Julio Echeverría / Latinoamérica21

El presidente de Ecuador firmó el miércoles 17 de mayo en la mañana el decreto de disolución de la Asamblea Nacional y con ello aplicó por primera vez en el país el artículo 148 de la Constitución que fue aprobada en 2008. Este instrumento, conocido como “muerte cruzada”, está creado para desbloquear conflictos institucionales entre las funciones del Estado, en particular entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La idea de los constituyentes al redactar la Constitución fue la de blindar al presidente y evitar su posible destitución arbitraria en manos de mayorías legislativas inapelables.

El mecanismo de muerte cruzada es una potestad del presidente de la república frente a una situación de “grave crisis política”. La caracterización de esta situación queda a juicio del presidente, y no requiere la calificación de ningún otro órgano de gobierno. Es un rasgo del hiperpresidencialismo ecuatoriano, que, sin embargo, aplica principios de una democracia parlamentaria al forzar nuevas elecciones cuando el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo obstaculiza la acción de gobierno.

La aplicación de la muerte cruzada cierra un ciclo de conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo y abre otro con la renovación de las autoridades en ambas funciones del Estado. La Constitución señala que el Consejo Nacional Electoral deberá convocar inmediatamente a elecciones de presidente y de asambleístas para que completen el tiempo que resta del periodo. De acuerdo con los plazos que corren entre la convocatoria, la elección y la designación de las nuevas autoridades, se prevé un periodo no superior a seis meses, en los cuales el actual presidente gobernará sin un órgano legislativo y podrá aprobar, por decreto, leyes de urgencia económica, pero con la previa calificación de la Corte Constitucional.

Se viene entonces un periodo en el que el Gobierno puede hacer su trabajo sin trabas o cortapisas que le pueda poner la Asamblea Nacional. Durante estos meses, el partido de gobierno y su coalición tienen la posibilidad de reconfigurar sus líneas de acción y fortalecerse con respecto a las elecciones, en las que se prevé que el actual presidente busque la ratificación de su mandato.

Las consecuencias de esta coyuntura para las otras fuerzas políticas son diferenciadas. Lo que para unos es una oportunidad, para otros es una grave afectación. Es el caso del tradicional partido de la derecha, el Partido Social Cristiano, aliado del correísmo en el enjuiciamiento al presidente, que se veía en una situación de fortalecimiento si este era destituido. El ascenso del vicepresidente a la nueva magistratura le podría haber significado el acercamiento a un gobierno posiblemente más cercano a su tendencia política.

El socialcristianismo ha salido muy mal parado de su alianza con el correísmo. En las últimas elecciones perdió la Alcaldía de Guayaquil, su histórico bastión político, pero su retroceso es notorio en todo el país y ya no es una opción para la Presidencia. Seguramente afrontará una reducción del número de representantes en la próxima Asamblea Nacional.

Los otros partidos del centro izquierda, Pachakutik e Izquierda Democrática, que parecían haber recompuesto sus filas en las últimas elecciones, también son víctimas de su acercamiento al correísmo. Las escisiones de sectores atraídos por la fuerza de la mayoría correísta en la Asamblea desarticularon todas sus proyecciones. Las figuras que estuvieron detrás de su éxito electoral (los candidatos presidenciales Yaku Pérez y Xavier Hervas) ya no militan en sus filas. La directiva de Pachakutik está en disputa y el movimiento sufre el asedio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización histórica de los indígenas, que quiere hacerse con su control total.

No es el caso de la Unión por la Esperanza (UNES), partido del correísmo, que ha liderado la estrategia del impeachment y que sale de esta coyuntura relativamente indemne. Por un lado, sufre el efecto de la destitución de la Asamblea donde había consolidado su dominio absoluto, pero, por otro lado, emerge como la fuerza mejor parada para la próxima elección. La fragmentación de la oposición puede favorecerlo en las elecciones presidenciales y legislativas. Su impugnación de la muerte cruzada ha sido tibia, ya que venía preparando sus fuerzas para unas posibles elecciones.

Si bien la muerte cruzada es un expediente constitucional y legal, su aplicación es inédita en la historia constitucional del país, lo cual genera una fuerte incertidumbre. Nuevamente la institucionalidad se pone a prueba y se ve obligada a demostrar su capacidad de contención.

Tres entidades van a ser fundamentales para la conducción de un proceso político enormemente complejo: el Consejo Electoral y la Corte Constitucional. El Consejo Electoral tiene la tarea de organizar en poco tiempo un proceso electoral transparente y eficaz, pero en un escenario político crispado. Por su parte, la Corte Constitucional, que deberá vigilar las acciones del Ejecutivo para que no rebasen los parámetros establecidos constitucionalmente ante la ausencia, en particular, de un órgano legislativo que fiscalice su desempeño, tendrá que calificar la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica a los cuales puede acudir el Ejecutivo y que se vuelven su principal instrumento de gestión y legislación. La operación de poner límites claros sin intervenir como un actor político del proceso podría consolidar a esta institución como la más importante garante de la democracia y de los derechos constitucionales.

Es previsible que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que debería caracterizarse por su apartidismo y que renovó su composición recientemente, pueda introducir turbulencias en el proceso político. Este está claramente alineado con el correísmo y ha declarado pretender sustituir a la legislatura en su tarea de fiscalización. Es muy probable que el correísmo intentará usar este organismo como pivote para recuperar el poder.

La aplicación de la muerte cruzada en Ecuador va a demostrar si es útil como válvula de escape a las tensiones políticas entre funciones del Estado, más allá de concebirse como puro blindaje del hiperpresidencialismo. Si funciona, los países de la región tendrán una importante lección que aplicar a sus propios diseños institucionales.

 

Julio Echeverría es sociólogo, ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología, por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especialista en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
www.latinoamerica21.com, medio de comunicación plural comprometido con la difusión de
información crítica y veraz sobre América Latina. Síguenos en @Latinoamerica21