José Miguel Villalobos Umaña, Abogado, ex Ministro de Justicia.
El artículo 132 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, número 6683 del 14 de octubre de 1982, interpretado auténticamente por Ley 7686 del 6 de agosto de 1997, establece una figura extraña, abusiva y absurda en nuestro Derecho. 
Crea esa norma un mandato forzoso, mediante el cual las sociedades o asociaciones integradas por compositores o artistas, se consideran que representan a estas personas aunque no exista el mandato, es decir, se presume. Con esta norma, la persona jurídica ACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, fijó un tarifario que deben pagar todos los locales en que se reproduzca música con fines que excedan la privacidad de sus dueños.
O sea, ACAM representa entonces a todos los compositores y músicos del mundo, pues cada vez que se reproduzca una obra musical, se debe pagar previamente una contribución parafiscal que ingresa a ACAM, supuestamente para que ésta se los entregue a quienes tienen el derecho sobre su obra, conforma a los numerales 17, 46 y 50 de esa Ley 6683 y un dudoso artículo 48 del Reglamento a esa ley, que es el decreto ejecutivo número 24.611 del 4 de setiembre de 1995, que permite a este ente privado fijar esas contribuciones obligatorias, como requisito inclusive para poder obtener una patente comercial.
Lo interesante es que ACAM recauda MILLONES DE COLONES anualmente por este concepto, más de 1300 millones anuales, que debe entregar a los artistas y a personas jurídicas similares del exterior, que, a su vez, se los deberían cancelar a sus agremiados compositores y músicos.
De estos 1300 millones de colones, ACAM aplica para GASTOS ADMINISTRATIVOS más DE 300 MILLONES DE COLONES al año.
Es decir, para cobrar unas sumas que son obligatorias, gasta casi el 25 por ciento de los ingresos, para sostener su estructura administrativa, que puede llegar al 30 por ciento, conforme a un reglamento interno de distribución.
Buen negocio…¡¡¡…que encarece sustancialmente el costo del comercio, establece un mandato obligatorio, no existe control del gasto, promueve el incremento de contribuciones para financiar una entidad como ACAM y distorsiona gravemente el sistema.
Recomiendo al Gobierno Central y al Congreso entrarle fuertemente a este tema….ES UNA BARBARIDAD.

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Por La Revista CR

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