Jeannette Ruiz Delgado.

He leído con gran interés muchas discusiones sobre cómo deberíamos elegir los representantes populares ante el Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa.

En esas discusiones, la conclusión mayoritaria, es que el modelo de las listas cerradas y bloqueadas propuestas por los partidos políticos está agotado y proponen que los ciudadanos puedan postularse sin pasar por el filtro de los partidos políticos para acceder a estos relevantes cargos del quehacer nacional. La verdad es que suena bien, muy democrático y apegado a un modelo que parece ideal. Sin embargo, es aquí donde podemos comenzar a enumerar los contras de esta opción.

Para iniciar, quienes, a título personal, después de cumplir con los requisitos establecidos en nuestra Constitución Política, pueden financiar una candidatura para ser diputados o diputadas, deben contar con recursos económicos para hacerlo, lo cual implica que sean solo ciudadanos adinerados o ciudadanos financiados por grupos de interés, excluyendo a una gran cantidad de ciudadanos costarricenses. En el mejor de los casos esos grupos de interés pueden ser quienes se beneficien de eventuales modificaciones legales o por la promulgación de nuevas leyes, en el peor de los casos el crimen organizado, financiando figuras que les puedan beneficiar.

Una segunda posibilidad sería que los partidos políticos propongan listas abiertas y desbloqueadas de ciudadanos  y que sean los electores quienes decidan a quienes elegir; este  modelo se llama voto preferente y ya ha sido probado en otros países donde hay experiencias negativas como, el canibalismo político  entre candidatos y candidatas de un mismo partido, que durante la campaña lucharán con todas sus armas para obtener el favor de los y las votantes, el uso del clientelismo político y  campañas de desprestigio contra sus contrincantes del mismo partido político, lo cual provocará  diferencias irreconciliables. Esto imposibilitará, una vez electos los diputados y diputadas, lograr acuerdos colegiados alrededor de temas nacionales, los cuales son la esencia para construir mayorías legislativas, que permitan la toma de decisiones políticas. En esencia el remedio sería peor que la enfermedad y se generará   mayor   polarización y atomización en las representaciones partidarias legislativas.

Otro de los inconvenientes, ya ha sido indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)  en varias ocasiones y es  que estos modelos propuestos aumentarán el costo de los procesos electorales, sin que los cambios se vean reflejados en una mejora de la gestión legislativa. Incluso algunos países donde migraron al voto preferente ya han evaluado el logro de los objetivos planteados, mayor y mejor representatividad, y el resultado ha sido negativo, la gestión legislativa no ha mejorado, dejando mayor frustración en los electores, ante la expectativa generada. Un ejemplo negativo de este modelo ya lo vivió República Dominicana, se puede ver un amplio análisis sobre este tema en https://www.tse.go.cr/revista/art/15/mendoza_rodríguez.pdf

La oportunidad de mejora existe, el descontento de los electores, con la representación popular es un hecho, basta con analizar las encuestas de opinión de la ciudadanía sobre cómo califican la gestión de las instituciones y la Asamblea Legislativa aparece en los últimos lugares, en materia de credibilidad y valoración general de las instituciones públicas.

En el último lugar de estos estudios, aparecen los partidos políticos, los cuales deben reinventarse, ya que son los llamados a mejorar sus cuadros de participación legislativa, a partir de las candidaturas, igualmente tienen la obligación de capacitar a su representación en los grandes problemas nacionales, opciones de cómo solucionarlos y sobre todo voluntad para lograr acuerdos políticos, sin mezquindad electoral, que permitan tomar decisiones por el bien nacional. Sin dejar de lado la importancia de la comunicación entre poderes de la República, especialmente con el Poder Ejecutivo, con quien el legislativo comparte cada legislatura, seis meses de sesiones ordinarias, donde la agenda la construye la representación legislativa y seis meses de sesiones extraordinarias donde los proyectos que se discuten los propone el Poder Ejecutivo.

El reto es grande y si queremos mejorar nuestro modelo de gobernanza, todos tenemos una enorme responsabilidad, aún estamos a tiempo de preparar los cambios para el próximo proceso electoral que se avecina.

María Jeannette Ruiz Delgado

Ex Diputada

Jeannette Ruiz Delgado

Por Jeannette Ruiz Delgado

La autora fue Diputada ante la Asamblea Legislativa y Presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional.