Jonathan Masís Solís: La actualidad del Derecho

La norma jurídica se actualiza mediante acciones concretas, propiciando actos jurídicos legales materiales y formales. O bien, dado el caso podría plantearse ante el órgano jurisdiccional una disputa de intereses legítimos o derechos subjetivos donde deba integrarse, actualizare y materializarse el Derecho positivo. Buenas leyes producen buenas resoluciones judiciales y administrativas.

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Jonathan Masís Solís. Abogado

La fuente primigenia del ordenamiento jurídico es la Constitución Política. Ahí se desarrollan los principios constitucionales inscritos en el diseño de un Estado liberal de Derecho. Cuando se actualiza, nos encontramos con una democracia que marcha adecuadamente, puesto que las normas ámbito que dirigen las distintas situaciones jurídicas, cumplirán los fines para los que fueron diseñadas: alcanzar un adecuado reparto del poder político dentro de un territorio delimitado.

Para ello, existe un recurso al que se puede recurrir reiteradamente cuantas veces sea necesario para actualizar ese programa democrático llamado Constitución: el artículo 124 establece un mecanismo para la reforma parcial del texto. Desde luego, la voluntad legislativa, haciendo uso de sus facultades puede poner en práctica los mecanismos jurídicos para consolidar y llevar al día a día los valores constitucionales.

Esta función normativa, abarca la potestad de creación de normas legales, y transcurre también como un mecanismo por el cual el poder ejecutivo mediante decretos ejecutivos actualiza y vigoriza aquellas normas que en forma general las leyes trazan. También las administraciones públicas emiten resoluciones, mediante criterios técnicos (elemento indispensable de constitucionalidad) de conformidad con el artículo 16 de la LGAP, el cual a la letra dispone: “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia./ 2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad”.

Un ejemplo paradigmático es el artículo 50 de la Constitución (en concatenación con otras normas como el 21, 50, 73 y 89 constitucionales). Por una parte, esta norma vino a establecer lo que desde antes la jurisprudencia de la Sala Constitucional había adecuadamente interpretado, se constituye así en un prisma mediante el cual debemos entender la potestad del Estado. Así, logra incentivar, apalancar, diseñar y esforzarse para que la riqueza sea justamente distribuida entre toda la población. Como lo haría un artesano, que va tejiendo y destejiendo cuanto sea necesario, el constituyente derivado puede mejorar el algoritmo constitucional.

En la misma dimensión, la actualización del ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo vía decreto ejecutivo puede materializar los principios contenidos y derivados de el mencionado artículo: derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; adecuado reparto de la riqueza; uso social y justo de la tierra; adecuado reparto de los bienes en sociedad; acciones necesarias en períodos postpandemia, porque solo el principio de justicia social podrá actualizar un entorno que requiere la acción de la solidaridad humana que es parte de los principios por los cuales el Derecho es creado como herramienta.

Vemos por ahora, cómo solo el primer párrafo de una misma norma habilita la compuerta de las potestades administrativas para que a través de ella discurran los derechos, y otras situaciones jurídicas que a nivel de Derecho sustantivo y Derecho procesal los habitantes de a República ostentan.

La norma jurídica se actualiza mediante acciones concretas, propiciando actos jurídicos legales materiales y formales. O bien, dado el caso podría plantearse ante el órgano jurisdiccional una disputa de intereses legítimos o derechos subjetivos donde deba integrarse, actualizare y materializarse el Derecho positivo. Buenas leyes producen buenas resoluciones judiciales y administrativas.

De esta forma, y aún con normativa que requiere actualización, debe procurarse siempre desarrollar adecuados actos y conductas administrativas, así el operador jurídico puede suplir vía interpretación lo que en determinado paradigma no existía y que ahora existe y es necesario ponderarlo jurídicamente; considero que en este sentido, debe entenderse el programa normativo como una herramienta por integrar, siempre necesario de actualización; es decir, es medio no fin hacia el cual debemos conducir ese hardware que hoy llamamos República Democrática, cuyo eje principal debe ser la persona humana por encima acuerdos entre hombres en un determinado contexto.

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