¿Lápida sobre el cementazo?

Lo que mayor molestia causa al ciudadano, es la impunidad, es decir no se ejerce la ley en el momento y con todo el peso que se requiere.

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Escándalo

Hace un año, por esta época, el país presenciaba expectante lo que ocurría en la comisión legislativa que investigaba el caso que poco tiempo después se llamó “el cementazo” y sus ramificaciones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y luego, en el Judicial.

Pocos podían prever que, con la llegada de la parte más intensa de la campaña política, en diciembre, este sonado caso en que se involucraban figuras importantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), y de los altos tribunales del país, pasaría a un segundo plano y más allá aún.

De pronto, en medio escándalo por tráfico de influencias y estafa al Banco de Costa Rica (BCR) y otros, apareció por arte de magia, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -engavetada en algún escritorio-, que solicitó al gobierno, garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.

La discusión en la campaña dio un brusco giro; el cementazo apenas si se recordaba, fue minimizado en todos los espacios, para los medios restó importancia y para los políticos al parecer, ya no les significaba réditos.

El tema fundamental fue el de los derechos de las minorías.

Hubo quienes pensaron que terminado el periodo legislativo 2014-2018, el pasado 30 de abril y, concluida, al mediodía del 8 de mayo la administración Solís Rivera, el cementazo se iba a revivir.

En realidad, ¿existe una lápida sobre el supuesto caso de corrupción más grande de los últimos años, sobre el que se habla poco en los últimos días? El aborto, la reforma fiscal y la ola de inseguridad que se vive en país tomaron la atención de los costarricenses.

Por ejemplo, las denuncias contra el expresidente Luis Guillermo Solís y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla se encuentran en investigación.

“(…) Cualquier tipo de diligencia que se haga a lo largo del proceso responde a la necesidad de la misma, entonces al principio, lógicamente, nosotros sabiendo que eran hechos que tenían que haberse investigado desde hace más de dos años, tomamos la decisión de buscar prueba y evidencia que urgía traer al proceso para asegurarla, entonces hubo diligencias de investigación que se hicieron con rapidez (…) el hecho de que hoy día no se haga una diligencia de allanamiento, una detención o algún decomiso significa que la velocidad o la tensión del caso haya bajado, cada diligencia de investigación responde a la necesidad en determinado momento del proceso, esto no significa que no se van a seguir haciendo o que ya se acabaron (…)”, explicó Navas sobre lo realizado meses atrás.

Los encarcelados:

Juan Carlos Bolaños, el empresario cementero, sigue en la cárcel luego de que el 3 de noviembre del 2017 agentes del Organismo de Investigación Judicial lo detuvieran, cuando se disponía a viajar a territorio ateniense.

Los intentos de su abogado por sacarlo de prisión, han fallado. En enero del 2018, Fernando Vargas, defensor de Bolaños dijo que su cliente pasaba a categoría de ‘preso político’.

“Sí le puedo decir que, ciertamente, en todas las audiencias, cada vez que vamos, el Ministerio Público llega con una versión diferente. Poco a poco se van probando las cosas que hemos demostrado en las audiencias. El primer caso que el Ministerio Público presentó, donde Juan Carlos tiene unos cómplices dentro del Banco de Costa Rica, no es cierto”. (La Nación).

Por otra parte, aunque el exgerente de ese banco, Mario Barrenechea, estuvo en arresto domiciliario por 20 días, sin embargo, la Fiscalía General apeló la medida y tuvo que regresar a prisión preventiva en la cárcel de Adulto Mayor, ubicada en la Reforma. A él se le cuestiona por el presunto delito de peculado.

Además, el exgerente interino y subgerente del Banco de Costa Rica, Andrés Víquez y Leonardo Acuña dejaron la cárcel para asumir el arresto domiciliario con brazaletes electrónicos.

La Procuraduría de la Ética

Aunque la Procuraduría de la Ética eximiera al expresidente Solís de responsabilidad sobre el cementazo, el ex mandatario continúa investigado por la Fiscalía General por supuesto prevaricato.

El criterio del abogado del Estado levantó las críticas de los congresistas quienes ya abrieron una comisión especial para investigar las circunstancias y los culpables de que este informe se venciera y que no se pudiera conocer y apelar.

Esta decisión de los diputados podría traer de nuevo el tema del cementazo sobre la escena política; las bancadas opositoras se mantienen alertas.

