Juan Carlos Pérez Herra: Pandemia y crisis una oportunidad para modernizar del Estado

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Juan Carlos Pérez Herra, Académico

Frente a la pregunta: ¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres?, Norberto Bobbio es contundente en su respuesta: el de la leyes (Bobbio, 1985). Sin embargo, se requiere de la estabilidad “como condición necesaria para el rendimiento del sistema político” (Alcántara, 1999, p. 226). Ya que, como bien lo señala dicho autor, y lo veremos más adelante en nuestra propuesta,  “Los principales sensores de estabilidad/inestabilidad son, entre otros, 1) crecimiento del PBI; 2) índice de desempleo; 3) inflación; 4) deuda pública; 5) número de jornadas perdidas por huelga.” (p. 226)

El Covid-19 dejó al descubierto las grandes debilidades que padece el Estado costarricense, tanto desde la óptica de sostenibilidad financiera, como de sus capacidades reales para atender las demandas sociales acumuladas con el tiempo, especialmente de los sectores más vulnerables a la infección. Lo cual nos ha hecho más conscientes sobre la urgencia de emprender importantes cambios para rescatar nuestra gobernabilidad democrática.

Lo anterior se puede apreciar en los déficit fiscales y las necesidades de financiamiento como porcentaje del producto interno bruto (PIB), crecimiento paulatino del desempleo e informalidad laboral que se ha acelerado producto de las medidas de contención adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria, una sociedad más desigual de acuerdo al coeficiente Gini, poca efectividad del Estado para disminuir la pobreza e incapacidad del sistema político para incorporar a los nuevos actores que buscan influir en la dinámica política.

Al respecto, las manifestaciones en la calles, hace cerca de un mes, no solo reflejaba la oposición a los nuevos impuestos que propuso la administración Alvarado para paliar las finanzas estatales, sino, también, es una especie de reacción romántico conservadora a una posible revisión del modelo de Estado que se gestó en el siglo pasado. Señal muy clara del debilitamiento de las capacidades para una correcta gobernabilidad democrática que “dependen de la interrelación entre el sistema institucional existente (gobernance), de las capacidades de los actores políticos, económicos y sociales presentes (governing actors), y, finalmente, de la cantidad y calidad del liderazgo transformacional disponible” (Kooiman, 1993, citado por Prats, 1999, p. 449)

Las situaciones descritas han socavado las capacidades de gobernabilidad al Estado que se entendería como un “parámetro mediante el cual se mide la eficiencia o el rendimiento del aparato estatal”. Por lo que, en consonancia con Prats “se requiere una estrategia de gobernabilidad democrática que integre aspectos económicos, políticos, sociales y medioambientales”, como las que se desarrollan a continuación:

1-Teniendo como punto de partida lo económico y retomando a Alcántara, se hace necesario repensar la estrategia de sostenibilidad financiera del Estado, con el fin de hacerlo menos vulnerable a los procesos recesivos de la economía mundial y sus efectos en el mercado interno, ya que por la naturaleza regresiva de la actual estructura tributaria, tales procesos tienen un impacto inmediato sobre el consumo, lo cual desestabiliza rápidamente los ingresos del aparato estatal, generando crisis fiscales recurrentes con los efectos ya conocidos en el endeudamiento pública. Lo anterior obliga a una reforma fiscal paulatina que transforme la estructura tributaria hacia una mayor contribución porcentual de los impuestos progresivos en el total de la recaudación.

A la fecha, uno de los principales disparadores del gasto público corresponde al pago de los intereses de la deuda pública. Afortunadamente, a diferencia de los años 80’, un porcentaje cercano al 65% está en manos de las instituciones del Estado y fondos de pensiones (esto último, con toda razón, es muy alarmante), lo cual permite una mayor flexibilidad en los procesos de renegociación, canjes y otras alternativas financieras y contables que mejoren los balances del sector público, entre ellas la titularización de activos.

Por otra parte, si bien el país ha sido exitoso en términos de diversificar su estructura productiva, es central poner atención a los cambios que provocará la pandemia en la relocalización de los proveedores estratégicos de las economías avanzadas. En este sentido Costa Rica cuenta con grandes oportunidades para albergar operaciones de empresas globales, cuyos bienes y servicios se encuentran en esa categoría. Ello implica, entre otras medidas, mejoras urgentes en las capacidades para elevar el nivel del capital humano, especialmente en términos de calidad, lo que conlleva a una reforma profunda del sistema educativo. Este proceso tiene que ir acompañado de una marco regulatorio que incentive y flexibilice los emprendimientos, no solo para el mercado local, sino también para favorecer los encadenamientos con las empresas que se encuentran en régimen especial, como mecanismos para potenciar la transferencia de tecnología y las mejores prácticas administrativas a nivel de las empresas locales.

