Jeannette Ruiz Delgado.

Los temas electorales son esenciales como herramientas que permiten fortalecer la democracia. Recientemente, la Asamblea legislativa decidió no disminuir el monto de recursos que aporta el Estado (deuda política) para los procesos electorales 2026 y 2028. Parece que esta decisión no se analizó a la luz de lo que nos dicen los resultados de las últimas elecciones, tanto cantonales como nacionales.

Nuestra cultura electoral ha cambiado significativamente en los últimos años. Para nuestros jóvenes las historias de que las elecciones en Costa Rica eran “fiestas cívicas”, con mucha alegría, pitos, embanderamiento de casas, vehículos y cuanto espacio permitía poner un signo externo, son solo anécdotas ya que esa cultura cambió en los últimos años y con ello un abaratamiento de las campañas.

Hay quienes extrañan esa forma de hacer política, pero lo cierto es que nos envolvía en un voto emotivo, mientras hoy, los procesos electores revisten diferentes matices para los votantes.

El votante de hoy es completamente diferente, en esencia discreto, menos emocional, más informado. Por grupo etario la propuesta para dar a conocer candidaturas y propuestas debe ser diversa, cada público tiene que analizarse según su particularidad e intereses con el fin de lograr una comunicación efectiva. De la misma forma, se debe proteger al votante de la desinformación, ya sea en redes sociales, por medio de troles u otros personajes ficticios pagados, tema sobre el cual, sin duda, se debe legislar.

Los gastos de transporte, alimentación y otros temas logísticos para el día de las elecciones han disminuido significativamente para los partidos políticos, ya que los votantes, en esa cultura de discreción, prefieren acudir a las urnas por sus propios medios. Las mesas de votación en las últimas elecciones han sido atendidas mayoritariamente por los auxiliares electorales del TSE, ya que es realmente difícil para los partidos políticos encontrar partidarios que cuiden las mesas o funcionen como fiscales. Esto, aunado a la posibilidad futura de universalizar el voto electrónico que cambiará aún más esa cultura.

En esa lógica de cambios, como país, deberíamos buscar mecanismos para contar con procesos electorales austeros pero efectivos, que permitan dar a conocer el universo de candidatas y candidatos a puestos de elección popular y sus propuestas. De esta forma los electores acudirán a las urnas informados y con criterio para decir quiénes serán sus gobernantes.

Esta nueva cultura electoral, que permite procesos mucho más austeros, no nos deja comprender: ¿por qué mantener el 0.19% del Producto Interno Bruto (PIB)?, el cuál es el parámetro de la cifra que debe asignarse a los procesos electorales de acuerdo con nuestra Constitución Política. En las últimas campañas nacionales y municipales ese monto fue reducido al 0.11% del PIB. Para los procesos 2022 y 2024, a pesar de la reducción, se asignaron aproximadamente 30 mil millones de colones, de 52 mil millones posibles.

En cuanto a la justificación de gastos, la mayoría de los partidos políticos han tenido problemas para demostrar los gastos de campaña por las sumas a las que tienen derecho, según las reglas establecidas para acceder a los mismos. Si para el 2023, un punto del PIB fue de 456.070 millones de colones, el 0,19% serían aproximadamente 86 000 millones de colones, sin considerar el crecimiento proyectado de la economía para este año, que es de 4,3% (el monto que se destina a los procesos electorales se calcula con base en el PIB del año tras anterior a las elecciones, o sea 2024). Esto significa destinar para los siguientes procesos una enorme cifra en comparación con los recursos utilizados en las campañas de los últimos catorce años (el monto de recursos para los procesos electorales se disminuyó para el 2010 mediante un transitorio en el Código Electoral vigente, y a partir de ese proceso se ha disminuido para los procesos siguientes). Razón de más para analizar la conveniencia de reducir el monto que se destinará al financiamiento de los procesos electorales.

Esta es la época de la transparencia y la rendición de cuentas, se deben buscar herramientas que den agilidad y equidad a los partidos políticos para acceder a recursos públicos y que el monto destinado esté acorde con la realidad fiscal del país, en el entendido de lo importante que es contar con financiamiento Estatal para las campañas políticas, por la confianza que genera llegar a gobernar con independencia. No podemos, en ninguna circunstancia, renunciar a mantener los controles pertinentes que salvaguarden el buen uso de estos recursos públicos que pagamos todos los costarricenses por medio de los impuestos; además, debemos evitar que las fuentes de financiamiento privado sean ilegales, con el objetivo de mantener intacta la imagen de un país que promueve procesos electorales transparentes, con resultados confiables.

Jeannette Ruiz Delgado

Por Jeannette Ruiz Delgado

La autora fue Diputada ante la Asamblea Legislativa y Presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional.