Juan Ml. Muñoz: Política y el estímulo económico del gobierno de Joe Biden, en EEUU

Ahora queda esperar los efectos sobre inversión, empleo y salarios. Que sean favorables a los argumentos que motivan las decisiones y ver si se mantienen hasta las elecciones de noviembre de 2022.

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Juan Manuel Muñoz Portillo, Académico.

El pasado 11 de marzo el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (ARPA 2021, por sus siglas en inglés), aprobada el día anterior de manera ajustada por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Un mes antes, en el Senado la Vicepresidenta Kamala Harris utilizó su voto para desempatar y dar la victoria a la propuesta del Presidente Biden. Justamente, 50 votos a favor, 49 votos (todos republicanos) en contra. Mientras que la votación del 10 de marzo en la Cámara de Representantes resultó en 220 a favor (todos demócratas) y 210 republicanos que votaron en contra, más un demócrata que se les unió.

La ley consta de un presupuesto por US$ 1,9 billones. Contiene un componente para generalizar las vacunas contra la Covid-19 en toda la población estadounidense y continuar con las pruebas de detección del virus que la provoca. Sin embargo, a diferencia de la Ley CARES, aprobada el año pasado con un presupuesto de US$ 2,1 billones —el más grande en la historia de ese país— su objetivo es la recuperación económica.

Estas políticas económicas se financian con deuda pública. La Ley CARES tuvo un fuerte alivio para las finanzas públicas, debido a que la Reserva Federal, prácticamente, compró los bonos de gobierno que la financiaron con dólares recién emitidos. Lo que algunos critican porque creen que podría generar inflación descontrolada. El pasado diciembre en medio de la negociación de un estímulo adicional por US$ 900.000 millones, republicanos y demócratas en el Congreso acordaron limitar el poder de “La Fed” para financiar los paquetes de estímulo. Por lo tanto, parte de las políticas de estímulo deben de financiarse con ingresos del gobierno, que son insuficientes, generando un déficit que debe ser cubierto con deuda.

Además del ARPA 2021, Biden ha anunciado un plan de reconstrucción de infraestructura, principalmente, en transportes y carreteras. El monto sería por US$2 billones y se extendería a lo largo de ocho años. A diferencia de los paquetes de estímulos anteriores, este programa se financiaría con impuestos progresivos. Es decir, los sectores más ricos financiarían el plan.

Es una apuesta muy ambiciosa. Desde el plan conocido como New Deal del presidente demócrata, Franklin D. Roosevelt, en la década de 1930, no se llevaban a cabo políticas de estímulo y de inversión de infraestructura de tal magnitud.

También es ambiciosa porque la aprobación de impuestos progresivos es todo un reto para las democracias contemporáneas. Como demuestran varios estudios —por ejemplo, Kenneth Scheve y David Stasavage—, la aprobación de este tipo de impuestos alrededor del mundo, para aplacar problemas fiscales o promover políticas redistributivas, parece ser la excepción y no la regla. Las causas de esto son complejas. Entre otras, ideologías políticas, psicología social y el poder de lobby que tienen sectores económica y políticamente poderosos.

“La política” y el conflicto sobre las políticas de estímulo económico

“La política” es, según la académica Chantal Mouffe, “un conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscan establecer un cierto orden y organizar la convivencia humana en condiciones que siempre son potencialmente conflictivas”. Aquí entra desde la política de los partidos políticos, hasta la de los movimientos sociales y existen movimientos sociales conservadores. Se habla de actividades potencialmente conflictivas porque las personas y organizaciones tenemos distintas visiones sobre lo que Mouffe llama “lo político”. Esto es lo que creemos es la realidad de la organización de las sociedades humanas, como también lo que consideramos ideal para ellas.

Sin duda, uno de los temas que más genera conflicto en las democracias contemporáneas es la política económica. Por un lado, el punto de vista fiscal. De cómo los gobiernos captan ingresos —principalmente, a través de impuestos— y gastan e invierten en su operación ordinaria y en programas que deben de contribuir al bienestar y funcionamiento del sistema. Por otro lado, la política monetaria. Hay quienes afirman que por buenas intenciones o no, inevitablemente, los estímulos monetarios de los bancos centrales terminarán generando una inflación descontrolada. Para algunos esta es una creencia infundada y en los Estados Unidos la Fed cuenta con las herramientas suficientes para evitarlo. Para otros, aunque algo de cierto podría haber en esa creencia, lo más importante en este momento es estimular la inversión y el empleo, por lo tanto, el estímulo es necesario.

Hace tres décadas, las políticas económicas que se proponen ahora habrían sido impensables. Sin embargo, por lo menos desde la Gran Recesión hay señales diversas que apuntan, tanto desde una perspectiva política como académica, al apuntalamiento de la economía a través de políticas de estímulo, como las realizadas por la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos —¡inclusive de Donald Trump!—.

