La opacidad de la figura de la Primera Dama

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Luis Gerardo Hidalgo Lara, Comunicador.

Nuestro país vive sacudido por constantes casos de corrupción y de falta de transparencia en el Gobierno. No nos recuperamos del “cementazo” de la administración de Luis Guillermo Solís, cuando entramos de lleno a ver cómo el Poder Judicial sucumbe a la defensa de gollerías para sus miembros, mientras el país está en una gravísima crisis fiscal.

Destitución de magistrados, denuncias penales contra exdiputados, exministros y expresidentes. Un día sí y otro también, la lluvia de casos da la impresión de ahogarnos en un mar de corrupción.

Frente a esta triste realidad que socava la confianza del costarricense en su sistema democrático, muchos reclamamos mayor transparencia en la función pública. Solo cuando las cosas se hacen de forma clara, bien explicadas y con sentido común, las y los habitantes de este país podremos devolver la credibilidad a quienes nos gobiernan.

Dicho esto, la inmensa mayoría de quienes están en elGobierno siempre están debajo de una lupa, principalmente de los medios de comunicación. No obstante, hay una figura que parece escapar del escrutinio sobre las acciones que hace y más aún, sobre la legalidad de las mismas. Me refiero a la figura de la Primera Dama doña Claudia Dobles.

Ha sido una tradición en este país que la Primera Dama tenga una oficina en la Casa Presidencial y lo usual es que ella asuma, además de funciones protocolarias, algunos programas de índole social de especial interés. Eso se había hecho normalmente en una ausencia absoluta de normas que regularan esas acciones.

Incluso, parece ser que la anterior administración emitió un decreto para la creación de un despacho de la Primera Dama que se haría cargo de la oficina de bienestar social que existe en la CasaPresidencial, aunque el vacío legal para regular las actuaciones de la PrimeraDama sigue siendo muy grande.

Pero en esta administración de don Carlos Alvarado la cosa ha cambiado mucho. La Primera Dama Claudia Dobles no se encarga de la oficina anteriormente mencionada. Doña Claudia viaja por el mundo, tiene reuniones de altísimo nivel en materias que no sabemos cómo están reguladas. ¿Cuál es el decreto firmado por el Presidente de la República que le da autoridad a doña Claudia para hablar en nombre del Gobierno? ¿Cuáles son los decretos del Presidente autorizando partidas presupuestarias para las actividades de la Primera Dama? En suma, ¿cuál es el cuerpo normativo que respalda todo el accionar de doña Claudia Dobles dentro de esta administración?

Las interrogantes no son algo baladí. Ya a principios de este Gobierno un medio digital dejó claro que la figura de la Primera Dama tiene escasa regulación y que incluso ella puede seguir en el ejercicio privado de su profesión sin ningún problema. No hay norma que obligue a la Primera Dama a ser parte de la administración pública. Pero lo que tenemos ahora es realmente grave: no hay norma que le dé funciones a la Primera Dama en los temas de infraestructura o movilidad que está llevando y coordinando en nombre de todo el Gobierno.

Para que quede más claro, doña Claudia Dobles está actuando como funcionaria pública, utilizando fondos públicos, para llevar adelante proyectos de esta administración, sin que exista un nombramiento claro por parte del Presidente Alvarado, o decreto alguno que le otorgue con absoluta claridad las funciones que desempeñará.

En suma, con respecto al despacho de la Primera Dama lo que existe hoy es una total opacidad. No hay trasparencia alguna sobre sus actuaciones, ni sobre la legalidad de sus actos, pues desconocemos qué documento la legitima para actuar en los campos que actualmente lo hace.

Deberíamos demandar del Gobierno que informe sobre esto, que se valore la legalidad de lo actuado y que se abra una investigación sobre si estamos frente a un ilícito para que se sienten las responsabilidades del caso.

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