Jonathan Masís Solís: El bien más valioso

¿Será que hemos logrado que nuestros representantes promulguen leyes acordes con el orden constitucional vigente? ¿O será que las consultas facultativas es un mecanismo que se ha infravalorado?

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Jonathan Masís Solís. Abogado

Las representaciones tripartitas están presentes en muchas áreas del saber humano, desde antes de la antigüedad grecorromana. En arquitectura algunas pirámides se construyeron porque primero se comprendió la noción matemática de triángulo; en astronomía algunas constelaciones como la de Orión cuentan con un cinturón formado por tres estrellas; en música se conoce como tresillo a la notación musical donde tres notas se ejecutan en el tiempo equivalente a dos de ellas.

Trasladándonos ahora al campo jurídico, es una noción aceptada en la tradición jurídica continental la división tripartita del poder, concepción que se registra desde los escritos griegos en Aristóteles y Polibio.

Dentro de este marco, ha de considerarse que a través de la historia, el ser humano tiende a acumular poder y a dirigirse hacia fines egoístas; de esa experiencia, deriva la necesidad de mantener la noción de Constitución Política, como una conquista del liberalismo clásico: Es la herramienta que hemos diseñado para vivir y convivir juntos en una organización determinada. Mediante los mecanismos jurídicos apropiados, debe siempre procurarse su supremacía. No en todos los casos deberíamos esperar para su aplicación inmediata de desarrollos legislativos, pero sí exigir la conformidad del resto del ordenamiento con ella (caso contrario existen la acción de inconstitucionalidad y las consultas facultativas y preceptivas a la Sala Constitucional).

En el siglo XVIII Montesquieu hizo un estudio sobre el poder y estableció la necesidad de que “el poder contenga al poder”; su axioma es que quienes emiten leyes no sean los mismos que imparten justicia, a lo sumo. Dicha doctrina llega hasta nuestros días positivizada. Ejemplo es el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano donde se postula: “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de Constitución”. Es decir, una sociedad donde están claramente delimitados los tres poderes del Estado realiza los principios constitucionales.

Indica el artículo 9 que el Gobierno de la República lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Es el diseño de separación de poderes. Por su parte, la moderna teoría del Derecho Constitucional señala que debe imperar la separación de los poderes y a la vez regirse por un principio de coordinación entre las distintas funciones encomendadas al poder público (ejecutiva, legislativa y judicial). Cuando se produzcan controversias en el ejercicio de ese Estado prestacional, es la jurisdicción Contencioso-Administrativa la encargada de dirimirlos.

Atinente a las anteriores reflexiones, considero vital que los actores sociales logren leer los insumos que El Estado de la Nación produjo al plasmar el IV Informe Estado de la Justicia, el cual se constituye en un mecanismo “de petición de cuentas, participación y fiscalización ciudadana hacia el Poder Judicial”. En él se hace la importante observación, sobre la necesidad de descentralizar territorialmente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como fue la idea original de la ley que la remozó en 2018.

Sobre el lugar estratégico que desempeña la Jurisdicción Constitucional y la Contencioso-Administrativa en el diseño de nuestra democracia, el informe presenta valiosas observaciones. Al respecto, resulta llamativo que los denominados Amparos de Legalidad, mecanismo de creación jurisprudencial engloban el 60% del total de causas nuevas que ingresan a la Jurisdicción. Esta era una competencia que ha venido a engrosar al Contencioso, otrora competencia de la Sala Constitucional.

Otro aspecto sobre el que se llama la atención al leer dicho informe es sobre las consultas preceptivas y facultativas de constitucionalidad, aspecto sobre el cual se “logró constatar una cierta pérdida de dinamismo en su uso … En el período 2015-2021 el dinamismo de la Sala Constitucional en materia de control previo de constitucionalidad ha tendido a disminuir, tendencia ya señalada en el Informe Estado de la Justicia 2020. ¿Será que hemos logrado que nuestros representantes promulguen leyes acordes con el orden constitucional vigente? ¿O será que las consultas facultativas es un mecanismo que se ha infravalorado?

Sabemos por experiencias históricas que el ser humano tiende a acumular poder y a dirigirse hacia fines egoístas. De ahí la vigencia de la noción de Constitución Política como conquista del liberalismo clásico; es la herramienta que hemos diseñado para vivir y convivir juntos en una organización determinada. Es la norma normarum: debe siempre procurarse su supremacía. No siempre deberíamos esperar para su aplicación inmediata de desarrollos legislativos ulteriores. Deberíamos esperar la conformidad del resto del ordenamiento con ella (caso contrario, la acción de inconstitucionalidad y las consultas facultativas y preceptivas a la Sala).

Sin entrar en discusiones sobre cuál poder es más valioso que otro; es claro que el poder cuyo objetivo es impartir justicia, solo está sometido a la Constitución y a las leyes (art. 154). Esto significa que en cuanto a la forma de ejecutar sus potestades materiales y formales el Poder Judicial, no tiene más criterio para sus decisiones que el derivado del sistema jurídico que lo rige, incluyendo su propia jurisprudencia, los principios escritos y no escritos del Derecho y el respeto de los Derechos Humanos garantizados desde jerarquías superiores (para Costa Rica: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

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