Las amnistías tributarias del Ministerio de Hacienda ¿para quiénes?

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

Desde el pasado 4 de diciembre de 2018, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, empezaron a regir las amnistías tributarias de la reforma fiscal, las que establecen beneficios como condonaciones totales de intereses y rebajos parciales de penalizaciones para los deudores del Estado que cancelen sus cargas pendientes durante los tres meses posteriores a la publicación de la ley.

Se disponen dos tipos de amnistías que se crearon para dos tipos de deudores en específico: todos aquellos que tengan obligaciones pendientes con Hacienda, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); y las entidades financieras del Sistema Bancario Nacional (SBN).

En el caso de los deudores “comunes y corrientes”, ellos tendrían cuatro opciones específicas: realizar el pago en el primer mes y reducir sus sanciones hasta por un 80% de las mismas, hacerlo en el segundo mes y enfrentar una reducción del hasta el 70%, o efectuar el pago durante el tercer mes y aceptar una reducción de hasta el 60%.

Además, tienen un cuarto escenario menos ventajoso, mediante el que podrían acogerse a la amnistía durante cualquiera de los tres meses, pero aceptando un plazo fraccionado para cancelar que no podría superar los seis meses (con avales y garantías bancarios).

Los bancos, por su parte, únicamente podrían cancelar los montos adeudados durante los tres meses posteriores, bajo los mismos parámetros que los demás deudores del Estado. En este caso concreto, estas entidades sólo podrán cancelar aquello que no pagaron durante los periodos fiscales de 2010 a 2017; mientras que el resto de posibles beneficiarios podrá hacer lo propio con todas sus deudas acumuladas hasta el 1 de octubre de 2017.

Desde inicios del mes de agosto de 2018, las amnistías tributarias fueron parte de los últimos cambios introducidos al proyecto de reforma fiscal, que fueron acordadas entre la mayoría de las fracciones legislativas y el Poder Ejecutivo, quienes argumentaron que las amnistías serían de utilidad para girar recursos frescos al Estado en un corto plazo, pues la mayoría de las normas del plan en materia de impuestos entrarán a regir al menos hasta junio del año próximo.

Respecto a este tema el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, había dicho en la Comisión legislativa, que sólo los bancos podrían aportar un 0,2% del PIB (unos ¢70.000 millones); mientras que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había confirmado que podría esperarse una recaudación del 0,5% PIB (¢170.000 millones) en términos generales.

Sin embargo, estos montos no pueden asegurarse porque las amnistías son voluntarias, por lo que únicamente pueden darse esas estimaciones, partiendo de que participen entre un 10% y un 15% de los deudores. Si participaran hasta un 30%, podría recaudarse hasta un 0,7% del PIB (¢240.000 millones)Así mismo, Hacienda destacó el valor de las amnistías.

Los jerarcas del Ministerio de Hacienda también manifestaron que las amnistías tributarias son un buen instrumento para resolver conflictos legales que siguen pendientes, como ocurre con una buena parte de las entidades financieras por interpretaciones del Impuesto Sobre la Renta. Esos procesos llevan años sin resolverse y son engorrosos y costosos para el Estado.

Otros sectores de la población han afirmado que esta norma es un trato preferencial que en nada aporta a la justicia tributaria. En el ámbito político ante una consulta del Diputado José María Villalta ante el Departamento de Servicios Técnicos, los expertos señalaron que la norma podría ser incluso ser “inconexa”, pues no fortalecía los controles fiscales sino que más bien brindaban un “odioso” privilegio a personas que no habían cumplido con sus obligaciones en detrimento de los contribuyentes responsables.

Al aprobarse la legislación respectiva el propio Diputado Villalta interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en cuando a la necesidad de que el Ministerio de Hacienda facilitará la lista de los posibles beneficiarios de la amnistía tributaria ya que la institución había rechazado dar esta información por el “carácter confidencial” de los datos tributarios de las empresas.

El Diputado Villalta alegó que se estaban coartando sus derechos de acceso a la información, enmienda como legislador y el principio de debate legislativo.

Por resolución No. 2019-002122 la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda revelar el nombre de los potenciales beneficiarios de las amnistías tributarias contenidas en el plan fiscal, por tratarse de información de claro interés público.  Como indica la resolución esto es así porque “se están perdonando dineros que les correspondía ingresar a las arcas del Estado, de ahí que los montos perdonados en multas e intereses” adquieran ese estatus.

En fin, esperemos que las amnistías tributarias logren su cometido de lograr un beneficio en las finanzas públicas, cumpliendo además con la información a la que los ciudadanos tenemos derecho.

Debemos como país seguir reconstruyendo las frágiles finanzas públicas que durante muchos años fueron dejándose postergadas. Debemos apoyar las reformas legislativas adecuadas para lograr volver a un verdadero mejoramiento en la calidad de vida de los que menos tienen.

 

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