“En trazos generales creemos que hubo errores que dieron al traste con la posibilidad de que los diputados pudieran conocer el informe a tiempo y apelarlo, pero no queremos saltar a conclusiones mientras no se realice la investigación. No quisiéramos establecer responsabilidades políticas o administrativas sin siquiera habernos sentado a realizar la investigación”, señaló el jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides al Semanario Universidad.

Analista opina

El politólogo y sociólogo Carlos Carranza, afirma que en los últimos años la ciudadanía se volvió más exigente y ahora -sin importar ideologías- pide ética en la función pública y sobre todo transparencia en el manejos de fondos públicos.

“El tema del cemento debe ser analizado para sanear la administración pública, para que se logre diferenciar cuáles actos estaban pegados a la ley y cuales posiblemente tienen implicaciones de diferente tipo”, dijo Carranza.

“El dejar un tema central para segundo plano a toda la clase política le puede afectar y, por tanto, debe volverse a retomar el tema, sin pasiones, pero sí buscado los hechos reales en esta situación”, finalizó Carranza.

La aprobación de leyes, la creación de Procuraduría de la Ética y el control político desde la Asamblea Legislativa han contribuido, sin embargo y a pesar de ello, hay casos que han prescrito, otros pendientes y seguramente algunos sin salir a la luz pública. De todo ello, lo que mayor molestia causa al ciudadano, es la impunidad, es decir no se ejerce la ley en el momento y con todo el peso que se requiere.

Se ha visto que en otros países solo ante el cuestionamiento de hechos de corrupción altos jerarcas del Estado, ministros, jueces y magistrados como también legisladores suelen renunciar con el fin de no entorpecer las investigaciones y por respeto a la ciudadanía que por medio del voto popular les eligió.

Pendientes

A pesar de haber sido oculto por una espesa cortina de humo, el “cementazo” sigue pendiente en la agenda nacional. El ciudadano crítico y con memoria, no puede olvidar esta escandalosa estafa, donde millones de dólares y una larga de funcionarios y autoridades del gobierno del PAC aparecen involucradas.

La comparecencia del Presidente Solís ante la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, dejó más dudas que respuestas y las conclusiones de esa comisión fueron bien claras en su declaratoria final.

Lo que extraña es que únicamente al empresario Bolaños, al ex gerente del BCR, Barrenechea y a otros empleados de ese banco, sean los únicos sometidos a investigación y juicio. Se trata de la parte administrativa y el supuesto beneficiario, sin embargo se han ignorado a todo el gran elenco de personajes políticos presuntamente ligados a la estafa y particularmente señalados con nombres y apellidos por la comisión legislativa.

La Fiscala Navas que tantas esperanzas generó al asumir la investigación, que le sirvió para darse a conocer y ganarse el respeto de la ciudadanía, no ha vuelto a salir a la luz y tampoco se ha sabido del avance de los procesos.

A estas diligencias se suman los procesos que se llevan en curso sobre las actuaciones de algunos magistrados vinculados al caso, que han desatado lluvias de críticas a la cúpula del Poder Judicial, cuyo más alto jerarca acaba de acogerse a la pensión, presumiblemente para evitar el temporal.

¿Los costarricenses seguiremos esperando hasta olvidarnos, o tendremos sorpresas y finalmente la justicia actuará para castigar la corrupción sin importar los niveles ni los nombres?

 

El informe del ‘Cementazo’: Las caras y las recomendaciones

Los diputados de las Asamblea Legislativa aprobaron el expediente 20.461, en el que se incluyeron todas las recomendaciones del informe de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios sobre ‘el caso del cemento chino’.

La Comisión estuvo integrada por los diputados Ronny Monge, Sandra Piszk, Julio Rojas del Partido Liberación Nacional (PLN); así como por los oficialistas Ottón Solís, Nidia Jiménez del Partido Acción Ciudadana (PAC), William Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario (ML)

Luis Guillermo Solís, presidente de la República

Se remitió a la Procuraduría de la Ética Pública el informe, bajo el supuesto de que incumplió su deber de probidad por no actuar con igualdad para con todos los habitantes de la República y por no velar de manera correcta por la más apropiada gestión de los recursos públicos del país.

Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)

Se solicitó al presidente Solís su “destitución inmediata” por, supuestamente, incumplir sus funciones de protección a la figura del Ejecutivo. En esta línea, los diputados recriminaron haber expuesto a la figura presidencial a reunirse con Juan Carlos Bolaños, argumentando que Figueres tenía conocimiento de antecedentes negativos del empresario.

