La reforma del sistema judicial costarricense

0

Walter Antillón Montealegre.

La reforma del sistema judicial costarricense es una tarea importante que el país debe llevar a cabo. Propongo unas premisas fundamentales acerca de este detallado y complejo tema.

  1. El llamado ‘Poder Judicial’ del Estado de Costa Rica quedó muy mal conformado en la vieja Constitución de 1871, y ello se repitió en la Constitución vigente, por causa de la concepción errónea del Modelo Napoleónico acerca de la naturaleza y funciones de los jueces en una república, que desconocía el derecho fundamental de los ciudadanos a tener jueces independientes. Y aunque los efectos de esa mala conformación pudieron ser mitigados o evitados en Costa Rica por algún tiempo y en cierta medida, gracias a una llamémosla ‘reserva de civismo’ que existió difusa entre la ciudadanía, en el siglo XIX y parte del siglo XX; lo cierto es que, ya en las últimas décadas del siglo XX, el manejo de las instituciones judiciales fue objeto de la presión corruptora de las cúpulas políticas, de modo que, se inició una crisis multisectorial en dichas instituciones, que es, por lo menos, una concausa del derrumbe institucional que presenta nuestro Estado en todos los ámbitos.
  2. Éstas son cosas que sabemos ahora, gracias a la reflexión teórica sobre el proceso jurisdiccional y sobre la función judicial, iniciada en Europa a partir de la segunda mitad del Siglo XIX. Naturalmente que Napoleón, quien gobernó entre 1800 y 1814, no estaba en posición ni en capacidad de comprenderlo; y entonces, siguiendo su instinto autoritario, constriñó a los jueces dentro de una estructura jerárquica piramidal semejante a la de la Administración Pública, que era esencialmente la misma de las Fuerzas Armadas.

Este fatal error, que se propagó en Europa y Latinoamérica por el prestigio del que entonces gozaba la Codificación Napoleónica, socavó las garantías de independencia de los jueces, y está en la raíz de casi todos los males que padecemos en organización judicial y administración de justicia.

  1. Porque ciertamente la principal garantía de una correcta aplicación de la Constitución y las leyes es la presencia de jueces independientes y bien preparados; de modo que la independencia de los jueces se erige como la premisa suprema para el ejercicio de la Función Jurisdiccional del Estado.

Así lo ha reconocido la Asamblea General de Naciones Unidas en dos Resoluciones del año 1985:

“La independencia judicial implica que los jueces resuelven los asuntos que conocen con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

A mayor abundamiento, obsérvese al respecto que el nuevo y moderno Código Procesal Civil, que entrará en vigencia el año entrante, dispone en su artículo 4 que uno de los derechos que debe garantizarse al ciudadano en un proceso, es el de ‘contar con tribunales imparciales, independientes e idóneos’.

¿Por qué tiene tanta importancia la independencia del juez?  Porque sólo un juez independiente puede frenar los abusos de los poderes institucionales y fácticos provenientes de los gobernantes y de la sociedad civil.  Por esa razón, ningún juez, cualquiera sea su denominación, debe ser puesto en comunidad con los órganos superiores ejecutivos y legislativos, en calidad de “miembro de los supremos poderes”: de acuerdo con los artículos 10, 48 y 49 de la Constitución, está en la naturaleza de los jueces ser contra-poderes frente a dichos órganos, para tener la independencia y la fuerza de hacer valer el derecho por encima del abuso.

