Jeannette Ruiz: Procesos electorales y oportunidades de mejora

Jeannette Ruiz Delgado.

Posterior a las elecciones municipales del pasado 4 de febrero, los observadores de la OEA, en este proceso electoral, liderado por el sociólogo uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, felicitaron a los costarricense y a sus instituciones, TSE y partidos políticos por un proceso exitoso. Sin embargo, reiteran una serie de observaciones, que han contado con propuestas legislativas en el pasado y nunca han sido aprobadas. Por ejemplo, mejorar el acceso al financiamiento para los partidos políticos, de tal forma que su uso sea más equitativo y permita a los electores contar con amplia información sobre quienes ostentan a los puestos de elección popular y cuáles son sus propuestas, tanto en elecciones nacionales como municipales, para que electores informados puedan tomar la decisión que consideren mejor, manteniendo mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, sobre el uso de estos recursos.

Una de las observaciones es sobre la dificultad en campañas municipales, de que los partidos cuenten con financiamiento adelantado, lo cual los obliga a buscar otras vías de financiamiento, como créditos en el Sistema Bancario Nacional. Esta posibilidad es   muy difícil para los partidos pequeños, con poca votación histórica o nuevos, principalmente por los parámetros que utilizan los bancos al hacer el análisis de la solicitud de crédito, ya que utilizan, para su aprobación, los datos reflejados en las encuestas, que proyectan un resultado y el histórico de votación alcanzada en otros procesos electorales. Obviamente partidos nuevos, desconocidos y sin historial, jamás podrán acceder a un crédito para estos procesos. De ahí que recomiendan “adoptar un esquema de financiamiento público anticipado”, en las elecciones municipales. Y ponen énfasis en el riesgo de que las campañas sean financiadas con fuentes ilegales. Otra recomendación es poner límite a los montos que donan las personas físicas en estos procesos, pues preocupan los indicios de financiamiento ilegal, utilizando figuras legales.   Por ello debemos mejorar los mecanismos de acceso a los recursos, tal como lo hemos mencionado, con el fin de mantener el modelo de financiamiento mixto, aporte estatal y aporte privado por parte de personas físicas.

Otra de las observaciones es que existe inequidad en acceso a recursos por parte de candidatas (postulantes femeninas) y proponen legislar para corregir esta deficiencia.

Mencionan en sus recomendaciones utilizar “financiamiento público indirecto”, que son espacios asignados de manera gratuita a los partidos políticos, en los medios de comunicación privados o del Estado para la difusión de las propuestas políticas y electorales de los contendientes. Ya se había propuesto una reforma al artículo 96 de la Constitución Política para que, a través del TSE, se usarán Franjas Horarias, que es el uso de espacios gratuitos en medios de comunicación, para dar a conocer partidos políticos, propuestas y candidaturas en igualdad de condiciones. Esta propuesta no tuvo acogida y hoy seguimos con inequidad en cuanto al acceso a la pauta publicitaria.  También se había planteado una propuesta de Ley que permitía al TSE utilizar el 25% de los recursos del financiamiento estatal para brindar apoyo logístico y de acceso a medios de comunicación, a todos los partidos políticos, en igualdad de condiciones, con otro 25% que se autorizaría como deuda adelantada. Esta opción tampoco tuvo acogida legislativa.

En nuestro modelo de financiamiento, el proceso de verificación de gastos y su uso, por parte del TSE es fundamental, máxime que se trata de recursos públicos y fuentes de financiamiento privadas, pues es esencial transparentar los procesos y gastos en que incurren los partidos políticos para acceder a los puestos de elección popular, con mecanismos de financiamiento ágiles y transparentes. En las últimas campañas hemos visto procesos de investigación por parte del TSE, la Asamblea Legislativa y en la vía penal por los mecanismos de financiamiento de los partidos. Ante este panorama el análisis de cómo fortalecer la equidad de los procesos electorales, el acceso pronto a los recursos, con transparencia y rendición de cuentas, se debe iniciar pronto, ya que tenemos procesos electorales cada dos años (las elecciones nacionales y dos años después las municipales), ese análisis no significa que debemos retroceder en lo que hemos avanzado.

Parece contradictorio que mientras se han presentado propuestas legales para seguir evolucionado en materia electoral y estas ni siquiera han sido discutidas, se presente y discuta el proyecto 23 229, que pretende unificar los procesos electorales nacionales y cantonales, el TSE ha defendido la importancia de mantener el modelo actual, con procesos electorales separados, de tal forma que los costarricenses elijan a sus gobernantes de manera informada. En lo personal coincido plenamente con sus observaciones, pues es claro que, en los procesos nacionales, los electores deben centrarse en conocer la oferta para atender los problemas del país y en las elecciones cantonales conocer las propuestas para atender las necesidades específicas y particulares de los cantones; en una sola elección las propuestas cantonales serían invisibilizadas. Un de los argumentos usado en la propuesta de ley para unificar elecciones es abaratar costos, sin valorar cómo se haría la “repartición del financiamiento”, ni considerar que los procesos electorales nacionales estarían arrastrando la elección de autoridades locales, con poca visibilidad para dar a conocer sus propuestas cantonales y grandes asimetrías en el uso de recursos para una u otra elección. ¿Es eso lo mejor para nuestros cantones?

La última elección cantonal nos deja una gran preocupación por la apatía para acudir a las urnas, pero ese es un reto que tenemos como sociedad y el cual debe ser atendido.  Debemos cambiar nuestra cultura electoral, logrando que los ciudadanos administrados por los municipios comprendan que el Gobierno Local es el más cercano para atender nuestras necesidades, tales  como, vías cantonales, servicios de limpieza, tratamiento de aguas y basura, limpieza y ornato de parques, aceras, administración del territorio a través de planes reguladores, aplicación de leyes como la Ley de Planificación Urbana en los permisos de construcción y mejoras,  el servicio de agua potable (algunas municipalidades aún prestan este servicio), en fin solventan una serie de necesidades que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales en nuestro diario vivir. Además, se debe propiciar un ambiente equitativo de información para que, en los procesos electorales cantonales, los munícipes realmente conozcan candidaturas y propuestas. Esta tarea aún no la hacemos, ni siquiera tenemos claridad de cuál es la forma más efectiva de llegar a la población y motivar su participación electoral.

La ruta de involucionar no parece ser la correcta, todo lo contrario, debemos continuar en la ruta de  evolucionar y mejorar controles para asegurarnos de que nuestros procesos electorales sean confiables y permitan a todos los partidos políticos competir  en igualdad de condiciones, tanto en elecciones nacionales como cantonales, considerando y proponiendo cambios que han sido apuntados por observadores internacionales, pero que también han sido observados por nacionales que han participado en procesos electorales y sobre todo el conocimiento y experiencia del TSE. Aquí la pregunta obligada es, ¿Por qué a pesar de que se han presentado propuestas para evolucionar y disminuir la inequidad en acceso al financiamiento estatal, que propician más información y conocimiento de propuestas y candidaturas a los electores, estos proyectos nunca han avanzado en la Asamblea Legislativa?

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