Welmer Ramos, exministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Fue remitido a la Procuraduría de la Ética Pública para que se analice si incurrió en alguna violación al deber de probidad en sus gestiones, como parte de su impulso en la ruptura del duopolio del mercado cementero que abrió paso a la importación de cemento chino.

Daniel Gallardo, expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

Se le pidió renunciar a sus aspiraciones legislativas por el primer lugar en San José del PRC, tras ser cuestionado por presuntas gestiones suyas en favor de licitaciones giradas al empresario Juan Carlos Bolaños cuando dirigía la CNE.

Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda

Se remitió a la Procuraduría de la Ética Pública para que se determine su incurrió en algún delito o faltó a su deber de probidad por haber impulsado gestiones del empresario Bolaños, según habría interpretado, por un interés del Casa Presidencial que le expresó el diputado Morales Zapata.

Benito Coghi, exdirector de Aduanas

Se instó a la Fiscalía para que continúe sus investigaciones sobre el funcionario, que aceptó haber apurado procesos de desalmacenaje del cemento chino por presiones directas.

Víctor Morales Zapata, diputado del Partido Acción Ciudadana

Se instó a la Fiscalía para que continúe con sus investigaciones sobre el congresista y se le solicitó renunciar a su inmunidad. También, se pidió que no se le nombre en el ejercicio de cargos públicos por los siguientes diez años.

A Zapata se le cuestionó por intercambiar gran cantidad de llamadas con el empresario Bolaños, así como por incidir en el incorrecto desalmacenaje de un cargamento de cemento argumentando intereses de Presidencia.

Johnny Leiva, diputado del Partido Unidad Social Cristiana

A Leiva, quien fue acusado de reunirse con Bolaños y quien aceptó vínculos con el empresario, se le remitió a la Procuraduría de la Ética Pública par que se determine si el congresista incurrió en alguna falta a su deber de probidad.

Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario

En el caso de Guevara, quien se ha reconocido a sí mismo como amigo de Bolaños, el informe instó a la Fiscalía para que continúe sus investigaciones sobre el actuar del diputado, a lo que añadió la remisión del informe a la Procuraduría de la Ética.

Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional

Se remitió a la Procuraduría de la Ética Pública para determinar si faltó a su deber de probidad. González aceptó reuniones con Bolaños; sin embargo, negó cualquier favorecimiento al empresario de estas reuniones.

Walter Céspedes, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana

Sobre el exdiputado, se solicitó que se consideren las acusaciones del informe en las investigaciones administrativas y judiciales que ya existen en su contra, basadas en gestiones suyas en nombre del empresario Juan Carlos Bolaños ante la CNE, cuando el primero era diputado, y pruebas fácticas de contactos con el mismo, como el registro de centenares de llamadas al empresario.

Mario Barrenechea, gerente del Banco de Costa Rica

Se solicitó que fuera despedido y se inhabilitara por diez años de ocupar cargos públicos. Hoy sigue en prisión preventiva mientras se realizan investigaciones judiciales en su contra.

Antigua Junta Directiva

  • Paola Mora: Se pidió que se inhabilite de cargos públicos por diez años.
  • Alberto Raven: Se solicitó se inhabilitara de cargos públicos por ocho años.
  • Gustavo Arias y Ronald Solís: Se solicitó su inhabilitación por cinco años de cargos públicos. Ambos se remitieron a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública.
  • Francisco Molina, Evita Arguedas y Mónica Segnini: Se pidió que fueran inhabilitados de cargos públicos por cuatro años.
  • Pablo Villegas, secretario de actas de la Junta Directiva: Se remitió a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública, junto con Alberto Raven y Paola Mora, de modo que se investigue si incurrieron en algún delito o faltaron a su deber de probidad.
  • Fabián Volio, asesor jurídico de la Junta Directiva, y Eduardo Ramírez, director jurídico del Banco de Costa Rica: Se solicitó su despido e inhabilitación por cinco años de cargos públicos. También se solicitó al Banco que inicie investigaciones sobre ambos funcionarios.

Jorge Chavarría y Berenice Smith, exfiscal general y exfiscal general subrogante

El informe apuntó que incumplieron “gravemente” sus funciones y deberes, por los que solicitó su inhabilitación de cargos públicos por diez años. Además, se instó a las agrupaciones políticas a nombrarlos en cargos de decisión política.

Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera

Finalmente, en el caso de Gamboa, se solicitó su destitución del cargo y su inhabilitación de cargos públicos por diez años, “respetando su derecho de defensa”.

NOTA: este resumen ha sido basado en publicación del Semanario Universidad (19/01/2018)

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