Jugando con fuego

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Luis París Chaverri, Exembajador. 

Desde hace muchos años, algunos de los periodistas estrellas de importantes medios de comunicación, con la complicidad de políticos que dicen no serlo, de manera sistemática y jugando con fuego, promueven el descrédito de la clase dirigente, inculcando en la ciudadanía la idea de que todos los que participan en política son ineptos y corruptos y que todos los políticos son iguales.

Aunque se debe reconocer que a ese desprestigio también contribuyen los actos deshonestos de políticos inescrupulosos, su generalización es, a todas luces, improcedente y burda, puesto que no es justo que por las acciones corruptas de algunos individuos se culpe a toda una colectividad política.

Ese descalificador e irresponsable discurso, en el tanto que genera desconfianza, tiene como resultado un peligroso desmerecimiento de la propia actividad política, de la trascendental actividad que se ocupa del bienestar de la persona humana y de la creación de las condiciones sociales que permitan a los ciudadanos su desarrollo libre y pleno.

La suspicacia de los ciudadanos en sus dirigentes alimenta el escepticismo sobre la validez de nuestro sistema de representación y sobre la legitimidad de las instituciones democráticas, crea un escepticismo en la sociedad que la hace susceptible a los cantos de sirena del populismo de cualquier signo ideológico y a sus eventuales desastrosas consecuencias.

En las pasadas elecciones, en un clima de desencanto y frustración, se estuvo cerca de que una alternativa populista lograra triunfar, con el surgimiento de un candidato de perfil autoritario y mesiánico, el que por fortuna se desinfló antes de la primera ronda.

Posteriormente, fue un tema coyuntural, como el de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, y no los

planteamientos programáticos de los candidatos sobre los principales problemas del país, el que polarizó la elección entre las dos opciones que representaban más radicalmente las posiciones a favor y en contra del dicho pronunciamiento, lo que muestra el desconcierto, la aprensión, la susceptibilidad y la volatilidad del electorado.

La experiencia de ese proceso electoral y la manifiesta decepción en los políticos y la política en general, nos enseña que una considerable porción de nuestro electorado ha sido permeada por el discurso de la antipolítica y que, en consecuencia, el país no está vacunado contra el fenómeno del populismo.

Con ocasión del trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de los pronunciamientos que sobre el mismo ha debido emitir la Corte Plena y que deberá hacerlo en su momento la Sala IV, el debate público ha sido inconvenientemente encarnizado, en el que paralelamente a los apasionados argumentos de uno y otro lado se ha recurrido también a las indebidas descalificaciones de tipo personal.

La campaña mediática desplegada en estos días contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y contra ese poder de la República tiene consecuencias aún más graves que aquella orquestada contra los dirigentes políticos, porque daña uno de los cimientos de mayor importancia de una democracia, de un Estado de derecho.

Inculcar en la ciudadanía la duda y la sospecha sobre la objetividad e imparcialidad de los pronunciamientos o fallos judiciales, principalmente de aquellos emitidos por sus más altas autoridades, es un dislate de consecuencias impredecibles. Sus decisiones pueden ser o no de nuestro agrado, pero en cualquier caso les debemos respeto y acatamiento.

En el caso específico de la respuesta de la Corte Plena a la consulta de la reforma fiscal, era previsible que los magistrados resolvieran de acuerdo a derecho y no con base a la necesidad y urgencia que el proyecto tiene para el país, puesto que su análisis y consideración tenía que ser eminentemente técnica y no política, y no cabe por ello culparles del fracaso del proyecto y mucho menos de una eventual debacle económica,

por cuanto la responsabilidad de tales consecuencias debe recaer, como corresponde, sobre quienes en el Gobierno lo elaboraron y sobre aquellos que lo tramitaron en el seno del Congreso.

Esta discusión sobre el tema fiscal y las decisiones de los magistrados, que ha degenerado en un verdadero zipizape, debe hacernos recapacitar en la necesidad de elevar el nivel del debate público, de hacer más respetuoso, más civilizado, el intercambio de criterios y la discusión sobre los principales asuntos que como país debemos resolver. No es satanizando al que piensa diferente, ni desprestigiando a la clase dirigente, como vamos a solucionar los problemas de Costa Rica.

Si no queremos ver al país en llamas, no debemos seguir jugando con fuego exacerbando sentimientos negativos, de rencor, odio o revancha y dividiendo a nuestra sociedad. En este aspecto, tanto a la clase dirigente como a los medios de comunicación le compete una gran responsabilidad.

 

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