Jan-Werner Mueller: La última oportunidad de Merkel

Ante la amenaza de un veto de los gobiernos polaco y húngaro, muchos en la UE ahora cuentan con la canciller alemana para negociar un acuerdo para asegurar la aprobación del presupuesto de siete años y el fondo de recuperación del bloque. Pero dado que la disputa involucra valores europeos fundamentales, no debería haber nada que negociar.

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Jan-Werner Mueller

BERLÍN – Se ha dicho con razón que la reunión de esta semana del Consejo Europeo es «la cumbre del Juicio Final». No sólo se produce en el contexto de una espantosa ola invernal de contagios de COVID‑19 y con la perspectiva caótica de un Brexit sin acuerdo, sino también en medio de un enfrentamiento con los gobiernos de Hungría y Polonia, que han tomado de rehenes a cientos de millones de personas con la amenaza de vetar el presupuesto de la Unión Europea para el período 2021‑27 y el fondo de recuperación para la pandemia.
Hungría y Polonia intentan evitar la aprobación de un nuevo «mecanismo de Estado de Derecho» que impediría la malversación de fondos de la UE hacia la corrupción, una práctica por la que el régimen cleptocrático del primer ministro húngaro Viktor Orbán se ha ganado mala fama. Como jefa de gobierno con más antigüedad en la UE, la canciller alemana Angela Merkel intervino para tratar de salir del atasco y pidió que «todas las partes» estén dispuestas a «ceder hasta cierto punto».
Pero ¿por qué debería la UE ceder respecto de un valor fundamental como el Estado de Derecho (consagrado en el Tratado de Lisboa)? ¿Por qué deberían los contribuyentes de la UE consentir que sus bien ganados euros vayan a enriquecer a gobernantes autoritarios y sus secuaces? En vez de confiarle a Merkel la negociación de un acuerdo, los europeos deberían recordarle que esta es su última chance de demostrar que realmente le importan la democracia y el Estado de Derecho.
Al fin y al cabo, fueron la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel y su aliada bávara, la Unión Social Cristiana (CSU), las que permitieron a Orbán crear su autocracia en primer lugar. Y la elegida de Merkel para la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es la que no supo proteger la independencia del poder judicial polaco contra el gobierno chauvinista, populista y cada vez más desafiante del partido Ley y Justicia.
La «crisis del Estado de Derecho» que se venía gestando en Europa siempre pareció más abstracta y menos urgente que otros problemas durante el largo reinado de Merkel, que abarcó la crisis del euro, la crisis de los refugiados en 2015 y ahora la COVID‑19. Pero la primera cuestión es la que supone la mayor amenaza para el núcleo moral de la UE y su funcionamiento cotidiano.
La caricatura habitual de la UE la muestra como un superestado distante y arrogante, pero lo cierto es que trabaja con y a través de los estados miembros para la implementación de las políticas comunes. Y en particular, es una comunidad jurídica, en la que los tribunales nacionales también son tribunales europeos. Este esquema no puede funcionar sin confianza mutua, porque depende de que los tribunales nacionales acepten las decisiones de jueces de otros estados miembros. Si el poder judicial de un país ha sido capturado por un gobierno autoritario que ataca a los jueces que no se le someten (como sucede en Polonia), no se puede esperar que otros tribunales acepten sus fallos arbitrarios.
La Comisión Europea es la presunta «guardiana de los tratados» que consagran los valores europeos fundamentales. Pero por lo general, a la hora de hacerlos valer frente a infracciones de estados miembros, las medidas tomadas han sido insuficientes y tardías. Tras años de que Polonia y Hungría actúen con mala fe, la Comisión sigue siendo tan ingenua de pedir más «diálogo», lo que permite a los aspirantes a autócratas consolidar su poder mediante la captura del sistema judicial y otros hechos consumados.
La inacción de la Comisión llevó a diversos estados miembros a actuar por cuenta propia. Por ejemplo, hoy la «orden europea de detención y entrega» se está convirtiendo en papel mojado, porque ya hay países que han suspendido las extradiciones a Polonia por falta de garantías de juicio justo. Este mismo mes, el parlamento de los Países Bajos pidió que el gobierno neerlandés lleve a Polonia a los tribunales por sus infracciones al Estado de Derecho, lo que puede precipitar una confrontación bilateral que no sería posible si la Comisión estuviera haciendo su trabajo.
En tanto, en una entrevista reciente, Orbán acusó a Alemania de «indiferencia intelectual», con lo que al parecer se refería a incapacidad de ver el contexto histórico e insensibilidad a las experiencias de estados miembros más pequeños. Pero Orbán no dice las cosas como son: si hubo indiferencia de Alemania, fue en relación con preservar la democracia y el Estado de Derecho en Hungría bajo su gobierno.
El descuido de los valores centrales de Europa por parte de Alemania puede atribuirse a los servicios que prestó Orbán a la industria automotriz alemana, algo que creó lo que los críticos llaman «Audi-ocracia». Es verdad que algunas figuras de la CDU de Merkel llevan tiempo hablando de «líneas rojas» que Orbán no debe cruzar, e incluso han llegado a pedir que el Partido Popular Europeo (el agrupamiento supranacional de partidos conservadores en el Parlamento Europeo) expulse al Fidesz de Orbán.
Pero Orbán nunca pagó un precio político o financiero significativo por su conducta. El resultado de este apaciguamiento, como han señalado observadores astutos, es que ahora trata a sus «socios» europeos con la misma brutalidad que a su propio país, acusándolos de convertir a la UE en algo parecido a la Unión Soviética.
Merkel ha recibido merecidos elogios por oponerse a los ataques del presidente saliente de los Estados Unidos Donald Trump a los valores liberaldemocráticos compartidos y a las instituciones internacionales, y por su determinación frente a la pandemia. También ha sido valiente al aceptar alguna forma de mutualización de deudas en el contexto del nuevo fondo de recuperación, lo cual mejorará la solidez financiera de la UE.
Pero cuando el año entrante Merkel termine su mandato, no habrá dejado tras de sí un marco coherente para sostener la eurozona o las aspiraciones de Europa de convertirse en una «potencia normativa» mundial capaz de promover la democracia y el Estado de Derecho. La defensa europea de esos valores sonará hueca mientras la UE tolere a estados miembros que ya no cumplen los criterios democráticos.
El legado de Merkel se vería diferente si enfrentara a los autodeclarados iliberales de Europa. Si no lo hace, habrá mostrado que los valores son negociables y que es fácil chantajear a la UE.
Si Alemania promoviera una votación sobre el mecanismo de Estado de Derecho en el Consejo de la UE, es casi seguro que resultaría aprobado, porque Hungría y Polonia no pueden impedir una decisión para la que basta una mayoría cualificada. Después de eso, mal podrán Orbán y el gobierno de Ley y Justicia insistir en trabar 1,8 billones de euros (2,2 billones de dólares) en fondos que se necesitan con urgencia.
Pase lo que pase, los contribuyentes europeos recordarán que estos gobiernos prefieren perjudicar a todos antes que recibir fondos de los que deban dar debida cuenta. Orbán afirma que aceptar el mecanismo de Estado de Derecho sería un «suicidio» político para él. Puede que sea así, pero eso no es problema de Europa.
Traducción: Esteban Flamini

 


Jan-Werner Mueller

Jan-Werner Mueller, miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, es el autor de las próximas Democracy Rules (Farrar, Straus y Giroux, 2021).

Copyright: Project Syndicate, 2019.
www.project-syndicate.org

 

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