El problema no es sobre el modelo de desarrollo deseable, sino que la economía en países industrializados, como Estados Unidos, no calienta motores. El crecimiento económico en estas naciones ha languidecido inclusive desde antes de la Gran Recesión de 2009. Eso se ha reflejado en niveles bajos de inflación. No se están generando ni suficiente confianza en el sector empresarial para invertir en varias áreas productivas, ni tampoco, en general, suficientes empleos y menos, buenos empleos, para grupos desaventajados.

Demócratas, Republicanos y la extrema derecha en el Congreso

En el partido Republicano ni el alto endeudamiento, el déficit fiscal como tampoco la expansión de la política monetaria, mucho menos aumento de impuestos, suelen formar parte de su menú de opciones. Todo lo contrario, ha sido una agrupación abanderada de los recortes de impuestos. Algo que tuvieron en común con el Presidente Donald Trump, quien durante su gestión aplicó un significativo recorte de impuestos a los sectores más ricos, pero aumentó el gasto en varios programas sociales.

Más extremos son los casos de las facciones republicanas del Tea Party y el Freedom Caucus. El Tea Party toma su nombre del Boston Tean Party, un movimiento independentista estadounidense de la década de 1770.

El simbolismo del nombre de la facción Tea Party recae tanto en su ideología anti-impuestos como en su nacionalismo —como en cualquier cosa que suene a imposición estatal—. Tuvo el poder suficiente para imponer un bloqueo sistemático al aumento del gasto, llegando inclusive a paralizar el funcionamiento de varias agencias de gobierno durante el segundo gobierno de Barak Obama.

El control del gobierno y la guerra cultural, de Trump y otras facciones conservadoras, argumenta el analista político Rich Lowry, habrían puesto “en pausa” el activismo anti-déficits y anti-endeudamiento, del Tea Party. Las políticas sociales de Trump y los recortes de impuestos aumentaron el déficit fiscal y la deuda pública.

En cambio, el House Freedom Caucus, nacido en 2015 de una facción pequeña republicana en la Casa de Representantes, que creció rápidamente, sí manifestó oposición a políticas sociales que aumentarían el déficit. Desafiando la línea de partido, inclusive, al presidente Donald Trump.

Ahora que los republicanos no están en el gobierno y lucharan para dominar el Congreso en las elecciones de medio periodo de 2022, el Tea Party podría volver y se podría esperar más activismo de grupos como el House Freedom Caucus. La pelea será una pelea de narrativas y de formar coaliciones. Biden está apostando a una especie de narrativa al estilo Robin Hood, o, más bien, como titula el diario El País, un nuevo Franklin D. Roosevelt que “quita —tasa— a los ricos” para financiar su programa de infraestructura, mientras se financian otras políticas sociales como se ha venido haciendo. En esa narrativa Jeff Bezos (el supermillonario fundador de Amazon.com) ya le dio su adhesión.

Trump “daba a los pobres”, pero también a los ricos. Entre conservadores la narrativa del héroe empresarial, creativo, luchador, determinado al éxito a pesar de la marea de obstáculos estatales, ilustrada en las novelas utópicas de la escritora Ayn Rand, todavía tiene bastante eco en la política y el mundo empresarial.

Electorado

En el medio está el electorado que, en promedio, no sigue los debates entre economistas y, probablemente, tampoco lee las novelas de Ayn Rand ni el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. El Pew Research Center ha dado seguimiento en sus encuestas periódicas a las opiniones del público sobre los paquetes de estímulo. El año pasado hubo bastante apoyo entre simpatizantes republicanos y demócratas, a las políticas de ayuda de Trump, a pesar de preocupaciones sobre el déficit.

En una encuesta reciente, todavía no se observan señales significativas de preocupación y, más bien, las inquietudes del público estarían dirigidas a la inmigración. ¿Qué tanto se sostendrán estas opiniones de aquí a las elecciones de medio periodo? Todavía faltan unos 18 meses hasta entonces y mucho puede cambiar.

Aunque es un tema que no se entiende del todo bien, el electorado usualmente está más interesado por el estado actual de la economía y cómo le afecta personalmente, que por los debates ideológicos y académicos en política económica. Entonces, el desempeño de la economía al momento de las elecciones será crucial.

El control que los demócratas mantienen en ambas cámaras ha sido definitorio para aprobar el paquete de estímulo el pasado mes de marzo. Aparentemente, los mercados financieros importantes han reaccionado con optimismo, debido a las expectativas de crecimiento asociadas a las políticas de estímulo de Biden, a pesar del déficit y la potencial inflación que generen. Ahora queda esperar los efectos sobre inversión, empleo y salarios. Que sean favorables a los argumentos que motivan las decisiones y ver si se mantienen hasta las elecciones de noviembre de 2022.

 

 

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