La reforma laboral como imperativo ético

En suma, lo que está en juego es una confrontación entre un interés corporativo especial, representado por el sindicalismo público, por una parte; y la defensa del interés nacional, por otra

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

La reciente huelga, la más prolongada en tiempos recientes, constituyó un acto de agresión contra el bienestar colectivo de la nación. Puso en peligro la vida, la salud, la seguridad, (y) la economía pública de toda o parte de la población. Por un principio de ética social, tiene razón la Procuraduría al abogar por la prohibición de huelgas en servicios públicos esenciales. Si bien hay un reconocimiento al derecho de los trabajadores a defender sus derechos laborales, las huelgas deben tener prohibiciones específicas y un costo para quienes incurren en ellas. Un principio básico es la pérdida absoluta del derecho al salario en huelgas ilegales, o, bajo condiciones especiales, en huelgas que se extienden por períodos prolongados, aunque sean legales. Igualmente, la legislación debe contemplar las penalizaciones por otros tipos de violaciones asociadas con movimientos sindicales.

Esto es consistente con la Constitución Política. El texto de su artículo 61 dice: “Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia”. Nótese que solo dice “servicios públicos” y la palabra “esencial” no aparece en el texto. Son servicios públicos naturales, todos los que presta cualquier entidad pública del Estado y, por supuesto, algunos privados que la ley debería definir y regular.

La intención de una prohibición generalizada fue contemplada por el constituyente del 49. Es lo que dicen, con claridad meridiana, las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica de 1949, Pag 701, en referencia al Servicio Civil: “Regla disciplinaria fundamental es la que prohíbe la huelga de los servidores públicos, la cual se ha incluido tomando en cuenta la conducta observada al respecto por la mayor parte de los gobiernos democráticos, que se fundamenta, entre otras razones, en la especial protección institucional del Estado para sus servidores” (los dos énfasis anteriores son agregados).

Además, la reciente huelga tuvo un carácter esencialmente político, golpeando así el corazón mismo de la democracia, ya que el proyecto fiscal fue un tema de amplia discusión electoral, aprobado por el soberano en las dos elecciones de mayo y abril. Dar poder de veto, por la vía de la presión sindical, es poner en un lugar secundario el interés nacional para ceder a caprichos e intereses corporativos de un pequeño grupo laboral que apenas llega al 14%, si todos los empleados públicos fueran miembros de los sindicatos, lo que no es así. En virtud de que el tema de la actividad sindical contra la política pública ha salido a flote en la discusión de la huelga más reciente, las autoridades superiores y la opinión pública debe estar presta a defender las bases de nuestra democracia liberal, con la cual los sindicatos y algunos grupos radicales afines no parece cómodos.

Huelgas como esta, son, además, un acto de extrema inequidad, aunque posiblemente no lo entiendan así los sindicatos o carezcan de la sensibilidad para ello. Al menos es lo que aparenta el presidente de ANDE, Sr. G. Cascante, cuando manifiesta “que un niño… no necesariamente se va a morir por no tener derecho a la educación”. O, cuando se ignora que las privaciones que la huelga impone se vierten sobre los sectores más frágiles de la población. Los ricos y, aún muchos asalariados de lujo del Estado, mantienen su acceso, con total normalidad, a los servicios que el sector público le niega al resto de los costarricenses.

En suma, lo que está en juego es una confrontación entre un interés corporativo especial, representado por el sindicalismo público, por una parte; y la defensa del interés nacional, por otra. Este debe prevalecer por la simple razón de que, mientras en el sector privado el lucro es el eje de la disputa laboral, en el Estado las conquistas laborales, muchas de ellas ya definidas como privilegios irracionales y desproporcionados, tienen un impacto especialmente severo en la capacidad del Estado para proteger el interés de toda población. No parece ético o justo, ceder a pretensiones que se vuelcan contra derechos fundamentales como la salud y la educación, o que trastornan la gobernabilidad y la economía, hoy en condiciones de crisis política, social y económica. Todo ello, sin considerar actos que atentan contra la seguridad nacional y el derecho constitucional de los costarricenses a circular libremente por nuestras principales vías de comunicación.

Es la ética pública la que parece ser el centro de los esfuerzos que hoy discute el congreso, frente a reformas legales que protejan el interés de todos, sin violentar derechos laborales esenciales. Hay un conflicto presente, en el cual participa toda la población, la Asamblea Legislativa responsable por la legislación nacional y los sindicatos que defienden sus “derechos”, muchos de los cuales pueden traducirse en limitantes de la acción del Estado en favor del bienestar social y el desarrollo. Una víctima de este conflicto es la pérdida de la ética del servicio público, aplastado por el interés particular, los privilegios y un grosero patrimonialismo que ha desviado el destino de los fondos del Estado, por cierto, aportados por todos nosotros. Recuperar la ética de servicio público es importante para la gobernabilidad y en el uso racional de los vastos recursos del Estado.

Esperemos que las reformas que intenta llevar a cabo la Asamblea Legislativa privilegien la ética pública y aporte disuasivos de conductas que tienen un serio impacto negativo en quienes más protección necesitan. Queremos, para concluir estas notas, sugerir que la eficiencia y la equidad podrían fortalecerse con dos medidas complementarias: una, la adopción de un Servicio Civil como lo previó nuestra Constitución Política, solvente en su profesionalidad, apolítica y autónoma, que conduzca la gestión pública de personal; otra, la creación de una ley marco que regule las condiciones laborales esenciales para mantener el principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 33 de nuestra Constitución.

 

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