Juan Diego Castro y sus acusaciones al proceso electoral

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El candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro, a través de sus redes sociales emitió unas fuertes declaraciones que cuestionan la veracidad, transparencia y justicia del proceso electoral por impartirse en el mes de febrero del 2018.

No se tiene conocimiento acerca de ninguna prueba en la que se haya basado el aspirante presidencial por el PIN, para manifestar este tipo de acusaciones en contra del funcionamiento electoral; sin embargo, el mensaje fue muy claro. “Preparémonos para enfrentar el mayor fraude electoral”, expresó Juan Diego Castro.

Este tipo de comentarios ha causado preocupación en la ciudadanía, pues se hacen acusaciones pero no se aportan pruebas tangibles que comprueben tales acciones, además de que compromete la imagen de ciertas instituciones que velan por la legitimidad de los procesos políticos.

Lo delicado de estas declaraciones es que se pone en duda el funcionamiento de entidades emblemáticas que cuentan con mucho respeto y credibilidad por parte de la población costarricense, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), principal responsable del desarrollo del proceso electoral; y que en casos como este, sería responsable también de prevenir y combatir el fraude, así como velar por el cumplimiento democrático.

Gran parte del movimiento de la campaña política del PIN se ha basado en su interacción en redes sociales, medida que mantiene Juan Diego Castro como su máximo represente. El uso de este tipo de plataformas puede ser bastante provechoso si se utiliza de manera adecuada, pero también puede ser cuestionable cuando se emite masivamente información sin el sustento argumental necesario.

Lo que tenemos claro los costarricenses es que vivimos desde hace más de un siglo respetando el estado de derecho, basado en la observación de la legalidad, la democracia y la institucionalidad, valores garantizados por el mismo TSE.

Utilizar acusaciones al aire, al son del discurso demagógico para atraer la atención del público a cualquier costo, no necesariamente brinda los réditos electorales esperados. Por una parte, el ataque sin fundamento a individuos e instituciones promueve un apatía que, lejos de invitar al elector a participar del proceso, lo empuja al limbo de la abstención. Por otro lado, se intenta distraer la discusión electoral fuera del marco de los programas de gobierno, cuyo beneficio solo lo obtiene quien carece de uno, en detrimento de futura la gobernabilidad del país.

El ciudadano costarricense tiene suficiente educación y respeto por los valores cívicos como para aceptar los llamados populistas, vacíos y antidemocráticos. Por lo tanto, el actual ciclo electoral supone un reto sin precedentes para todos y, ahora más que nunca, recae en cada elector responder con una acción positiva y responsable en beneficio de esos valores característicos de nuestra Segunda República.

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