José Miguel Villalobos Umaña, Abogado, ex Ministro de Justicia.
Cualquier persona acude a la fiscalía que desee y procede a denunciar a quien quiera. Ya el delito de denuncia calumniosa desapareció en la práctica, porque ese hijo de vecino, instruido por la canalla, en realidad no presenta una denuncia formal, sino una solicitud para que se investiguen unos hechos, que sabe falsos o inocuos.

Para ello aporta a veces unos papeles inservibles o hasta nada, pero sabe, con quienes mueven sus hilos, que con solo ese acto inocuo, la fiscalía iniciará un expediente, le asignará un número de causa y con solo esos datos, ya la prensa canalla informará que la persona tiene causas pendientes en los tribunales penales.

Con semejante táctica perversa, cualquier sujeto en este país podría tener las causas penales que a alguien se le ocurra, porque los fiscales a cargo simplemente asignan el expediente y a partir de allí la mayoría de las veces la solicitud no vale ni el papel en que se haga constar.

Lo que se quiere es que la masa crea que existen causas serias, graves, profundas y que el denunciado es un malandrín y un delincuente. Por eso es una táctica canalla y sucia, propia de quienes la dirigen y la ordenan.

Cuando el asunto requiere de un poco más de filo, coordinan allanamientos que saben inservibles, con toda la parafernalia de las cámaras y periodistas en el acto, y si pueden llevar esposado a alguien, pues mejor, aunque todo termine en agua de borrajas.

Eso se llama terrorismo judicial y lo peor es que quienes lo dirigen no se dan cuenta que en cualquier momento les puede pasar lo mismo o algo aún peor.

Prostituir el sistema judicial para hacer política de baja ralea es indigno. Pero no nos sorprenda, porque sus autores no poseen valores ni principios, solo odio e inquina.

Lo que no saben es que la gente los conoce, los distingue y los repudia.