«Tan grave como equivocarse en materia económica es trivializar los principios sobre los cuales descansa la democracia.»
Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
La estabilidad económica no puede construirse sobre el deterioro de los servicios públicos, el sacrificio del patrimonio nacional y el desprecio por los principios democráticos.
Hay ideas que nacen del análisis técnico y otras que parecen surgir de una peligrosa desconexión con la realidad cotidiana de la ciudadanía. Las recientes ocurrencias del ministro de Hacienda pertenecen, lamentablemente, a esta última categoría.
En pocos días el país ha escuchado una sucesión de propuestas que incluyen gravar con mayor carga tributaria productos esenciales de la canasta básica, profundizar recortes presupuestarios sobre instituciones fundamentales del Estado, acelerar la venta de activos públicos y ampliar las potestades de la administración tributaria bajo el argumento de enfrentar la crisis fiscal. Cada una de estas iniciativas, considerada aisladamente, merece un debate amplio. Juntas, revelan una visión de Estado donde el equilibrio de las finanzas parece haberse convertido en un fin en sí mismo, incluso a costa del bienestar social y del equilibrio democrático.
Nadie discute que Costa Rica debe mantener responsabilidad fiscal. Lo cuestionable es la lógica según la cual los problemas estructurales de las finanzas públicas se resuelven haciendo recaer una parte creciente del esfuerzo sobre los consumidores, debilitando instituciones públicas o desprendiéndose de activos construidos durante décadas con recursos de toda la sociedad.
Resulta particularmente preocupante que se pretenda revisar las exoneraciones de productos de la canasta básica. La tributación indirecta posee un carácter inherentemente regresivo: el IVA no distingue entre quien apenas logra completar sus compras semanales y quien posee altos ingresos. Aumentar el costo de los alimentos esenciales significa reducir el poder adquisitivo precisamente de quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a satisfacer necesidades básicas. No es una medida de eficiencia económica; es una decisión con profundas consecuencias distributivas.
Igualmente inquietante resulta la insistencia en aplicar recortes presupuestarios lineales. La austeridad puede convertirse fácilmente en una forma elegante de desmantelar capacidades estatales cuando no distingue entre gasto improductivo e inversión pública indispensable. Reducir indiscriminadamente recursos destinados a la administración de justicia, la fiscalización, la educación o la protección social termina trasladando costos mucho mayores a la ciudadanía, deteriorando servicios cuya reconstrucción puede tomar años.
La propuesta de vender activos públicos tampoco constituye la solución milagrosa que algunos pretenden presentar. Enajenar patrimonio estatal para atender dificultades fiscales equivale, en muchos casos, a vender la casa para pagar la tarjeta de crédito. Se obtiene liquidez inmediata, pero se sacrifican bienes estratégicos y fuentes futuras de ingresos sin resolver las causas estructurales del problema.
Más preocupante aún es la creciente tendencia a presentar estas iniciativas como si no existieran alternativas. Esa falsa dicotomía —más impuestos al consumo, más recortes o más privatizaciones— invisibiliza otras opciones igualmente legítimas: fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público mediante la evaluación rigurosa de los programas, combatir privilegios tributarios injustificados y promover una política de crecimiento económico capaz de ampliar la base tributaria sin castigar a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, el problema ya no parece limitarse al ámbito económico. Las recientes declaraciones del ministro, al aludir públicamente a la posibilidad de una «dictadura» y al eventual cierre del Poder Judicial, representan un salto cualitativo en la degradación del debate público. Independientemente del contexto en que fueron pronunciadas, semejantes afirmaciones resultan incompatibles con la prudencia y la responsabilidad que exige el ejercicio de la función pública.
Las democracias se sostienen sobre el delicado equilibrio entre los poderes del Estado, el respeto a las instituciones y la convicción de que ninguna autoridad está por encima del orden constitucional. Convertir la confrontación institucional en un espectáculo político, descalificar sistemáticamente a los órganos de control y trivializar conceptos tan graves como el de la dictadura no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que debilita la cultura democrática que Costa Rica ha construido a lo largo de generaciones.
En una democracia madura, la política fiscal no puede reducirse a una hoja de cálculo. Detrás de cada porcentaje presupuestario existen escuelas, hospitales, tribunales, carreteras, programas sociales y familias. Detrás de cada impuesto existen personas reales cuya capacidad para alimentarse, estudiar o emprender depende de decisiones tomadas desde un escritorio ministerial.
La economía debe estar al servicio de la sociedad y no la sociedad subordinada a una visión exclusivamente contable de la economía. Cuando la disciplina fiscal se convierte en dogma, pierde de vista que el verdadero patrimonio de una nación no se mide únicamente por el tamaño de su déficit, sino también por la fortaleza de sus instituciones, la cohesión social y las oportunidades que ofrece a su población.
Los disparates ministeriales no consisten únicamente en proponer medidas impopulares. Consisten, además, en socavar la legitimidad de los contrapesos institucionales, trivializar los principios democráticos y olvidar que la Hacienda Pública existe para servir al país, y no para exigir que el país se adapte, sin cuestionamientos, a una determinada visión del poder.
Costa Rica necesita responsabilidad fiscal. Pero necesita, sobre todo, inteligencia fiscal, sensibilidad social y un firme compromiso con la institucionalidad democrática, porque las finanzas públicas son un instrumento para el desarrollo humano y no un objetivo que justifique sacrificarlo.