Lilliana Sánchez B. Politóloga, (MSc.)
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.
Sócrates
Si el país quiere seguir dando pasos ciertos hacia el mundo desarrollado y la sociedad internacional, tiene que hacerlo con mucha convicción y disciplina para obtener el provecho esperado para su población, en un mundo cada vez más complejo.
Ningún reto es fácil y particularmente las transformaciones jurídicas en nuestro medio no son nada fácil. Esto por un lado y por otro, tal vez el más complicado, el de las interpretaciones de la ley, que no tendría por qué serlo, en una sociedad de orden, democracia y paz social.
Sin embargo, cuando conocemos de algunos hechos es vemos que “cada cual interpreta la ley a su manera”. Esto surgió días atrás con la aplicación del nuevo Código Procesal Laboral en casos como la declaratoria de legalidad de la huelga de RECOPE o en la “interpretación” por parte de la jueces del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, que anuló la declaratoria de ilegalidad de la huelga de educadores, devolviendo el proceso al Juzgado.
La pregunta es ¿serán únicamente estos dos casos los que se han prestado para interpretaciones diferentes de la ley?¿Estaremos apenas ante la punta del iceberg? No lo sabemos, esperemos que tan solo sean “golondrinas”.
La seguridad jurídica es esencial para el régimen de derecho de un país, es el factor que garantiza al ciudadano los derechos plasmados en la ley emitida por por los representantes ante el Congreso.
Lo que no puede ser es la ley un lado y de otro, la interpretación que de ella se haga para su aplicación y más grave aun de las interpretaciones antagónicas que se lleguen a dar, conforme a cada juez y momento.
Para la inversión nacional y extranjera, así como para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, tenemos que ser lo más transparentes posibles, no dejar lugar a la oscuridad, ni al vacío legal.
El llamado que hago es enfocándonos al esfuerzo que se viene desarrollando desde varias Administraciones atrás para ingresar a la Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómicos (OCDE), organización que ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas (OCDE).
Como país no podemos estar dando señales contradictorias y los jueces deben tener claro el impacto que causan sus decisiones.
Es importante destacar que la inclusión de Costa Rica a la OCDE, busca por sobre todo mejorar la institucionalidad, equidad, distribución, productividad en favor del bienestar integral de la sociedad costarricense, misma meta que se han propuesto los 36 países que la integran.
En el proceso de incorporación por parte delEstado costarricense a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, resulta necesario realizar una serie de reformas al ordenamiento jurídico para que las probabilidades de adhesión a dicho foro internacional se incrementen en gran medida, lo cual podría traer consigo, efectos jurídicos y grandes beneficios al Estado.
Debemos ordenar la casa, de lo contrario, seguiremos por el camino de no dar paso al crecimiento económico que realmente requerimos para lograr la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
Como todos los retos que nos hemos impuesto convergiendo hacia los niveles de vida de la OCDE y asegurar que todos los costarricenses se beneficien del crecimiento, será fundamental que ordenemos la “casa” en la interpretación de la normativa que nos rige, impulsando cada vez mejor legislación e introduciendo las mejores prácticas jurídicas en los altos Tribunales.
Para un país como el nuestro, la fortaleza está en nuestra legislación y en los acuerdos internacionales, que son la única forma que tenemos de garantizar nuestros valores, la democracia y la paz.
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