El Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica se pronunció este viernes 21 de septiembre sobre el proyecto de Ley 20580 “Fortalecimiento de la Finanzas Públicas”, al respecto reconoce la gravedad de la situación fiscal y la urgencia de una reforma que atienda y resuelva ese problema.
El documento afirma que no es correcto indicar, como lo han hecho algunos activistas sindicales, que la propuesta genera un empobrecimiento de toda la clase trabajadora, dado que establece un impuesto de solamente el 1% sobre la canasta básica. Los sectores más vulnerables de la población podrán verse afectados, pero el texto incluye la creación de un mecanismo de devolución a estos sectores, con lo que se mitiga un eventual impacto.
Agrega que los otros elementos que inciden en el salario del sector público, solo afectan el crecimiento de los pluses salariales y no el nivel de salarios.
Aunque el pronunciamiento reconoce que la propuesta fiscal, actualmente en discusión, no representa una receta perfecta y que algunas limitaciones del texto podrían afectar el funcionamiento de la Universidad, advierte que si el interés es proteger a los sectores más vulnerables, es preciso reconocer que todos los demás sectores deberemos contribuir con una reforma, tanto por el establecimiento de mayores cargas tributarias como por limitaciones de beneficios por el lado del gasto.
Los especialistas en el campo advierten al país que el déficit fiscal es insostenible y para enfrentarlo se necesitan tanto medidas que aumenten los ingresos como medidas que reduzcan el crecimiento del gasto.
“Entre más tardemos en solucionar este problema, mayor será la porción del ajuste que tendrá que venir por la vía de reducción del gasto y más dolorosas serán las consecuencias para la sociedad costarricense”, señala el texto.
El mayor llamado de atención de la Facultad es la urgencia de una solución, pues aclara que de no actuar tendría consecuencias mucho más graves para el país y para la propia Universidad de Costa Rica. Muchos países – incluyendo a Costa Rica – han sufrido experiencias trágicas en este sentido, cuando no enfrentar desequilibrios financieros ha llevado a contracciones del crecimiento económico, aumentos del desempleo y la pobreza y recortes de la inversión social que, a su vez, inciden en deteriorar el capital humano de la sociedad.
Cuando las medidas de un ajuste fiscal se aplican de forma racional y planificada, es posible evitar graves impactos regresivos; por el contrario, cuando el ajuste es fruto del estallido de una crisis financiera, suele afectar más a los sectores más débiles, aumentando la desigualdad.
Además el Consejo de Facultad se pronunció señalando que no apoya la continuación de la huelga, ni los actos que impiden el libre tránsito o afectan los activos del Estado y la población en general. Al respecto señala que la huelga ha generado pérdidas multimillonarias al país, en términos de producción, exportaciones, interrupción de servicios (por ejemplo, citas y cirugías canceladas en el sector salud, suspensión de pruebas de bachillerato a nivel nacional, congestión vial, aumento en los tiempos de traslado para estudiantes, trabajadores y turistas), a lo cual se debe agregar la pérdida en bienestar de la población que ve afectados sus derechos. Este hecho además agrava la situación fiscal al incrementar los gastos del gobierno y reducir la recaudación.
Al igual que el resto de unidades de la Universidad de Costa Rica promoverá la apertura espacios de diálogo, que promuevan una reforma fiscal pronta, equitativa y progresiva, y la disposición para negociar en busca de una pronta solución a esta situación que nos afecta a todos.
Periodista: Gabriela Mayorga López
Comentarios