La crisis del Poder Judicial es la misma crisis del Estado costarricense

Es importante que tengamos una visión articulada del Estado que queremos y de las transformaciones que son necesarias para lograrlo. Ello nos permitiría priorizar y empezar con cambios estratégicos, es decir, aquellos que puedan tener un mayor impacto y que, además, nos entusiasme como país para apoyar y mantener el proceso.

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

El tema se ha vuelto viral por el poder explosivo del cementazo, pero no es nuevo. Ya lo habíamos tratado por lo menos en dos ocasiones (ver AQUÍ y AQUÍ), una de ellas bajo el título ¿Quién podrán salvarnos del Poder Judicial? El cementazo reveló que la corrupción es un problema más extenso de lo que pretendíamos y que los tres poderes del Estado estaban contaminados. Igual que la ineficiencia.

También nos hemos referido a un tema, en apariencia diferente: que la reforma estatal puede ser un proceso manejable, si se identifican y se actúa sobre poco más de una docena de ejes transversales que afectan a toda entidad pública, es decir, al Gobierno Central, a las instituciones y empresas públicas descentralizadas y al régimen municipal. Hemos argumentado en repetidas ocasiones que el Gobierno tiene autoridad para conducir las reformas en ámbito estatal, sin que medie el mito de la independencia que, en apariencia, otorga autonomía. El sustento de esta afirmación se encuentra en nuestro carácter de Estado Unitario; en el principio de RECTORÍA que otorga al Poder Ejecutivo la responsabilidad por las Políticas de Estado y el control de su ejecución; y, en el artículo 188 de la Constitución Política (CP), según el cual las instituciones autónomas “gozan de independencia administrativa” pero “están sujetas a la ley en materia de gobierno”. Nuestro artículo El Poder Ejecutivo sí tiene autoridad para extender sus reformas en ámbito estatal contiene varias referencias de la extensa jurisdicción pertinente a este tema.

Hoy un artículo de opinión se refiere al Nombramiento y período de los magistrados. Es un tema de importancia que forma parte del modelo de gestión de personal del Estado. En efecto, para todos los cuerpos colectivos de administración pública, por ejemplo, para las juntas directivas, se requiere un proceso técnico que antecede a los nombramientos de sus miembros. Un órgano especializado debería participar en la preselección, de tal manera que las autoridades responsables (generalmente el Gabinete) nombren a personas que tengan la probidad y las competencias afines a la naturaleza de las respectivas instituciones. La ausencia de este proceso técnico es un factor determinante de un sistema de gestión en el que domina el interés corporativo, la ineficiencia por lentitud de la toma de decisiones y, la carencia de rendición de cuentas.

Pero ¿por qué no un proceso similar, mucho más amplio, para la selección de personal requerido por toda entidad pública? La responsabilidad es inmensa: se trata de asegurar el mejor personal posible, en competencias y calidad ética, para cumplir funciones públicas de las cuales depende el bienestar de todos los costarricenses. Este fue el sentido del artículo 191 de la CP que dispone que “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. Por desgracia el presidente Ulate Blanco impidió el cumplimiento de ese precepto, al liberar a varias instituciones de su aplicación y crear condiciones para que la selección de personal se sustentara en presiones corporativas y políticas. Ahí nace precisamente la improductividad del funcionario público que le cuesta enormes sumas al erario público (al bolsillo del costarricense).

El sistema de remuneraciones es otro gran problema del Gobierno y fuente de conflicto a lo largo y ancho de la institucionalidad pública. Hay conceptos y principios técnicos que se aplican para diferenciar la multiplicidad de puestos públicos y esas técnicas las ha manejado, con sustancial competencia, el Servicio Civil. Por supuesto, hay margen de negociación, pero en un marco de racionalidad que imponen dichas técnicas. Si no se cumplen, más de 300 mil funcionarios públicos que hoy tiene el Estado, estarían en un estado frecuente de conflicto, por presiones que, sin una base racional, entran en el enrarecido entorno de la subjetividad. También de arbitrariedades, como los ajustes exorbitantes que la cúpula del Poder Judicial se recetó y que ha sido expuesto en estos días por la prensa. En el no-sistema hace crecer la carga salarial, no por la naturaleza de la función pública, sino por el capricho de jerarcas que tienen capacidad de decisión en unos 50 sistemas de personal que compiten agresivamente por privilegios, muchos de los cuales carecen de proporcionalidad y racionalidad, según la Sala IV. Obviamente, la crisis del desorden salarial se proyecta al sistema de pensiones.

