy precisamente al manifestar que estamos en presencia de,

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue el que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

(…)

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

Para el historiador, después de la Constituyente y muy a pesar de las crisis políticas y económicas sufridas en las últimas décadas, no se ha minado un pacto social que se consolidó en nuestra Constitución Política y que demanda, a las puertas del Bicentenario, un nuevo gran acuerdo nacional que fortalezca la democracia, la participación multisectorial y por ende, que contribuya con ejes vitales,  como lo son la generación de empleo, la reducción de la pobreza y por qué no, la Cultura.

Llegado a este punto, el recorrido histórico nos sitúa propiamente en el pacto social y cultural inicial que se fundamentó en nuestra Constitución Política. Para Montero citando a Cuevas (2006, p.2), el artículo 89 de nuestra Carta Magna establece algunos preceptos normativos como son los siguientes: El derecho de los ciudadanos a integrarse a la cultura, el fin del Estado de proteger la riqueza histórica y artística del país, el derecho de todo ciudadano a cultivar las artes y fundar establecimientos para su enseñanza y el apoyo de la iniciativa privada para el progreso en las ciencias y en las artes como un fin del Estado. Asimismo, para el autor resulta meritorio determinar cómo los gobiernos municipales tienen una obligación de promover la cultura para que, en función de un ente descentralizado, se puedan gestionar los intereses de cada territorio bajo unas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, en armonía con sus posibilidades, condiciones y características específicas. Es decir, que haya una ejecución más cercana a la comunidad y a las necesidades que esta haya manifestado en temas de arte, deporte, ciencia y cultura.

Otro de los aportes de Montero es la revisión minuciosa de la normativa vinculante con el quehacer cultural, en particular en lo relacionado con el patrimonio documental, el patrimonio histórico–arquitectónico, el patrimonio arqueológico y el lingüístico. De igual forma hace una revisión de la legislación complementaria que, transversalmente, fortalece el quehacer cultural desde la niñez, la persona joven, las mujeres y las personas con discapacidad entre otros grupos y sectores.

Esta revisión nos ofrece un vínculo normativo que se estableció en el Pacto Social y que se hace tangible mediante una normativa que regula, promueve, establece obligaciones y derechos de todos los actores sociales en el quehacer de la Cultura. Es decir, da sustento normativo a un pacto que no debe ser un mero marco filosófico o teórico, sino que debe verdaderamente considerar e incluir las redes sociales, empresariales, comunales y familiares.  Como lo visionaba don Beto Cañas: salida de los mismos barriales del país. Ahora bien, con el anterior marco referencial histórico y normativo deberíamos pasar a una segunda parte en la cual iniciemos definiendo el término Cultura, los ejes como política de Estado y las necesidades plausibles de reflexionar, a partir de interrogantes generadoras hacia un nuevo Pacto Social por la Cultura.

Para Alpízar (2019, p.3), “La palabra “cultura” ha tenido una enorme cantidad de usos, los cuales van desde lo popular a lo elitista, desde lo literario a lo científico”. Para el autor, mencionando a Martínez, pueden existir dos acepciones a la palabra cultura:

(…) la primera es restringida y excluyente; la segunda es abierta e inclusiva. Señala que “cultura” tiene el origen en la voz latina “cultus”, cuyos significados originales son “de realizaciones intelectuales y artísticas”, las cuales deben ser desarrolladas o cultivadas; así como la capacidad para comprender y disfrutar de ellas (Alpízar, 2019, p.13).

(…)

Este debate semántico también está presente en Costa Rica, por lo que el Ministerio de Cultura debe manejar ambos discursos. Por un lado, el Instituto Nacional de la Música y el Museo de Arte Costarricense, cuyos fondos están garantizados por ley, muestran un enfoque más cercano a la acepción restringida de cultura, universalista y académico. Al mismo tiempo, iniciativas como los “Puntos de Cultura” y los “Portadores de Tradiciones”, se decantan por el rescate del arte popular como transmisor de identidad más local, en el sentido antropológico del concepto (Alpízar, 2019, p.14).

Para el Ministerio de Cultura y Juventud en su Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 (p.13), el concepto de cultura es polisémico y se basa en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO 2005. Le establece algunas características básicas como: la cultura es portadora de identidades, valores y significados; la cultura es una «característica esencial de la humanidad»; reconoce derechos humanos culturales y se establece la responsabilidad de los Estados de garantizarlos y de las personas, grupos sociales, las comunidades, pueblos y poblaciones particulares de defenderlos y exigirlos; la cultura es un factor de cohesión social y un recurso dinamizador de los aportes simbólicos y materiales; la cultura constituye la base de los procesos creativos de la humanidad y permite imaginar, comunicar, difundir ideas, conocimientos y aprendizajes (MCJ, 2013, pp.13-14).

Esta definición se enmarca en un contexto que no debe obviar el desarrollo de nuestro país en la segunda mitad del Siglo XX, pues hubo una serie de condicionantes políticos, económicos y sociales que han determinado el enfoque y ejecución de los programas culturales, no sólo por el nuevo liberalismo que imperó en el país después de la crisis del 81,si no que, y como bien lo afirma Alpízar (2019, p.17), el país optó por dos corrientes a saber: una proteccionista que va desde 1940 a 1970 y la segunda más liberal y posterior con fuerte influencia de los organismos internacionales que promovieron la globalización y apertura de mercados, especialmente durante y después de los fuertes ajustes estructurales que tuvo que vivir el país. Un contexto convulso en medio del cual se creó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971 y se inició una corriente de fundación de instituciones culturales que conformaron el andamiaje requerido para promover una política cultural, que no era ajena en el país, pero que hasta ese momento no estaba institucionalizada.

Es importante anotar, que la tendencia reduccionista del Estado que se gestó a partir de la década de los ochenta, amenazó la estructura y funcionalidad de muchos ministerios, incluyendo el de Cultura, Juventud y Deportes. Por eso, para De la Cruz:

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional (De la Cruz, 22 de abril, 2020).

El  panorama anterior expuesto por don Vladimir, es afín con la Costa Rica que se presta a celebrar el Bicentenario de su Independencia, llena de retos y tareas pendientes en materia tan importante como la reducción de la pobreza, la generación de empleo digno e igualitario y el fortalecimiento institucional como sostén del Estado Social y de Derecho.

A partir de este contexto histórico, en el siguiente artículo desarrollaré lo relacionado con los alcances de la Política de Derechos Culturales 2014-2023 y algunos elementos básicos que debería incluir un nuevo Pacto Social por la Cultura, como un eje de reflexión  que se proyecte al Bicentenario e incluso, más allá de este.

Nota de la autora: la recopilación de las fuentes consultadas se efectuará en el último de los tres artículos que conforman esta trilogía.

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