  1. Pero estamos viendo en estos días cómo en Costa Rica las cúpulas del poder político y económico, maniobrando desde la Asamblea Legislativa, han sojuzgado a un grupo importante de los magistrados de la Corte; con el resultado de que la Constitución y las leyes (fuentes del orden justo del Estado) han sido sistemáticamente irrespetadas en aspectos decisivos; y por ahí se han entronizado la arbitrariedad, el abuso y la corrupción en los ámbitos público y privado; de modo que todos hemos presenciado cómo las instituciones del Estado van quedando deslegitimadas una tras otra. Enteros sectores de la Administración Pública no funcionan; una judicatura más numerosa y mejor pagada que nunca presenta rendimientos decrecientes, cualitativa y cuantitativamente. El Estado corrupto deviene Estado fallido.
  2. Entonces tenemos que uno de los problemas capitales del Estado costarricense es el mal funcionamiento de la Justicia; y dentro del aparato judicial el problema principal es el órgano llamado Corte Suprema de Justicia: su estructura autoritaria hacia lo interno contrasta patéticamente con su fragilidad frente a los órganos supremos del Estado: Legislativo y Ejecutivo; fragilidad que en último término lo es también frente a las cúpulas políticas y los poderes de facto, en contubernio con dichos órganos.
  3. En la actualidad está completamente claro que la estructura jerárquica de sistemas judiciales como los inspirados en el Modelo Napoleónico ha sido, históricamente, un obstáculo a la independencia de los jueces que ocupan los escalones inferiores al de la Corte Suprema. Pero a su vez los magistrados de las Cortes superiores tampoco son independientes, porque su nombramiento y estabilidad en el cargo están en manos de las cúpulas políticas que imperan sobre el órgano elector: Asamblea Legislativa, Parlamento, Congreso, etc.   De ese modo, desde la oligarquía (poderes fácticos) que mueve las cúpulas políticas, a través de la correa de transmisión tendida entre la Asamblea y la Corte, se controla la justicia.
  4. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer con la Corte Suprema? Ninguna de los remedios ensayados en otros países durante el Siglo XX, sobre la base de la estructura existente del Estado (siempre con base en el Modelo Napoleónico) ha dado buenos resultados. Por su parte, la solución que ofrece el Proyecto elaborado en el despacho del diputado don Jorge Arguedas Mora se separa resueltamente del Modelo Napoleónico; y en sus grandes trazos consiste en sustituir a la Corte Plena como órgano de gobierno del Sistema Judicial, y a la Asamblea Legislativa como gran elector, por un nuevo órgano colegiado democrático e independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
  5. No se trata de una ocurrencia del momento, o de una innovación temeraria: el sistema que el Partido Frente Amplio está proponiendo se encuentra hace más de cincuenta años en plena vigencia en diferentes modalidades y con buenos resultados, en la que podríamos llamar la Europa Latina o Mediterránea: Italia, Francia, España, Portugal, Grecia.
  6. Entre los países mencionados, el modelo que ha tenido el mejor funcionamiento ha sido el italiano, debido en gran medida al carácter mayoritario de sus miembros electivos. ¿Cómo lograron los italianos hacer un cambio tan radical­, contrariando con ello los intereses de la oligarquía? Esto se explica históricamente, si recordamos que en la posguerra de 1946 – 1947, que es cuando se gesta la Constituyente que aprobará estos cambios, la izquierda italiana tiene un importante caudal de votos, y sobre todo una gran fuerza moral, porque ha jugado un papel decisivo en la liberación nacional mediante su guerrilla partisana contra el ejército alemán de ocupación; mientras que la derecha sobreviviente al derrumbamiento del fascismo tiene que hacerse perdonar sus recientes complicidades y connivencias. En aquel momento, con la memoria reciente de la degradada justicia fascista, se logró aprobar la reforma, debida básicamente al diputado constituyente Piero Calamandrei.
  7. Con el tiempo, era inevitable que en América Latina también se conociera el novedoso modelo, generalmente ‘de oídas’, en círculos académicos y profesionales desde fines del Siglo XX; y que se produjeran diferentes reacciones: desde los que sin querer cambiar nada, produjeron algunos simulacros insustanciales (como fue el caso de Costa Rica), hasta quienes hicieron algunos tímidos intentos de cambiar las cosas en la dirección correcta (como fue el caso de Argentina); pero la vieja oligarquía latinoamericana se olía que esta reforma significaba una pérdida neta de poder, y una amenaza a sus intereses, de modo que en casi todos los casos ha impedido que el modelo se implante en forma apropiada, y naturalmente los resultados han sido nulos o deficientes.
  8. Los objetivos fundamentales de la reforma son democratizar el gobierno judicial y preservar al juez de toda clase de influencias que socaven su independencia. Dichos objetivos se consiguen: a) suprimiendo a la Corte Suprema de Justicia como órgano supremo de gobierno judicial; b) alejando la Asamblea Legislativa del gobierno judicial; y c) creando otro órgano heterogéneo más democrático y más potente. Naturalmente que las diferentes Salas de la Corte se mantienen en sus actuales funciones jurisdiccionales superiores: la función de la casación, la función de control constitucional, etc.; y entonces los actuales magistrados sólo se distinguirán de los otros jueces por las específicas funciones que realizan; pero ya no tendrán, colegiadamente, el gobierno del aparato judicial (con funciones como la selección de los jueces, nombramientos, disciplina, etc.), el cual, repito, pasará al nuevo órgano llamado Consejo Superior de la Judicatura.
  9. El Consejo Superior de la Judicatura debe ostentar en el diseño organizacional del Estado una posición independiente y un rango no inferior al de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. No es un órgano con funciones judiciales (un juez supremo) sino con funciones administrativas y de gobierno interno del Sistema Judicial. Usando el lenguaje técnico-jurídico tradicional, diríamos que el Consejo está compuesto por un grupo heterogéneo: a) de once miembros que ostentan la toga del juez, y b) de seis miembros ‘laicos’ (ajenos a la judicatura), de los cuales tres son abogados litigantes y tres son académicos (profesores) del Derecho. El modelo aporta un ingrediente de democratización interna del Sistema Judicial, precisamente porque la fracción mayoritaria de sus miembros (los once jueces) llegan al Consejo por voluntad de toda la comunidad de los jueces nacionales mediante sufragio directo y secreto: dichos miembros electos son representantes de la base y no de la cúpula judicial, y aportan al gobierno judicial los criterios extraídos de sus diversas experiencias como jueces contravencionales, como jueces de primera instancia, de apelación, etc., que son los que están en la trinchera, enfrentando los problemas del pueblo costarricense. Para mayores detalles me remito al Proyecto.
  10. Y por su parte, los tres miembros abogados aportan al Consejo la visión formada por la experiencia cotidiana del litigante; y los tres miembros académicos, la visión desde la Doctrina jurídica, esto es, la visión que deriva de los resultados de la elaboración teórica y dogmática producto del pensamiento del jurista.