Lo expuesto hasta aquí obliga a repensar la estrategia para modernizar la infraestructura general del país y su competitividad global. Siendo algunas alternativas, frente a la limitada capacidad de inversión en obra pública por parte del Estado, las concesiones, alianzas público-privadas y las diferentes estrategias para monetizar activos estatales. No tratándose de privatizaciones, ya que el Estado continúa manteniendo la propiedad, lo cual queda garantizado por la naturaleza inalienable de tales activos en nuestro ordenamiento jurídico.

Este conjunto de ideas en el ámbito económico estarían orientadas a estabilizar los “sensores” a que hace referencia Alcántara, favoreciendo el crecimiento económico, generando empleo y liberando recursos para afrontar las reformas urgentes en lo social y político.

2-En el apartado relacionado con lo social, la primacía recae sobre una reingeniería del conjunto de instituciones que conforman el sector público, ya que su efectividad es muy limitada y un porcentaje importante de los recursos asignados se filtran por los vericuetos de sus múltiples estructuras organizacionales. Tal reingeniería involucra cierre de instituciones, revisión y eliminación de procesos que no generan valor público, reducción de burocracia, mayor seguimiento y control sobre la asignación de los recursos y su impacto real, lo cual remite a la evaluación de resultados en la materia, en torno a las políticas públicas, programas y proyectos. Debiendo acompañarse de un fortalecimiento del ordenamiento jurídico para asegurar los procedimientos de supervisión, fortaleciendo el principio de que la responsabilidad es indelegable, con lo cual se evitaría la “indiferencia y cálculo político de gobernantes y servidores públicos” (Solís, 2002, p.87).

3-En el apartado relacionado con lo político, me inclino por apoyar las tesis que favorecen la adopción de instituciones del sistema parlamentario (Solís, capítulo VI), mediante las reformas constituciones necesarias para impulsar los partidos políticos programáticos, modernos, robustos, lejos de las maquinarias electorales actuales, capaces de articular las demandas de una sociedad más compleja y dinámica. Ello, obligatoriamente, debe ir acompañado de procesos electorales de medio período, como mecanismo de control a la labor que desempeñan los representes populares (diputados o parlamentarios).

4-Finalmente, en correspondencia con Prats, para una estrategia de gobernabilidad democrática, es imposible pensar en el fortalecimiento de las capacidades sociales y políticas, sin tener presente lo medioambiental. En este apartado, nuestro país ha sido líder mundial por la protección de casi un 30% del territorio nacional. Favoreciendo el sector turístico que genera un 8% del PIB y cerca del 22% de puestos de trabajo directos e indirectos. Pero ello no es suficiente si no traducimos nuestra vocación ambiental en pautas culturales proclives al reciclaje, ciudades verdes, medios de transporte propulsados por energías renovables. En otras palabras, teniendo como eje para la toma de decisiones en materia de desarrollo, la sostenible ambiental del modelo.

Las crisis nos hacen conscientes de lo vulnerable que somos a los cambios de nuestro entorno, ya que en tales coyunturas se exacerban los conflictos sociales como producto de las limitadas capacidades del Estado en materia de gobernabilidad. La pandemia es una oportunidad para emprender las reformas necesarias que, en palabras de Prats, fortalezcan la interrelación entre el sistema institucional, los actores políticos, económicos y sociales y, la presencia de un liderazgo transformacional de calidad en todos los niveles de nuestra sociedad.

Bibliografía utilizada:

  • PRATS CATALÁ, Joan, (1999). Gobernabilidad Democrática en América Latina Finisecular, Instituciones, Gobiernos y liderazgos. Artículo del Curso Sistemas de Gobierno y Gobernabilidad.
  • BOBBIO, Norberto. (1985) ¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?, tomado de  http://www.liderazgos-sxxi.com.ar/bibliografia/bobbio-cap-7.pdf, consultado el 31 de mayo, de 2018.
  • ALCÁNTARA SAÉNZ, Manuel. (1999) Gobernabilidad Crisis y Cambio. Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.
  • SOLIS, ALEX.  Capítulo VI, De un moderno y eficiente Estado, la primera sección titulada “Rasgos de un moderno y eficiente aparato estatal.

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