Integridad y dignidad de personas mayores se ven amenazadas en época de crisis por Covid-19

 Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe (ALC) exigen garantía de derechos para las personas mayores en este momento de emergencia sanitaria.  La Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) forma parte de la Red CORV, que agrupa a quince (15) representaciones de ONG, fundaciones, universidades, corporaciones, personas profesionales, académicas, investigadoras y organizaciones de personas adultas mayores de ALC.

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La Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (Red CORV) afirma que, frente al Covid-19, “en la Región la respuesta de las autoridades gubernamentales y la reacción de la ciudadanía ha sido muy diversa y dispersa: en unos países se ha actuado con prontitud y responsabilidad estableciendo estrategias de contención y mitigación; en otros casos, se han subestimado los efectos de la enfermedad, con la clara intención (declarada públicamente), de asegurar la continuidad de la actividad económica por sobre la protección de la salud y vida humanas.” 

La Red CORV advierte que la respuesta regional a la crisis es débil desde el enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas mayores. 

Este organismo asegura que, aunque las medidas de protección de las personas adultas mayores como población de riesgo ante el Covid-19 son correctas y prioritarias para contener la expansión del coronavirus, “es posible advertir que estas recomendaciones conllevan una gran carga de mitos y estereotipos, presentes aún en declaraciones de funcionarios públicos y en campañas de instituciones públicas. Disposiciones que, además, terminan anulándoles y fomentando las diversas formas de discriminación, las mismas que se han tratado de combatir durante décadas.” 

«Es indiscutible que todas las personas deben acatar las medidas de aislamiento social para impedir la transmisión de la enfermedad porque cualquier persona es vulnerable frente al nuevo coronavirus. Sin embargo, no se debe generalizar esa vulnerabilidad a todas las personas adultas mayores, pues esto conduce a reforzar ideas falsas sobre el envejecimiento y la vejez que, fácilmente, llevan a discriminar a las personas por su edad y, por ende, a violentar sus derechos humanos», señala Fabián Trejos Cascante, gerente general de Ageco. 

Además, la Red CORV denuncia que, con esta crisis sanitaria, quedan expuestas las limitaciones de muchos sistemas de salud de ALC, específicamente, de aquellos Estados y Gobiernos que han hecho caso omiso a los acuerdos internacionales suscritos para garantizar el derecho a la salud y demás derechos relacionados que tienen las personas mayores. 

Es por ello que, en una declaración conjunta, esta red demanda y exige a Gobiernos, Estados y Organismos Internacionales diez acciones fundamentales en la gestión de esta crisis sanitaria en relación con las personas mayores: 

1. Urgente atención a las fallas de los mercados de suministros médicos. Que regulen para que exista una distribución con mayor equidad en el acceso a materiales, tratamientos médicos, y en general, al conocimiento y uso de los avances científicos para enfrentar al COVID-19. 

2. Requerimos cambios urgentes para que se logre una modernización de los sistemas sanitarios acorde al enfoque de derechos a la salud. En este debate las personas mayores deben tener una participación visible y directa. 

3. Urgente fortalecimiento de la salud pública en los países, y no permitir que se aproveche la situación para seguir privatizando los servicios de la salud, y especulando con los precios de insumos, materiales y equipamiento. 

4. Que a todos los/as trabajadores, funcionarios, cuidadores, vinculados a los sistemas de salud se les respeten sus derechos laborales. Es urgente la asignación oportuna y adecuada de los implementos necesarios y suficientes, para el desarrollo de su labor, en garantía de la preservación de su salud, y de la atención a los enfermos. Así mismo, la implementación de acciones que acaben con la discriminación de la que están siendo objeto, tanto ellos, como aquellas personas que realizan labores de cuidado informal. 

5. Cambiar ya el enfoque subsidiario y asistencialista de las políticas de vejez y envejecimiento, por un enfoque de derechos real y efectivo, que promueva la reducción de la desigualdad y la inequidad. 

6. Que no prime lo económico sobre los derechos de las personas adultas mayores, sobre todo a la vida y a la salud, de acuerdo con lo definido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC, y las Observaciones Generales, en especial la N0.14, así como los demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

7. Que las personas adultas mayores sean tenidas en cuenta como sujetos de derechos, respetando su individualidad y diversidad, y garantizando su participación en la toma de decisiones. 

8. Basta de seguir aplicando medidas genéricas, entre ellas la recomendación de aislamiento social para las personas adultas mayores, sin planes de atención integrada. 

9. Exhortamos a que se frenen los aterradores y catastróficos mensajes de discriminación hacia las personas adultas mayores, cuyos contenidos plantean que la vida de los jóvenes es más importante, y por tanto, deben hacerse a un lado y dejarse morir. Así mismo, las acciones antiéticas encaminadas a decidir sobre la vida de las personas mayores. 

10. La edad no puede ser un criterio que se incluya para la distribución de los recursos de atención prioritaria. El derecho a la vida es un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible. Lo tiene todo ser humano sin distinción y no puede ser violado por ningún protocolo científico, ético o sanitario, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Desde 1998, la Red CORV impulsa la defensa de los derechos de las personas de edad y monitorea el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de envejecimiento y fortalecimiento de redes nacionales de personas mayores e instituciones de la sociedad civil. Quince (15) países tienen representación en la red: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Martín y Uruguay. 

Mónica Montero Corrales 

 

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