Lilliana Sánchez: Inseguridad ciudadana, un tema recurrente

Lilliana Sánchez B., Politóloga (Msc.).

Según la última encuesta de opinión pública de CID GALLUP del mes de Enero de 2019, el clima de inseguridad ciudadana que se da en el país constituye una de las problemáticas más graves de atender.

Este tema se ha presentado a los ciudadanos por medio de una gran demagogia, basada fundamentalmente en respuestas de “mano dura” y tolerancia cero contra los delincuentes para los a ciudadanía en medio de una gran demagogia, basada principalmente en respuestas de “mano dura” y tolerancia cero contra los delincuentes y por otro lado, respuestas simplistas fundadas en aumento de penas y reducción de garantías judiciales.

Otros han atribuido que la inseguridad ciudadana es causada por jóvenes y adolescentes, y actualmente a los extranjeros, sobre todo nicaragüenses, que según algunos son responsables de los delitos más graves.

Estas respuestas demagógicas y simplistas, cargadas de prejuicio, son incompatibles con nuestro Estado de derecho y nuestro sistema de garantías judiciales, que responden a mandados constitucionales y obligaciones internacionales.

La realidad es que la inseguridad ciudadana es una respuesta a la desigualdad social. Mientras continuemos por el camino de la pobreza y la falta de oportunidades para todos los ciudadanos, continuaremos con una inseguridad manifiesta en todas sus aristas. El hambre debe de ser saciada no importando cómo.

Oportunidades para todos, ese es el único camino adecuado para que la inseguridad ciudadana desaparezca de nuestras comunidades.

Ante esta situación, propongo seis ideas fundamentales para dar respuesta a esta grave problemática, o por lo menos evitar su aumento:

1. Se debe continuar con reducción de la desigualdad económica y social. Está comprobado: Brasil es el ejemplo de que la seguridad ciudadana no es solo un problema de ley, justicia penal y castigo. Por el contrario, la mejor estrategia es buscar un mayor y más equitativo bienestar social de toda la población, lo cual se logra principalmente a través de educación y empleo.
2. Debemos formular y aplicar una estrategia preventiva, focalizada en niños y jóvenes, especialmente los que se encuentran en riesgo social. Mantenerlos en las escuelas y colegios, pero sobre todo devolver a las aulas los 35.000 adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, que abandonaron los centros educativos.
3. Orientar la política criminal y de persecución penal, en la búsqueda de soluciones para el conflicto que genera el delito. Con una participación activa y decisiva de la víctima, una justicia penal orientada más en la reparación del daño a la víctima que en la represión. Para eso nuestra legislación cuenta con importantes institutos procesales, como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño, que deberían alentarse su uso en la mayoría de los casos.
4. La reducción al extremo máximo de la pena de prisión. El uso o abuso de la prisión preventiva y de la pena de prisión, no produce menos delito ni mayor seguridad ciudadana. Por el contrario, la prisión es un factor de riesgo causante de más delito y más víctimas. Por eso la política criminal moderna se basa en la integración social, no en la exclusión, que produce la prisión.
5. Una política restrictiva sobre las armas de fuego. Naciones Unidas estima que más del 50% de los homicidios en el mundo se ejecutan por medio de armas de fuego.
6. Debemos nuevamente estructurar a lo interno el Ministerio de Seguridad Social como existió durante la Administración Chinchilla Miranda, en donde se garantizó una muy clara asignación de responsabilidades: por un lado un Viceministerio a cargo de la coordinación de unidades especiales: la Policía de Control de Drogas, Guardacostas, Sección Aérea, que hacía como parte funcional de entidades como la DIS y el OIJ, para la atención del crimen organizado, y otro Viceministerio con rectoría sobre la policía uniformada a cargo de las tareas operativas de la Fuerza Pública.

Este es uno de los retos fundamentales a los que debemos responder con prontitud, considerando realmente una visión país. Debemos continuar por el camino de la convivencia social en paz y justicia social para todos los habitantes de nuestro querido país.

Además debe mejorarse la información, asistencia y protección de las víctimas y testigos en los procesos penales, sin duda alguna tendrá un efecto inmediato y relevante en la reducción de las cifras de impunidad del delito.

En cuanto a la materia de criminalidad organizada se reconoce la debilidad del Estado costarricense para enfrentar un problema que amenaza con afectar la integridad de nuestras instituciones y que cada vez desencadena más cuadros de violencia social. Se plantea así una reforma legal profunda, que dé a las autoridades las herramientas jurídicas y tecnológicas para enfrentar -en el marco del Estado de Derecho- el fenómeno de la delincuencia organizada.

La inseguridad ciudadana efectivamente es uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad. No por ello debemos ser indiferentes. Los ciudadanos debemos coadyuvar en su resolución. Solo de esta forma y con reformas legales concretas y eficaces podremos dar un salto cuantitativo que nos lleve nuevamente a vivir en paz.

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