INSTITUCIONALIDAD

En un contexto político marcado por tensiones y desafíos, cuatro instituciones fundamentales se erigen como baluartes de la democracia en Costa Rica. El Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se han convertido en protagonistas de una trama en la que la independencia y la autonomía son puestas a prueba.

El escenario se complica para estas instituciones, cuyos jerarcas enfrentan intimidaciones, persecuciones, desprestigio y tergiversación de sus roles. Este cuarteto, encargado de decisiones finales en la interpretación del ordenamiento jurídico, se ha vuelto el blanco de ataques directos provenientes de diversas esferas pro oficialismo, antes nunca visto en el país.

Uno de los campos de batalla se sitúa en la arena judicial, donde las iniciativas legislativas son sometidas al escrutinio de la constitucionalidad encontrando en la Corte la última palabra. En la Asamblea Legislativa, los rechazos a determinados proyectos, agendas y el resello de iniciativas provenientes del Ejecutivo también marcan el punto final a la gestión. Mientras tanto, la Contraloría se ve inmersa en investigaciones, aprobación y el rechazo de gestiones administrativas, ejerciendo plenamente sus obligaciones. Por último, el Tribunal Supremo de Elecciones experimenta la ardua tarea de decidir sobre la inscripción de candidaturas de partidos emergentes del oficialismo, rechazando, al igual que otras agrupaciones, aquello que no se ajusta a derecho.

Detrás de estos embates subyace una realidad innegable: estas instituciones constitucionales ostentan un nivel significativo de independencia y autonomía en sus decisiones. La imposibilidad de imponer reformas o iniciativas más allá de los marcos legales del país genera frustración en la Casa Presidencial. Este desencanto es alimentado por la renuencia a aceptar los mandatos constitucionales, la división de poderes y las normativas que rigen la gestión, administración pública y, especialmente, la materia electoral.

Es en este punto donde la visión de los constituyentes emerge como salvaguarda. Con previsión, concibieron un sistema que equilibra y contrarresta los poderes, evitando así caer en el peligro de una opereta política populista, demagógica y antidemocrática. Estos fundamentos constitucionales son la esencia misma de la estabilidad democrática costarricense.

Es crucial mantenernos alerta y velar por la independencia de estas cuatro instituciones: el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Ellos representan los pilares de nuestra democracia, los guardianes de la legalidad y la justicia. En un entorno político tumultuoso, su resiliencia es esencial para preservar la integridad del sistema democrático.

Estos ataques y presiones no solo ponen a prueba la fortaleza de estas instituciones, sino que también nos instan como ciudadanos a reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan en la defensa de nuestros derechos y libertades. Su autonomía no solo es un escudo contra intentos de manipulación, sino también un recordatorio de la importancia de mantener la vigilancia cívica y participar activamente en la preservación de la democracia y así ha sido por muchas décadas.

En última instancia, la historia de estas instituciones es la historia de la democracia en nuestro país. Enfrentando adversidades, desafiando presiones y resistiendo a la tentación de la manipulación política, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones escriben un capítulo crucial en la narrativa de la libertad y la justicia. Su resiliencia no solo es una defensa de la institucionalidad, sino también un faro que ilumina el camino hacia un futuro democrático sólido y próspero, ante modelos populistas y autoritarios apartados de los principios básicos del respeto a la libertad, la paz y ña democracia.

 

Por Redacción

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