José Joaquín Arguedas Herrera, Politólogo.

Refiriéndose a los avances de las reformas gerenciales en el sector público en América Latina, el académico español Joan Prats, QEPD, amplio conocedor de la realidad Iberoamericana, reflexionaba en el año 2006 sobre el modo azaroso y asistemático en que tales reformas pretendieron establecerse, con excepción de Chile. Otros países, sentencia Prats, con democracias estables y legalidad formal, como Costa Rica y Uruguay, habían caído en el corporativismo y los privilegios (Revista Gobernanza, edición 48, 2006). Los indicadores internacionales de desarrollo institucional no nos permiten registrar avances significativos, y en su lugar recogen en ocasiones, retrocesos inquietantes.

Recordaba una anécdota acaecida en un congreso sobre administración pública. Un funcionario internacional, conocedor a fondo de la realidad costarricense, en confianza me comentó algo muy interesante:  –que bueno que ustedes no tienen ejército, lástima que la ausencia de esos gastos no fue aprovechada, y en su lugar permitieron que el Estado costarricense terminara convirtiéndose en un prototipo de corporativismo institucional y gremial, que ha terminado atragantándose buena parte de los recursos públicos-. Luego me di cuenta que tal parecer era lugar común en la comunidad académica y de consultoría, allende fronteras.

Esto es manifiesto especialmente en salarios y pensiones del que goza un poderoso sector de la casta funcionarial, porque incluso el relajo no es equitativo, perdiendo así Costa Rica la oportunidad de haberse convertido en el primer país desarrollado de América Latina. Entonces no le creí y rebatí cuanto pude sus argumentos. Hoy estoy convencido de que tenía razón, viéndonos abismalmente endeudados y cercados por diligentes y a veces opacos grupos de interés y de presión. Me referiré al sector seguridad privada, transporte remunerado de personas, alquiler de infraestructura al gobierno, y ligeramente, al empleo público.

A partir de los años 80 empezaron a proliferar empresas que proveían seguridad privada. Recordemos que, junto con la educación, la infraestructura y la salud, la seguridad es una de las tareas básicas y esenciales del Estado moderno, cualquiera sea la idea que se tenga del mismo. Coincidió con que los salarios de los policías cayeron en picada durante la crisis económica de los años 70-80 y hasta hoy, especialmente cuando a partir de 1982, junto con la clase de profesor de educación primaria y otras veinte clases de puestos menos relevantes por su incidencia, pasaron a ser parte del grupo de clases testigo que conforman hasta hoy el llamado enganche médico.

Es preocupante que el Ministerio de Seguridad ha pasado décadas formando policías, para que más tarde o más temprano pasaran a engrosar las huestes de empresas privadas. Pero lo más interesante es el manejo de la aprobación presupuestaria cada año, cuando en la Comisión de Asuntos Hacendarios, al menos un diputado, afín al gremio correspondiente, cuyo negocio es precisamente la inseguridad, inundaba de mociones cualquier proyecto que procurara incrementar los recursos del sistema de seguridad pública, especialmente nuevas plazas de policías, utilizando un argumento muy dulce a los oídos de los costarricenses: –este gobierno quiere militarizar el país y debemos evitarlo-. Al coro se unían siempre los diputados de izquierda, pero con otra agenda: -había que debilitar al estado capitalista para facilitar el avance revolucionario-.  En la práctica ambos sectores se hermanaban y el desastre a largo plazo está a la vista.

En cuanto al transporte remunerado de personas, modalidad autobuses, se conoce hasta hoy que aún cuando aparecen inscritos cientos de concesionarios, lo cierto es que el 80% de la flotilla o más pertenece si acaso a una decena de empresas, agrupadas en una cámara patronal muy beligerante.

Acá al lobby parlamentario se ha sostenido históricamente en la supresión de cualquier proyecto que pretenda proporcionar a la sociedad costarricense una alternativa ferroviaria, ya sea de pasajeros dentro del Área Metropolitana o de carga por el norte del país, de océano a océano. Esto empezó con la eliminación del tranvía que recorría el centro de San José hace unos 70 años, el cierre de los servicios ferrocarrileros hacia ambos puertos oceánicos, y lo terminamos viendo agresivamente en la Administración anterior, donde observamos como una muy bien orquestada campaña, llenaba de basura cada proyecto que surgía del seno del gobierno.

La muestra más palpable es la ciudad de Alajuela. Convirtieron la antigua estación ferroviaria decimonónica en una elegante estación de autobuses y el nuevo tren lo establecieron en los suburbios de la ciudad. Simultáneamente desapareció el servicio de buses urbano que podía trasladar a los usuarios del tren, lo que ha convertido en un fracaso ese servicio.  Genial, ¿no creen?

Por lo menos durante mi experiencia funcionarial (1974-2019), vi fracasar varios proyectos de gran envergadura, que pretendían la construcción de edificios que parcialmente pretendían albergar a instituciones del Gobierno Central, procurando a largo plazo ahorros significativos. Recuerdo la Casa Presidencial en terrenos que luego le regalaron en obra gris al Tribunal Supremo de Elecciones (1978). La torre que albergaría al MEP en Calle Blancos (1990). El proyecto impulsado por la Administración Chinchilla para albergar varios ministerios (2013) y ahora el proyecto Ciudad Gobierno que retoma esta administración.

El lobby empieza siempre desprestigiando el proyecto, avanza con la generación de dudas alegando la existencia de posibles manejos corruptos, hasta el bloqueo definitivo de cualquier empréstito que con ese propósito llegue a la Asamblea Legislativa, donde siempre habrá alguien que eficientemente conducirá el proyecto hasta su candado definitivo. Acá participa una muy bien orquestada cohorte, con participación abierta de instituciones del Estado y de grupos interesados en que no camine.

Sobre empleo público seré breve, dado que mucho se ha escrito últimamente.   Puedo afirmar categóricamente que Costa Rica tiene un sistema salarial y previsional extremadamente desigual. Si existiese una especie de Índice de Gini, que viniese a comparar la desigualdad salarial, muy seguramente lo encabezaríamos, al menos en el marco de la OCDE. En los cuadros comparativos de esta organización, Costa Rica es el país que más consume porcentualmente sus ingresos presupuestarios en salarios del sector público, de hecho, duplica la media de los países OCDE. En pensiones, especialmente en la Corte y en el sector universitario, de donde provienen la mayoría de los llamados pensionados de lujo, se exige el cumplimiento de antiguos acuerdos nacionales de financiamiento, pero nadie está dispuesto a rendir cuentas de como seguirán gastándose los recursos, que seguramente no podrán provenir de otra fuente más que de deuda pública.

Pareciera que el irresponsable hueco fiscal de 2017 y la consecuente crisis presupuestaria que vino después, no ha hecho entender a muchos sectores que este país no puede seguir con el nivel de gasto que nos acompaña desde hace décadas. El reparto de bienes públicos, cual, si fuesen bienes de difunto, debe terminar.

 jjarguedas55@gmail.con

 

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Por Jose Joaquín Arguedas

Politólogo y Administrador  de Empresas. Fue Director General de Servicio Civil y profesor en la UTN.