En razón de que el Consejo tendrá una mayoría compuesta por sus miembros electivos, se ha dicho que el sistema propuesto podría caer en abusos corporativistas, es decir, en las prácticas de un grupo  que usa sus potestades para favorecer sus propios intereses. Pero el riesgo de ese mal, que se manifiesta a menudo en un cuerpo homogéneo como es la actual Corte Suprema, desaparece prácticamente por el carácter heterogéneo del Consejo: y por otro lado, la posibilidad de que sus componentes togados quisieran a troche y moche favorecer a todo el cuerpo judicial, se puede conjurar con regulaciones presupuestarias de rango legal. No se trata, pues, de una falla que pueda imputarse al Proyecto, sino de una falla que presenta ahora mismo el sistema vigente, y que debe ser suprimida ¿No vimos hace poco tiempo como la Corte actual usó abiertamente sus facultades para satisfacer sus propios intereses corporativos (por ejemplo, decretar un alza salarial al grupo que ejerce funciones gerenciales, es decir los Administrativos de nivel superior, y los mismos magistrados)? Obsérvese en cambio que la actividad ordinaria de gobierno de parte del Consejo se dirige principalmente a la regulación de movimientos de las personas singulares: nombramientos, retiros, ascensos, etc., todos relacionados con intereses individuales, donde no hay cabida posible para intereses corporativos.

¿Por qué el Proyecto no habla ya de “Poder Judicial?

Esto merece una explicación que atañe tanto a la Historia como a la Doctrina jurídica.

Nuestra Constitución utiliza el término ‘poder’, otorgándole diferentes significados: por ejemplo, en los artículos 9, 153, 154 y 156, poder significar erróneamente ‘órgano público’ (sujeto), mientras que en los artículos 105, 130 y 152, poder significar correctamente ‘potestad’, ‘facultad’, es decir, una potestad atribuida a un órgano público. Se trata de una incorrección del lenguaje constitucional que debe ser corregida, pero que tiene una justificación histórica.

En efecto, el mal uso y la ambigüedad en el uso del vocablo ‘poder’ provienen de algunos filósofos de la Ilustración, y en particular de Montesquieu, de cuyas obras pasó a las constituciones francesa y estadounidense, y después se extendió por todo. Ello ocurrió en una época anterior a la fundación de la doctrina jurídica constitucional europea (Gerber, Laband, Duguit, Orlando) que vino a poner orden en el caos terminológico reinante (véase, por todos, Santi Romano: Principios de Derecho Constitucional General; Giuffré, Milán, 1947; Fragmentos de un Diccionario Jurídico; Ejea, Buenos Aires, 1964). En suma, en el artículo 9 de la Constitución no se debe hablar de tres poderes, sino de tres complejos de órganos que ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Muchas constituciones modernas hablan de la Judicatura para denominar el sistema de los órganos que ejercen el poder o potestad jurisdiccional. En el Proyecto, la palabra ‘sistema’ se usa en el sentido de un conjunto de elementos unificado por la función que realizan. En el caso del Sistema Judicial, se trataría del conjunto de los órganos que ejercen la potestad judicial, a los que alude el artículo 152:

‘El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley’.

Obsérvese que en dicho artículo se incluye a la Corte, junto a los demás tribunales, únicamente en su carácter de órgano juzgador, titular de la potestad jurisdiccional.

  1. Las cosas claras: la derecha internacional ya no se molesta en ocultar su intención de reorganizar el Mundo para asegurar la riqueza y los privilegios en manos de unos pocos, y la pobreza y la exclusión para las grandes mayorías, desmantelando para ello el sistema de Estados Nacionales hoy vigente. Los pueblos de la Tierra deben luchar con todas sus fuerzas para impedir ese resultado; y dentro de ese esfuerzo se inscribe el proyecto que estamos presentando.

En suma, el Proyecto se propone una colosal reforma política: digo colosal, porque se propone minimizar, hasta hacerla irrelevante, la influencia de la Asamblea Legislativa y de las Cúpulas Políticas en el Sistema Judicial, lo que significa arrebatar el control de la Justicia de manos de la oligarquía; y si arrancamos la justicia de las manos de la oligarquía, los grandes beneficiados son el pueblo costarricense y la calidad de nuestra justicia y de nuestra democracia.  Y también se propone el proyecto, simultáneamente, devolver a los actuales magistrados al ejercicio sereno de sus funciones judiciales.

Conferencia dictada en la Universidad Nacional, 31 de octubre 2017.

Walter Antillón Montealegre
Jurista y académico. Cofundador de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.
Fue candidato a vicepresidente por el Partido Frente Amplio el 2014.

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...