Luis París Chaverri.
Con el transcurso del tiempo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) ha evidenciado una sorprendente volubilidad en el tema de la ética, y esa inconstancia en tema tan principal ha sido motivo de decepción para miles de costarricenses.
En los tiempos iniciales, cuando daba sus primeros pasos en el escenario político nacional, el concepto de la ética era más riguroso y su aplicación más intransigente que en los tiempos recientes.
Recordemos que los fundadores enarbolaron la bandera de la ética y acusaron de corrupta a la dirigencia dominante, con lo que lograron atraer a sectores del electorado que estaban desilusionados de los “partidos tradicionales”, afectados por varios casos de corrupción que involucraron a prominentes figuras de esos colectivos políticos.
No obstante, con el paso de los años hemos visto como algunos de los dirigentes del PAC han sido protagonistas de sonados escándalos de corrupción y han faltado al deber de probidad en la función pública.
Ciertos acontecimientos más recientes permiten inferir que la consideración y valoración de la ética ha sido inconstante, muy estricta antes y más flexible ahora, y que en su enjuiciamiento se ha utilizado distinto rasero, uno implacable para los miembros de otros partidos y otro más condescendiente para sus correligionarios.
Así, en el 2010, su tesorero y otro dirigente perpetraron una estafa con el cobro de la deuda política, acto por el que fueron condenados penalmente. Sobre esta causa, el Tribunal que ratificó la sentencia de primera instancia, también resolvió aumentar de ¢353 a ¢516 millones la condena civil impuesta contra el PAC, según lo informó la prensa el 18 de diciembre.
Ese mismo día, la comisión legislativa que investigó algunos créditos bancarios dio a conocer un concienzudo informe sobre el caso del cementazo, en el que censuraba al presidente Luis Guillermo Solís y a algunos de sus colaboradores, como el ex titular del MEIC y actual diputado electo, Welmer Ramos, el jefe de la DIS, Mariano Figueres y el diputado Víctor Morales Zapata.
Un mes después, el 18 de enero, la presidencia de la República y seis diputados electos por ese partido hicieron denodados esfuerzos, felizmente sin éxito, para que el citado informe no fuera aprobado por el plenario legislativo.
También se han dado otros casos de violaciones éticas de dirigentes del PAC, como el del expresidente del Congreso Henry Mora, a quien la Procuraduría de la Ética le atribuyó faltas al deber de probidad por el nombramiento de una expresidenta de ese partido, o el de la diputada Laura Garro, acusada de haber incurrido en falso testimonio al declarar en el juicio por estafa antes referido, imputación que la respectiva instancia judicial tuvo por acreditada.
Ni en estos casos, ni en muchos otros denunciados en los últimos cuatro años se ha aplicado sanción alguna por parte de los órganos partidarios encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones éticas exigidas a sus dirigentes.
De esta manera, varios de sus dirigentes no sólo han realizado prácticas que antes denunciaban como corruptas, sino que, ante comprobadas infracciones como las mencionadas, han asumido una actitud permisiva y encubridora.
El descontento de los electores por el incumplimiento de sus compromisos éticos se manifestó el pasado 4 de febrero, al otorgarle sólo diez plazas de diputados, la cantidad más baja en toda su historia, resaltando el hecho de que en tres provincias no eligió un solo diputado.
Su triunfo en la segunda ronda no deja de ser un espejismo, puesto que fue producto, no del apoyo a ese partido, si no de un voto en contra del otro candidato, del voto prestado de 900 mil ciudadanos que habían preferido otras opciones en la primera vuelta.
La mayoría de ellos probablemente alegarán que “votaron por Carlos Alvarado, no por el PAC”, lo que al fin de cuentas es sólo un sofisma, ya que en la práctica esa victoria constituye la indulgencia a su relajamiento ético y un premio al partido oficialista.