Juan Carlos Pérez Herra, Politólogo
Los argumentos de los grupos anti-vacunas encontraron un formidable caldo de cultivo en el paulatino debilitamiento del Estado y su limitada estrategia de comunicación para mantener correctamente informada a la población sobre los beneficios de la vacuna contra la Covid-19. Situaciones similares podrían tener graves consecuencia en la gobernanza de los sistemas públicos y, en el mediano plazo, en el sistema de salud costarricense.
Estamos frente al riego de que la debilidad institucional mostrada tenga secuelas negativas sobre las bajas tasas de mortalidad infantil en Costa Rica. El sistema de salud pública ha sido exitosos en concientizar a los padres sobre lo importante de cumplir con el cuadro básico de vacunas antes de que los niños cumplan los cuatro años.
Pero este logro podría estar en peligro ya que no se puede garantizar que argumentos similares a los utilizados por los grupos anti-vacunas, para rechazan la inoculación contra el Covid-19, terminen escabulléndose por lo resquicios de una institucionalidad debilitada.
Las justificaciones para impugnar la vacuna contra el virus, presentada a la Defensora de los Habitantes, son incompresibles en medio de una pandemia global que suma en nuestro país más de 550 mil casos confirmados y cerca de 6800 fallecidos, según datos del Ministerio de Salud. Pero particularmente para aquellos que hemos experimentado la muerte de un ser querido a causa del Covid-19.
La Administración Pública ha sido incapaz de contrarrestar dichas campañas porque su rigidez burocrática es un freno para responder a los cambios provocados, tanto a nivel global como local, por las redes sociales. Y, de una sociedad dinámica cuyo ritmo de transformación supera la adaptación del gobierno a la nueva realidad. La modernización, el crecimiento y evolución de las organizaciones sociales no lucrativas y movimientos sociales que compiten con el Estado representan nuevos retos para la gestión pública.
Se trata de un fenómeno global, con características similares en todo el planeta, y con efectos erosivos sobre el sector público que minan su credibilidad y debilitan su actuación. Este proceso se puede constatar en los indicadores de la encuesta mundial sobre credibilidad institucional publicada en 2021 por el Barómetro de confianza Edelman, que involucra 28 países y más de 33 mil respuestas. En este índice el gobierno ocupa la posición número tres, muy lejos de las empresas y las organizaciones no gubernamentales.
Ello se ha hecho más evidente en Costa Rica a causa de la actual crisis sanitaria. Las autoridades gubernamentales han demostrado falta de liderazgo y una notable deficiencia para comunicar de forma efectiva.
La erosión en la credibilidad de las organizaciones estatales costarricenses ya se advertía en 2018, en la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos de la Contraloría General de la República. La apreciación ciudadana sobre los servicios público mostraba una baja calificación para el Poder Judicial, seguridad pública, vivienda y un marcado deterioro para los servicios de salud. El rechazo a la vacuna contra el Covid-19 se ha visto alimentado por todo lo anterior.
El aparato público requiere nuevas herramienta para reposicionarse en los ciudadanos y detener la caída en su credibilidad. Personalmente esperaría que los directivos públicos entiendan este nuevo escenario. No se puede seguir postergando la adopción de nuevos roles, tareas y responsabilidades en las organizaciones estatales de cara a una sociedad civil más activa, y de un mercado condicionado por el acelerado cambio tecnológico.
La modernización del gobierno solo se puede alcanzar con un programa que ponga en el centro de la reforma al ciudadano. La respuesta efectiva es posible si la sociedad colabora activamente y si el aparato estatal asume un liderazgo consistente para facilitar el aporte de los actores públicos y privados.
Las mejoras en el liderazgo de los ejecutivos gubernamentales, capacidades en la dirección estratégica y de un capital humano de alto nivel son parte de la fórmula para modernizar el Estado. Un enfoque estructurado sobre la calidad en el servicio, la mejora continua y la revisión de procesos organizacionales restituirían el valor público perdido.
La reforma del sector público no puede esperar. De lo contrario, las bajas tasas de mortalidad infantil y otros logros que han hechos de Costa Rica un país ejemplar podrían desplomarse, con efectos desastrosos para el futuro del país por la continua pérdida de credibilidad en las instituciones estatales.
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