La Supen actúa en atención a la Ley de Protección al Trabajador».

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En el Editorial del pasado 27 de octubre: “Malos manejos del ROP e injusticias contra los adultos mayores”, se desinforma a los afiliados, pensionados y al público en general sobre aspectos relacionados con la pensión, fundamentalmente sobre la gestión y la supervisión de los recursos previsionales y el cumplimiento de la Ley de Protección al Trabajador (LPT).

En primer lugar, no hay tal ausencia en la tutela de los recursos, estos, en línea con la LPT, son resguardados por sus gestores, en el caso del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) y por su parte, la Superintendencia de Pensiones (Supen) vela por la regulación y supervisión de los regímenes de pensión.

Además, se aclara que la Supen supervisa, no coadministra, y su accionar se basa en un modelo basado en riesgos, que, por un lado, reconoce la responsabilidad que tienen las entidades en lo que respecta a la identificación y gestión de los riesgos y, por otro, atribuye a la institución supervisora la obligación de evaluar los riesgos y la gestión que de ellos hacen las entidades supervisadas.

En referencia a las pérdidas, por movimientos de mercado, los fondos de pensión experimentan volatilidades, que se traducen en plusvalías o minusvalías y no en ganancias o pérdidas, ya que estas variaciones no se materializan en la mayoría de los casos. En cuanto a la afectación a pensionados, la Supen ha informado acerca de medidas de política atenuantes, las cuales se citan de seguido.

Para la modalidad de pensión del ROP de renta permanente, es decir, la que paga la pensión con los rendimientos de un determinado periodo, se varió el plazo de cálculo de 12 a 36 meses, buscando un ingreso por pensión más estable. En complemento, se simplificaron los requisitos para que las OPC puedan aplicar reintegros de la comisión de administración a afiliados y pensionados.

Asimismo, como se ha informado en diversas oportunidades, la Superintendencia se encuentra avanzando en el proyecto de fondos generacionales, el cual permitirá un manejo de recursos más acorde con el perfil de riesgo de las personas y brindará la oportunidad de dar una protección adicional a los pensionados, al ubicar sus recursos en inversiones menos volátiles.

Complementariamente, sobre la no recuperación de los recursos, los datos demuestran que, pese a eventos de crisis, al analizar el desempeño de las inversiones del ROP en los últimos 20 años, en cerca del 90% de las veces se ha obtenido un resultado positivo, lo que evidencia que la historia de estas inversiones es principalmente de desenlaces favorables para afiliados y pensionados.

En cuanto a la idea de entregar el dinero de las pensiones, esta no atiende la LPT, ya que el fin del ROP no es saldar deudas o atender necesidades de corto plazo, se trata de un producto para complementar los beneficios que brindan los regímenes básicos, siendo que estos, por si solos, son incapaces de asegurar a los futuros pensionados un nivel de ingresos similar al previo a la pensión.

Por otra parte, sobre el traslado de OPC, el Editorial cita incorrectamente que “(…) Ni siquiera tiene el ciudadano común derecho a cambiar de operadora (…)”, siendo que, el derecho a trasladarse está vigente y es otorgado por ley. En todo caso, dada la coyuntura económica convulsa, la recomendación es no trasladar los recursos en este momento para evitar pérdidas de valor.

Finalmente, se reitera que las prácticas de regulación y supervisión financiera operan en línea con la LPT y son ideas como las de devolver el dinero a las personas o concebir que los resultados financieros actuales se deben a decisiones de política o a malas inversiones, las que muestran altas dosis de desconocimiento del sistema nacional de pensiones y de la Ley de Protección al Trabajador.

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