La carencia de instrumentos básicos de gestión de personal le pasa factura al Estado, en términos de altos costos de ingobernabilidad. Ello explica, en buena parte, los extensos y onerosos procesos que se eternizan sin producir resultados; o, que los produce en condiciones inadecuadas de oportunidad y costo. El Estado necesita un instrumento regularizador común a todas sus instituciones, en la forma de una Ley Marco que contenga los beneficios laborales que hoy se alejan del principio de igualdad que establece el artículo 33 de la CP; complementado por una gran oficina de personal, conformada por el Servicio Civil, como organización responsable de su ejecución. Por supuesto, hablamos de una entidad de Servicio Civil renovada, para que responda con eficacia y eficiencia a los retos de la globalización y la revolución digital, pero, especialmente, a la fluidez de la que hoy carece el Estado.

Un nuevo Servicio Civil es instrumento, al servicio de la institucionalidad pública y de los fines superiores del Estado. Es posible que el político y, en general la población costarricense, no perciba la trascendencia de la temática. Estamos hablando, en primer lugar, de la capacidad del aparato estatal para traducir en bienestar social las Políticas de Estado, de las que, por infortunio, carecemos. Y, en segundo lugar, de reconocer la complejidad inmensa de organizaciones como el MOP, el MEP, el ICE y la CCSS, para mencionar unas pocas, que requieren enormes capacidades gerenciales y tecnológicas para lograr sus propósitos, esenciales para nuestro desarrollo. También implica movilizar recursos que hoy equivalen al 77% de la producción nacional (PIB), una cifra que supera los ¢22 billones. Sí, mejoremos el proceso de selección de magistrados, pero en metodología, es el mismo para otros funcionarios públicos.

Volvamos, al contenido de este artículo: la crisis del poder judicial y la crisis del Estado. Retomemos unas cifras interesantes: nuestro Estado los conforman más de 330 entidades públicas y más de 300 mil funcionarios públicos. De esas entidades, poco más de 80 funcionan en algún régimen de autonomía que es, reiteremos, administrativa. La función de gobierno la ejerce el Poder Ejecutivo… debería ejercerla a nivel estatal, pero se nos ha impuesto el mito de la independencia. El Estado es, en todo caso, un entorno enorme y difuso, dominado por crisis que brotan con frecuente y que aportan a la ingobernabilidad extrema que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Lo ha dicho la Sra. Ministra de Hacienda y también lo hemos dicho nosotros en forma reiterada: es inmanejable, inviable.

Intentar arreglarlo con enfoques parciales, por ejemplo, mejorar el sistema de preselección de magistrados es, en muchos sentidos, una pérdida de tiempo y recursos. Nunca terminaríamos de reparar las deficiencias de más de 330 entidades públicas. Y, eso es precisamente lo que queremos plantear con estas notas: preselección de candidatos es un tema muy amplio y requiere coherencia en amplitud de enfoque. Ataquemos el problema, pero hagámoslo a nivel de Estado. Nuevamente, el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para ello, pero es el enfoque correcto, si queremos resolver nuestros problemas sustantivos, en vez de poner un parchecito aquí y otro allá, que genera costos reales y de oportunidad, pero nos deja igual. Tampoco somos ilusos y creemos que el Estado se va a reconstruir todo en el corto plazo. Tal vez la Administración Alvarado tenga la oportunidad de echar a andar el proceso. Es importante que tengamos una visión articulada del Estado que queremos y de las transformaciones que son necesarias para lograrlo. Ello nos permitiría priorizar y empezar con cambios estratégicos, es decir, aquellos que puedan tener un mayor impacto y que, además, nos entusiasme como país para apoyar y mantener el proceso.

 

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