José Miguel Villalobos Umaña, Abogado, ex Ministro de Justicia.

Las personas privadas de libertad tienen derecho a acceder a su expediente penal y eso es incontrovertible. Pero como todo derecho, no es absoluto y por eso no pueden exigir salir cuando quieran a los Tribunales a consultar acerca de su caso ni recibir a su abogado a la hora que deseen.

Por eso es claro que el estudio de su expediente es importante y para eso cuentan con un abogado particular si pueden pagarlo o se les asigna uno público, pagado por el estado, en caso contrario.

Es por medio de su abogado que pueden revisar el expediente y solicitar una copia e incluso recibir a su abogado con esa copia con la periodicidad que quieran. En caso de que el expediente sea digital, el abogado le suministrará una copia.

Con esas posibilidades se les garantiza la defensa material plenamente. Ya exigir que se les suministre un equipo de cómputo para que ellos revisen el expediente de forma digital y cuando lo deseen, es un exceso de derechos y que pone en peligro los controles de seguridad que existen en todo centro penal.

Los derechos de los imputados y condenados no son los mismos que los de los demás ni se ejercen de la misma forma, en tanto se proteja el núcleo duro de tal derecho, como lo expliqué.

Por eso el voto de la Sala Cuarta, que exige suministrar equipos de cómputo en los centros penales para que los privados de libertad puedan consultar sus expedientes de forma electrónica, es un exceso de derechos, constituye una carga económica injustificada y pone en peligro los controles de seguridad penitenciaria.