La exigencia de la transparencia y alta probidad

¿Cómo garantizamos el desarrollo institucional de nuestros países con altos estándares de transparencia para erradicar estos actos de corrupción que carcomen la legitimidad de nuestros gobiernos y sociedad?

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Ana Lucía Delgado Orozco.

Una vez más, Costa Rica es sede de la edición XXXV del curso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, siendo el tema de este año LAS GESTIONES INSTITUCIONALES TRANSPARENTES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN ENFOQUE DESDE LOS DERECHOS HUMANOS. Este espacio interdisciplinario de estudio, análisis, debate y aprendizaje es procurado por casi 1.000 personas postulantes a nivel latinoamericano, de las cuales son seleccionadas un poco menos de 100, tomando en consideración la aplicabilidad y desarrollo que puedan hacer del tema en las diferentes instancias administrativas, legales, jurisdiccionales, de control y fiscalización de los gobiernos locales, estatales y de la comunidad internacional.

La gran interrogante del tema es: ¿Cómo se combate la corrupción en los países latinoamericanos y en la comunidad internacional? ¿Cómo garantizamos el desarrollo institucional de nuestros países con altos estándares de transparencia para erradicar estos actos de corrupción que carcomen la legitimidad de nuestros gobiernos y sociedad?

La generación de políticas de prevención y lucha de la corrupción en los países de la región es de urgente adopción tanto a nivel nacional como internacional, así como la aplicación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de dichas políticas y permitan el escrutinio público de la ciudadanía para legitimarlas.

Sin embargo, el punto de partida es que las normas no siempre cambian realidades. Muestra de ello son muchos de los países latinoamericanos de los que, pese a haber creado legislación contra la corrupción, seguimos escuchando acerca de actos de corrupción cada vez más graves, lo que sugiere que la implementación de estas normas debe acompañarse de instancias aplicadoras e investigativas que faciliten el seguimiento y monitoreo. No podemos perder de vista que la exigencia de un gobierno transparente tiene como primer requerimiento una ciudadanía correcta.

Hoy la transparencia en la gestión institucional, tanto de los gobiernos estatales como locales, es uno de los temas más necesarios para combatir la corrupción, puesto que –como lo plantea el Dr. José Antonio Viera-Gallo, en la ponencia “Transparencia en Derechos Humanos”– el aumento de los índices de transparencia legitima la función pública y protege de presiones ilegítimas a las autoridades de gobiernos.

Así, se debe promover y exigir que todas las actuaciones adoptadas por las entidades del sector público sean expuestas transparentemente a la sociedad civil, para provocar un acertado escrutinio público que realimente el quehacer administrativo y evite decisiones ilegales y abusivas. Aunado a ello, en un estado constitucional de derecho comunicar todas las actuaciones de los gobiernos, tanto a nivel local como nacional, maximiza la legitimidad de la función pública y de sus gobernantes.

El uso adecuado de las redes sociales, plataformas tecnológicas de acceso a servicios e información y páginas web por parte de las entidades es claro ejemplo de transparencia. Sin embargo, cada vez más debe promoverse la amplitud de información pública en los medios de comunicación, que permita la exposición de las actuaciones estatales y el acercamiento inmediato con la sociedad, lo cual ayuda a establecer qué debe y requiere conocer el ámbito público. En síntesis, es necesario fomentar gobiernos abiertos a nivel local y estatal. Por ello, generar plataformas de información pública con estándares de fácil acceso, bajo esquemas transparentes, abiertos y amplios, es una muestra importante de la lucha contra la corrupción, en el tanto se realice con objetividad, eficiencia y en busca de la proporcionalidad de otros derechos.

De esta manera, se refuerza una vez más que la única forma de adopción de actos y acciones dentro del quehacer institucional son aquellas que se basan en decisiones fundamentadas en los criterios técnicos, financieros y legales de personas expertas, basados en interés público y general, comunicados eficiente y eficazmente a la sociedad como muestra de transparencia activa y elemento predominante de la democracia moderna y de la alta probidad de funcionarios públicos y políticos en ejercicio.

La comunicación transparente y el acceso oportuno a la información pública son mecanismos ideales para lidiar contra la corrupción de los gobiernos locales y nacionales. Incluso hoy, los tribunales constitucionales de los países latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han ido extendiendo cada vez más los límites del concepto de acceso a la información pública, sin perjuicio de otros derechos fundamentales, lo cual provoca una valiosa discusión a favor de la transparencia en el sector público que inclusive no deberían ser exclusivas de esta, sino incorporarse como desarrollos en el sector privado, sindicatos, organismos no gubernamentales y en general, en la sociedad civil.

En la actualidad la exigencia de la transparencia y alta probidad del sector público, el aumento de la exposición de los casos de corrupción y las condenas en todo ámbito de conductas inadecuadas conducen a la conclusión de que la transparencia y lucha contra la corrupción deben ser principios generales del ordenamiento jurídico y su cumplimiento una exigencia derivada del principio de legalidad y de sus estructuras públicas.

 

Ana Lucía Delgado Orozco, MSc.
Vicealcaldesa Municipalidad de Flores
Máster en Derechos Fundamentales
Máster en Derecho Público

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