Jorge Cornick: Preocupación por el trabajo de la fiscalía

Hace ya bastantes años, cuando se empezaron a denuniciar grandes casos de corrupción que involucraban a figuras de gran poder político o económico, me sentí orgulloso de mi país.  “Aquí no hay nadie por encima de la ley”, fue lo que pensé.

En algún momento, más adelante, me pareció sospechosa la diligencia y olfato de la prensa, que parecía llegar a los sitios de allanamiento casi siempre antes que los fiscales.  La justicia es indispensable para el bien público, pero casi nunca queda bien servida cuando se convierte en un espectáculo público.

Y luego, los grandes casos empezaron a caerse, uno por uno, con poquísimas excepciones.  Tribunales de alzada encontraron defectos suficientes en las actuaciones de la fiscalía, o en las de los tribunales inferiores, como para anular condenas y procesos.  Recuerdo solo una excepción, y para una figura relativamente menor, en un caso relacionado con fondos sociales al final de la administración Figueres.

En todos esos casos, se cometió una grave injusticia, contra la ciudadanía si los acusados eran culpables y la incompetencia de la fiscalía o los jueces dejó impunes sus delitos; contra los acusados, si eran inocentes, que fueron objeto de escarnio público, linchamiento mediático y en algunos casos prolongados encarcelamientos “preventivos”.

Por todo lo anterior, contuve mi entusiasmo cuando el “Caso Cochinilla” se hizo de conocimiento público.  Mi escepticismo disminuyó conforme se fue conociendo más información, y el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas parecía no dejar duda alguna sobre una enorme conspiración delictiva centrada en el CONAVI y dos grandes empresas constructoras.

¿Se vendrá abajo este caso, como tantos otros, debido a errores de la Fiscalía?

Si así fuera, la indignación de los ciudadanos  – por lo menos de aquellos que prestamos atención a estas cosas – estará plenamente justificada, pero el peligro de que se canalice como apoyo político a alguna figura mesiánica y autoritaria sería grande.

Si el Caso Cochinilla se derrumba, el daño que la Fiscalía le habría hecho al país sería enorme, sobre todo tomando en cuenta que los abogados defensores no alegan que sea falso el contenido de las grabaciones: simplemente alegan que fueron obtenidas ilegalmente.

Sea cual seal el resultado, parece evidente que la Fiscalía es una institución que, como tantas otras, debe rehacerse desde sus cimientos, pero ¿quién, en un ambiente en que la ineptitud, la abulia y la corrupción coluden en contra del interés público, será capaz de ponerle el cascabel a este gato?