José Joaquín Arguedas: ¿Acaso se acerca el fin de los funcionarios?

En muchas instituciones, el servidor ha venido consiguiendo más derechos que obligaciones, convirtiendo la estabilidad en inamovilidad.

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José Joaquín Arguedas Herrera, Politólogo.

¿Acaso se acerca el fin de los funcionarios?

Esta interrogante la hace Carles Ramió, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la UPF, Cataluña, quien ha publicado 19 libros y 150 artículos sobre la materia, en un sabroso artículo publicado en 2017. Recuerda que el vínculo jurídico de los empleados públicos es lóbrego: funcionarios, laborales, interinos, numerarios, a plazo fijo, por contrato, practicantes, becarios; cuando en muchos casos desempeñan exactamente la misma función, pero con derechos, obligaciones y expectativas diferentes y, en su mayoría, injustificadas.

Es el caso costarricense, donde además contamos con el agravante de que todo esto subyace en una anarquía estatal fantasmagórica de más de 320 instituciones, con salarios y regímenes previsionales disímiles.

Para Ramió, los funcionarios deben solo existir para situaciones excepcionales, en las que se requiere de una protección especial y debería implicar uno de estos dos requisitos o supuestos: a) puestos de trabajo asociados a funciones de autoridad (jueces, fiscales, policía, fuerzas armadas, personal penitenciario, inspectores de hacienda, etc.); b) puestos de trabajo que están muy próximos o adheridos a los puestos de carácter político de la Administración y que, por tanto, deben gozar de una protección especial para evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad y las tendencias clientelares, potencialmente asociados al poder de carácter político. Ello supone un porcentaje minoritario de funcionarios en   puestos públicos.

Continúa Ramió: “Los puestos de trabajo que se encuentren dentro de estos dos supuestos deben ser ocupados por funcionarios y el resto por laborales. …No tiene ningún sentido, por ejemplo, que el personal sanitario o docente sean funcionarios (estatutarios y funcionarios docentes) ya que estos colectivos ni ejercen funciones de autoridad (vinculados a las competencias de soberanía y de coerción de la Administración pública) y, además, están totalmente alejados de los puestos de carácter político.

El punto anterior supone que la mayoría de los empleados públicos deberían ser personal laboral. En este caso habría que aprovechar toda la flexibilidad que aporta la regulación laboral de los trabajadores sin ningún tipo de cortapisa previa que limitara esta elasticidad. Es decir, un tipo de empleados que tanto en la teoría como en la práctica tendrían idénticos derechos y obligaciones que los trabajadores del sector privado. A nadie se le escapan las ventajas de esta opción para la organización de la Administración pública a la hora de redefinir plantillas y reasignar al personal en función de las necesidades de cada momento.

“No hay que renunciar a ningún elemento de plasticidad organizativa que aporta el régimen laboral. Al contrario, hay que aprovecharlo en aras a la eficacia y a la eficiencia de las políticas y de los servicios públicos. De esta manera la Administración pública podría trabajar por proyectos sin ningún tipo de problema ni de cortapisa, agrega Ramió.

Luis Lorenzo Rodríguez, exdirector de la Escuela de Administración Pública de la UCR y activo conferencista, nos recuerda que la evidencia histórica explica el devenir de la Administración Pública observado en muchos estados, hipótesis a la que se le conoce como “la teoría de los 3 estadios”.

Se ha llegado a constatar que en un primer estadio, los estados viven un periodo llamado de “confusión de poderes”, producto de una revolución o de un golpe de estado. (Revolución francesa, bolchevique, mejicana, figuerista, castrista). El grupo que toma el poder por la fuerza, tiene una nueva concepción del mundo y trata de sustituir al antiguo régimen. Por un periodo de tiempo, unas veces corto (Figueres) y en otros muy prolongado (Castro), se dedica a afianzar su régimen, centralizando todos los componentes del Estado.

En los regímenes más democráticos una vez afianzada la ideología ganadora aparece el segundo estadio, conocido como el de la “consolidación de la Administración Publica (AP). Esto ocurre cuando la AP se va separando del poder político y en algún momento, mediante una nueva constitución o un código o ley especial, se les confiere a los funcionarios la tan codiciada estabilidad laboral. En los países democráticos, el poder político se reconoce por su inestabilidad, quedando sujeto a las elecciones populares, en cambio los funcionarios continúan en sus puestos en forma vitalicia.

El tercer periodo se conoce como “el estadio del conflicto”; su aparición y su profundidad depende de la cultura de cada país. Por lo general, gracias al conocimiento sobre el funcionamiento del Estado, al populismo o a la debilidad de los gobernantes, la AP va desarrollando y consolidando su propio poder político, a menudo violentando el principio democrático.

Muchos países, como lo fue la Gran Bretaña de Thatcher o Chile, debieron reaccionar al desmedido poder de la Administración Pública. Chile, el país más exitoso de la región, desde hace años ha venido reduciendo los puestos de carrera y en su lugar, las tareas correspondientes las ejercen empleados contratados laboralmente, por lo general, respetando principios meritocráticos, bajo el concepto de salario global y mejor remunerado que los cargos funcionariales, aplicando el criterio de que la inestabilidad se paga. Sucesivos gobiernos han venido avalando este mecanismo como algo que ha contribuido al dinamismo actual del Estado chileno.

No me cabe duda de que nuestra AP está jugando en el “tercer estadio” que conceptúa Rodríguez, lo que puede verse cuando encontramos que la estabilidad y profesionalización, otrora nuestra gran fortaleza, se está convirtiendo en debilidad. En muchas instituciones, el servidor ha venido consiguiendo más derechos que obligaciones, convirtiendo la estabilidad en inamovilidad.

Su enorme poder le ha permitido convertirse en un formidable actor político, especialmente desde las universidades públicas y algunas autónomas, como lo vimos en su oposición al TLC, a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas públicas y en apoyo activo a partidos políticos.

El autor fue Director General de Servicio Civil.

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