José Miguel Villalobos Umaña, Abogado, ex Ministro de Justicia.

La Sala Constitucional, en una votación dividida de 4 a 3, declaró la inconstitucionalidad de la obligación legal que establecía que el nombre de las personas se forma con el primer apellido del padre y el segundo de la madre, de tal manera que al llegar a los 18 años se pueda escoger si se cambia el que escogieron los padres.

Esa decisión tiene consecuencias interesantes:

PRIMERA. Al nacer, la persona se identificará primero con el apellido del padre y luego el de la madre, pues los magistrados decidieron que ese derecho de alterar el orden se ejerce a partir de los 18 años.

SEGUNDA. Si la persona decide cambiar el orden, en cualquier momento a partir de la mayoridad, deberá cambiar todos sus documentos de identidad, pasaporte, licencias, carnés, cédulas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y demás, con las consecuentes complicaciones.

TERCERA. A partir de este voto, la única posibilidad de identificar a la persona es con su número de cédula de identidad, que no se puede cambiar.

CUARTA. Los conflictos que se presentarán con actos anteriores, en los cuales la persona se identificó con un orden de apellidos diferente a los posteriores, deberá resolverse con el número de cédula.

QUINTA. Es evidente que para efectos del pasaporte, en otros países la persona podrá tener problemas al identificarse en los departamentos de inmigración, al consultar datos de ingreso anteriores, que identificarán diferente a la persona.

Se trata de uno de esos casos en que la Sala dedica su tiempo a nimiedades, majaderías y minucias, que le quitan el tiempo, se trata de concesiones absurdas y que solo problemas producirán. La inconstitucionalidad ni es evidente ni manifiesta y estimo que el voto de minoría, que rechazó la acción, es el correcto.

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