Juan Ml. Muñoz: Centroamérica en la agenda de EE.UU.
Esperemos que se mantenga el interés de alguna forma, a pesar de factores debilitantes tanto coyunturales como estructurales en la política doméstica de Estados Unidos y los países centroamericanos, como también en la política internacional.
Juan Manuel Muñoz Portillo, Académico.
La migración de Centroamérica hacia Estados Unidos ha aumentado y según un informe publicado este mes por el Comité Internacional de la Cruz Roja, es probable que en 2022 crezca más y se agraven los problemas de seguridad para las personas que intentan cruzar la frontera entre la potencia norteamericana y México. La inmigración se ha vuelto tema clave para Estados Unidos. Varias encuestas la ubican entre los principales problemas percibidos por la opinión pública de ese país.
En las elecciones de 2020 hubo razones para el optimismo en Centroamérica. Ese año, siendo candidato presidencial, la campaña de Joe Biden prometió US$4.000 millones para atender las causas de la emigración en México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Las causas son múltiples, pero en su mayoría tienen que ver con el desarrollo económico y social de los países centroamericanos.
Las visitas del Secretario de Estado, Anthony Blinken, y la Vicepresidenta, Kamala Harris, a Costa Rica y Guatemala, respectivamente, en el mes de junio del año pasado, se podían interpretar como una señal de interés de la administración Biden por cumplir esa meta.
Gobiernos estadounidenses anteriores no habían manifestado tanta atención a los problemas de desarrollo económico y social de la Región. No obstante, también había razones para el escepticismo. Como bien señaló un panel de expertos del Diálogo Interamericano, encabezado por la Expresidenta Laura Chinchilla, la propuesta del gobierno de Biden tenía varias limitaciones. Entre estas, la carencia de enfoque regional que, como ha demostrado la historia, es fundamental para entender y afrontar los problemas de Centroamérica. También, es una buena señal la asistencia de Kamala Harris al traspaso presidencial en Honduras, el pasado 27 de enero.
Es cierto que a través de alianzas público-privadas promovidas por Estados Unidos se está trabajando para atraer inversión a los países más afectados. Varias empresas norteamericanas han manifestado interés, algo facilitado por un contexto de nearshoring. Es una oportunidad, pero seguramente requiere apalancamiento del sector público, a través de políticas sociales en áreas clave (educación y salud). Es inversión social. De cualquier forma, los efectos se verán en el largo plazo.
Al momento de escribir, no encuentro información actualizada sobre esta política. Según una nota publicada por la revista Time el pasado mes de enero, para mediados de 2021, solamente se habían invertido unos US$250 millones de la ayuda prometida. No queda claro cómo y en qué.
Como han señalado los expertos del Diálogo Interamericano, US$4000 millones en realidad es poco para las dimensiones de los problemas de la Región. No obstante, parecía un buen comienzo. A pesar de esto, soy escéptico acerca de un cumplimiento cerca de esa meta al finalizar los cuatro años de la administración Biden-Harris. En caso que no se reelija o los demócratas pierdan el control del Ejecutivo en noviembre de 2024.
El contexto internacional es un factor de mi escepticismo. Si bien desde un inicio de la administración Biden-Harris, parte de su estrategia en política exterior ha estado enfocada en recuperar alianzas debilitadas durante el gobierno de Donald Trump (2017-2020) con democracias occidentales, mucha de la atención se ha dirigido al sudeste asiático, particularmente el ascenso de China como prioridad de política exterior. Pero sus supuestos han debido cambiar rápidamente. Han surgido temas imprevistos, como el debilitamiento de su imagen por la caótica salida de sus fuerzas armadas de Afganistán. Además, evidentemente, la invasión rusa a Ucrania, que es una afrenta a su estatus de potencia hegemónica.
En el plano doméstico, la atención de las y los votantes está puesta en la inflación, en medio de elecciones de mitad de periodo en noviembre. La estructura de un sistema político bicameral, con comicios presidenciales cada cuatro años, elecciones en otros niveles a medio periodo y sistema bipartidista ya plantea negociaciones muy complicadas para un partido de gobierno frágil en el Congreso. Entonces, una agenda para Centroamérica de largo plazo encontrará dificultades con un Ejecutivo estadounidense que tiene metas de corto plazo e intereses globales (aunque un segundo gobierno demócrata sería ventajoso).
Esa lógica se mezcla con los problemas políticos centroamericanos. El gobierno estadounidense ha manifestado que quiere evitar que la ayuda financiera caiga en saco roto, debido a la conocida alta corrupción. Se suma al autoritarismo que afecta principalmente a Nicaragua y, en menor medida, a El Salvador y que amenaza a los otros sistemas políticos (inclusive al nuestro).
Si bien, Nicaragua no entraría en las ayudas prometidas, complica las cosas. Los gobiernos en Nicaragua y El Salvador han respondido con medidas represivas hacia organizaciones de la sociedad civil, que deberían canalizar parte de la cooperación económica de los actores de la comunidad internacional, como Estados Unidos, a proyectos de desarrollo social. Esperemos que otros gobiernos en la región no sigan el ejemplo.
Lamentablemente, los millones de personas que urgen del cumplimiento de promesas de desarrollo económico y social están en el medio del juego político. Por lo que miles seguirán intentando migrar hacia Estados Unidos, arriesgando sus vidas. Como mencioné, hay poca información sobre las políticas que se están implementando en esta área, si es que se está haciendo.
Sería importante brindar más información. Esperemos que se mantenga el interés de alguna forma, a pesar de factores debilitantes tanto coyunturales como estructurales en la política doméstica de Estados Unidos y los países centroamericanos, como también en la política internacional.
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