José Joaquín Arguedas: Gestión pública y derecho

Se preguntará usted, amigo lector, por qué al hablar de este tema se utilizan referencias del siglo pasado.  Muy sencillo, en Costa Rica en vez de mejorar, vamos de mal en peor. En los últimos 30 años hemos judicializado la política y la administración y cada vez más estamos entregando las decisiones importantes a los estrados judiciales y a los órganos de control, cada vez más empoderados e incluso ajenos al principio democrático.

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José Joaquín Arguedas Herrera, Politólogo.

En el ejercicio de la Gestión Pública, no se hace la necesaria separación entre lo jurídico-normativo y lo que es de dominio eminentemente técnico, sin que lo segundo se contraponga a lo primero.  El tema ha sido ampliamente tratado en los textos administrativos y jurídicos desde los albores del siglo XX.

El tratadista portorriqueño Pedro Muñoz Amato, ya en el lejano 1956 hacía una crítica a aquellos administradores públicos que permanentemente se ocultan detrás del velo de la ley específica, o de su carencia, para no cumplir cabalmente sus responsabilidades y asumir las decisiones creativas que demanda el tiempo presente.

Muñoz Amato nos recuerda que “Las leyes son casi siempre normas generales y flexibles, que pearmiten un margen más amplio de libertad para interpretarlas y aplicarlas a los casos individuales.  Casi todo problema jurídico presenta posibilidades de carácter discrecional… Toda situación administrativa tiene sus elementos jurídicos y viceversa.”

Cuando la administración se concibe como el conocimiento y la aplicación mecánica de los preceptos legales, agrega Muñoz Amato, “ni se cultiva la teoría ni el arte de administrar…las prácticas administrativas se caracterizan por la obediencia rígida al derecho, sin la capacidad creadora que ellas requieren; se hacen un exagerado uso de procedimientos judiciales y se da un predominio correspondiente a las opiniones legales; y la obsesión con el aspecto jurídico de los asuntos públicos eclipsa los problemas de creación y administración de las normas.”

En una interesante obra, construida conjuntamente entre MIDEPLAN,  SWEDSERV y el BANCO, MUNDIAL. (Los Males de la Administración Pública y cómo Eliminarlos”, apuntaba en 1989 que “La administración pública costarricense se puede caracterizar como legalista. Los juristas han tenido una influencia sumamente grande en la elaboración de los modelos institucionales, desde la formulación de la constitución, hasta los manuales de trabajo.  Muchas veces esto significa que se da más importancia a la letra que al resultado o al objetivo… la regla se sobrepone al fin de la misma.  La administración pública costarricense ha estado carente de diseños institucionales eficaces y eficientes, puesto que básicamente todos sus andamios formales han sido siempre concebidos y realizados por juristas y no por arquitectos administrativos”. 

Pero también, en teóricos del derecho encontramos una posición similar. El jurista chileno Eduardo Novoa Monreal (El Derecho como Obstáculo al Cambio Social. 1986) nos ilustra al respecto: “En momentos de transformación social tan rápida, lo más que se consigue es que cuando el legislador se percata de que la norma ha quedado obsoleta, intente una modificación de ella… Y a poco andar, las nuevas circunstancias sociales vuelven a convertirla en definitivamente obsoleta. Puede repetirse el procedimiento, pero volverá a presentarse el mismo fenómeno.”

En cambio, la vida social evoluciona fluida y constantemente en su permanente alejamiento de sus formas pretéritas. Esto hace inevitable que la ley marche siempre a la zaga de los hechos sociales

En ese mismo espíritu crítico o autocrítico, agrega Novoa: “A mentalidades habituadas a conceptualizar en torno al derecho podrá parecer casi irrespetuoso la tesis que se sustenta. Pero si se trata, parafraseando al evangelio, de que el derecho sirva al hombre y no el hombre al derecho, es necesario tomarlo pragmáticamente como un instrumento que permite alcanzar finalidades adecuadas a la vida del hombre en sociedad.”

La búsqueda de la transformación institucional, pasa primero por la toma de conciencia del gestor público en cuanto a su facultad discrecional y sus deberes gerenciales. Conocemos muchos que lastimosamente buscarían que sea su asesor jurídico o los órganos de control los que tomen las decisiones a cada paso, renunciando con ello a sus responsabilidades.

Se preguntará usted, amigo lector, por qué al hablar de este tema se utilizan referencias del siglo pasado.  Muy sencillo, en Costa Rica en vez de mejorar, vamos de mal en peor. En los últimos 30 años hemos judicializado la política y la administración y cada vez más estamos entregando las decisiones importantes a los estrados judiciales y a los órganos de control, cada vez más empoderados e incluso ajenos al principio democrático.

 

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